Homicidio de niños, sangre en vez de juegos
Una estadística crece en las sombras: los infanticidios. El homicidio de niños aumenta en comunidades donde la precariedad económica se impone y enturbia las relaciones intrafamiliares. Los registros hemerográficos son los únicos disponibles para dar cuenta de estos sucesos, mientras el Cicpc cada vez atiende más casos El apartamento marcado con el número 306, ubicado en el tercer piso del bloque 4, en la urbanización Manuel González Carvajal de Caucaguita, está desocupado. En la puerta se fijó un cartel que dice: Se vende. Tres de los integrantes del grupo familiar que lo habitaba fueron asesinados hace tres meses. Allí vivía Belkis Coromoto Padilla Meléndez, de 46 años de edad, junto a sus dos pequeños Andy Alejandro Monteverde Padilla, de 10 años, y Richard Eduardo Coronilla Padilla, de 10 meses. En ese hogar lo menos que imperaba era la paz. Los vecinos eran testigos de que la mujer protagonizaba fuertes discusiones con su hijo mayor, Anthony, de 23 años. El “incorregible” de la familia. No trabajaba, ni estudiaba. Pasaba horas encerrado en su habitación, escuchando música. También era un asiduo visitante de su novia, una muchacha de 16 años que compartía con él no pocas noches, donde los agarrara la luna. “Belkis peleaba con él para que al menos sacara una carrera universitaria, pero a él no le interesaba. Le restregaba en la cara que era el consentido de su abuela, que ella antes de morir había decidido dejarle la vivienda”, cuenta una vecina. Anthony nunca mostró afecto hacia sus hermanos menores. Cuentan los testigos que las peleas entre los hermanos eran cada vez más seguidas. Se escuchaban a menudo. La noche del 5 de julio, Anthony atacó a su madre, que se cree estaba ya dormida. Con una almohada intentó asfixiarla, pero Belkis Padilla se defendió como pudo hasta que el de 23 años acudió a su plan B: un filoso cuchillo con el que cortó el cuello de la mujer y la apuñaló en repetidas ocasiones. El forcejeo despertó a su hermano Alejandro. El niño, corriendo, intentó detener la embestida, pero Anthony también le asestó una puñalada. Luego acabó con la vida del bebé. La versión policial confirma que la novia del muchacho asistió el crimen. Estaba en el lugar pues se había quedado a dormir. Juntos, arrojaron los cadáveres a un matorral cercano al campo de béisbol de la zona. Y luego hubo silencio. El jueves 8 de julio, unos niños encontraron el cuerpo de un pequeño cerca de la cancha de la comunidad. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recuperaron el cadáver, sin lograr identificarlo plenamente. El 11 de julio, unos adultos encontraron el cuerpo de la mujer y el Cicpc lo recogió, con signos de evidente descomposición. Al día siguiente, los detectives localizaron los restos del bebé. El papá de Alejandro acudió a buscar a su pequeño, luego de insistentes llamadas nunca respondidas a Belkis. Anthony le dijo que no sabía de su paradero. Incluso fingió un llanto, dicen los informantes. Hubo una denuncia ante el Cicpc y comenzaron los interrogatorios de rigor. Interpelaron a vecinos, al padre de Alejandro, a Anthony y a su novia. Ella fue el eslabón débil. Nerviosa, la muchacha no aguantó la presión policial y se vio descubierta: confesó el crimen. El Cicpc logró también la admisión de los hechos por parte de Anthony. “Mis hermanos eran un obstáculo para que me quedara con la casa. Necesitaba mi espacio con mi mujer y los maté”, reconoció ante los funcionarios. No mostró remordimiento. El infanticidio se confirmó el 15 de julio, sumándose a una estadística macabra pero oculta. No hay registros oficiales de cuántos se producen al año. No obstante, la ONG Cecodap reporta que en 2016 murieron 123 niños en todo el país durante episodios de violencia en el hogar, un aumento de 81% respecto al año anterior cuando hubo 68 decesos por esta causa. En 2017 la estadística no amaina. Entre enero y agosto de este año, tan solo en el área metropolitana de Caracas –municipios Libertador, Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta–, se reportaron ocho homicidios de niños y adolescentes enmarcados en conflictos familiares, de acuerdo con apuntes hemerográficos. Para Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, hasta hace unos 15 años este tipo de crímenes eran esporádicos, pero ahora son cada vez más comunes. “Hay niños que son ahorcados, apuñalados, torturados por sus allegados sin pudor. La familia y el hogar, que eran considerados un escudo protector, dejaron de serlo y ahora los niños son los más vulnerables, los que pagan los platos rotos de las peleas, los que son blanco de venganzas y los que se convierten en un estorbo para la concreción de planes”. Rabieta con saldo rojo Justamente el rencor mezclado con frustración fue el ingrediente que detonó la ira de William Gabriel López, en el sector El Tamarindo de El Valle. La tercera semana de agosto, asesinó a su hijo