La noche que el cerro bajó y El Valle explotó

El Valle amaneció indispuesto y con heridas abiertas. Las cenizas de las barricadas que estuvieron en llamas fueron el vestigio más fehaciente de una noche violenta, una reyerta comunal. Fue una cruzada en contra del chavismo en una parroquia que en otros tiempos era bastión irrefutable del partido rojo.
La gente del cerro bajó y desafió como pudo la represión de los cuerpos de seguridad para vociferar el hambre y el desgobierno. Las primeras ollas sonaron a las 8:00 de la noche de ese 20 de abril de 2017. Entonces era simplemente eso, un cacerolazo, un desgañite. El bullicio se orquestaba desde ventanas, puertas y balcones. Y las cazuelas sonaban con la misma intensidad tanto en zonas residenciales como en los barrios.
En las calles 8 y 9 de Los Jardines ardía el descontento —cerro arriba donde el Gobierno solo muestra desvarío. Era el catalizador de la protesta. Lo que entonces inició como una manifestación reposada, atiborrada de consignas para desaprobar la gestión de Maduro, cobró un aspecto belicoso. Era la Policía Nacional Bolivariana (PNB) contra cientos de vecinos que iban y regresaban a sus casas. Resguardarse cada cierto tiempo de las bombas lacrimógenas y perdigones con los que pretendían apartarlos de la calle, al menos de la avenida intercomunal. En el barrio San Andrés llovían las balas de AR-15, era como si se anunciara la guerra.

Aquel alboroto tuvo como antesala los reclamos consabidos: que se anunciara un calendario de elecciones, que se regularizara el suministro de comida y que renunciara Maduro. Todo al mismo tiempo.
La represión fue estéril, no rindió frutos, pocos retrocedieron. Y de repente los manifestantes formaron una turba enardecida que ganaba terreno en la calzada. Algunos, los más desesperados, renunciaban a la posibilidad de volverse a sus moradas, otros se negaban a regresar con las manos vacías. El hambre acorrala y doblega sus estómagos. “Lánzale, lánzale piedras”, ordenaba esa noche un muchacho que se enfrentaba a los funcionarios en la calle 8, mientras improvisaba la estrategia colectiva: subir a la cota más alta de las calles para escapar de la mirada de los funcionarios. Residentes de la zona comparan aquella batalla con los sucesos del Caracazo en 1989, año en el que la pobreza escribió su propia página en la historia del país, con un título que resume un drama social: saqueo.
No hubo vallenato sino guarimba
Esa noche era la misma callejuela ruinosa de todos los fines de semana, cuando las maletas de los carros parecen bares improvisados. Pero esta vez otras eran las botellas. Las había llenas de gasolina y volaban por los aires.  No eran fuegos artificiales. Tampoco había vallenato como en todos los sábados.


La fachada de la residencia El Parque, en la calle 9, fue el blanco de la PNB. Desde allí las familias arrojaban recipientes de agua y hasta excremento. Pero lo más contundente fueron las voces de rechazo que se replicaban al unísono en una edificación de vieja data, cuyas paredes se despellejan y dejan entrever la huella de la desidia del chavismo. Esos muros leprosos son quizás el testigo más vigente de aquel ofrecimiento gubernamental que cautivó a cientos de familias: se les prometió calidad