de 2 años, quien llevaba su mismo nombre. Carmen Hernández, abuela del menor, relató que el hombre –a quien calificó como “violento”- tenía problemas para conseguir un trabajo estable, bebía con frecuencia y golpeaba a su esposa. Los vecinos aseguran haber presenciado los conflictos de la pareja, incesantes. Una lugareña manifiesta que con frecuencia veía a la mujer con la cara hinchada y los brazos colmados de moretones, pero ella no quería denunciarlo por miedo. La comunidad tampoco “se metía en eso”. “Hasta que un día ella se cansó”, refiere un informante. Harta de los maltratos, abandonó el hogar y dejó al pequeño William y a su hermano, de apenas un año, a merced del agresor que ya había estado detenido anteriormente por violencia doméstica cuando lesionó a una pareja anterior. Solo con los niños, y sin trabajo ni ingresos, William recurrió cada vez más a la bebida. El 22 de agosto, López llegó a la vivienda al mediodía. Ese día la furia no tuvo compasión, y el pequeño William recibió golpes y más golpes. Residentes de la zona escucharon los gritos del niño durante unos 20 minutos. Alguien hizo una llamada anónima al comando de la PNB de El Valle. Cuando los funcionarios llegaron y entraron a la casa, hallaron al menor a un lado de la cama de la habitación principal: tenía hematomas en la cara y el abdomen. Al otro lado, ubicaron al otro hijo. También mostraba los signos de la golpiza, pero sobrevivió al ataque. A Guzmán lo encontraron afectado por veneno para ratas que tomó para intentar suicidarse, sin éxito. Fue hospitalizado y luego encarcelado. William Guzmán no era el padre biológico de la víctima. Le había dado su apellido y juró a la mujer criarlo como suyo. La abuela materna ahora custodia al sobreviviente. De la madre de los niños se desconoce el paradero. La Investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UCV Mirla Pérez también resalta los efectos de la rabia acumulada por la precariedad económica o las frustraciones. Por eso, opina que se pierden los escrúpulos. “Simplemente, si me estorba en mis planes, lo elimino. No busco de resolver el problema con el diálogo o buscar otra salida: el agresor se va al extremo y comete el crimen”, refiere la experta recordando el caso de David Jivan Mendoza. Para el psicólogo Abel Saraiba, los autores de crímenes de este tipo actúan movidos por el egoísmo y el desinterés por el bienestar ajeno. “Son fríos y calculadores”, añade. Machismo y abandono La crisis económica marcada y la falta de poder adquisitivo se ha convertido en detonante de peleas en el seno de la familia, de acuerdo con Nelson Villasmil, miembro del Consejo de Protección de Derechos del Niño y el Adolescente del municipio Sucre. Los niños y las mujeres son los más afectados, dice. En los últimos tres años, esa dependencia ha prestado 120 medidas de abrigo a pequeños que han sido agredidos por esta causa. “Hay madres que justifican los maltratos de los padrastros porque son los que llevan el sustento y los que mandan en la casa. Me dicen: ‘No le digo nada porque él lleva las riendas del hogar y eso se lo agradezco. Además él tiene derecho de corregirlo porque es como su padre’”. La mayoría de las madres que acuden al despacho de Villasmil no alcanzan los 25 años de edad. Tampoco tienen trabajo fijo y, en su mayoría, se dedican a la crianza de los niños, mientras protagonizan relaciones fugaces con hombres, muchas veces instrumentales para contar con el sostén económico. “No saben si tienen vicios, antecedentes policiales, si cuentan con un empleo estable para mantenerlas a ellas y a sus hijos, si sufren algún trastorno psicológico. Cuando conviven comienza el calvario”, refiere el consejero. A la par, no hay una política de Estado que frene los casos de maltrato infantil en el seno familiar. El último estudio de Cecodap da cuenta que en 2016, 101 niños y adolescentes fueron blanco de agresiones físicas y psicológicas por parte de un allegado, lo que representa un incremento de 38% respecto al año anterior, cuando fueron denunciados 73. El 75% de las víctimas fueron pequeños en edades comprendidas entre 0 y 6 años. “Este grupo es el más fácil de someter por sus victimarios”, señala el orientador Fernando Pereira al reconocer que la ayuda que ofrecen los Consejos Municipales del Derecho del Niño y del Adolescentes, así como los Consejos de Protección, para asistir los casos y evitar que terminen en tragedias es poca. Tales instituciones, desliza el educador, no cuentan con suficientes psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, ni con los recursos para ofrecer abrigo a los pequeños que se encuentran en situación de riesgo. “Están de manos atadas”, admite. Por si fuera poco, tampoco hay campañas de concientización en los sectores populares sobre la violencia. “Cómo surgen los conflictos y cómo deben solucionarse: a través del diálogo. Pero no hay programas (para eso), ni hay interés en crearlos”.
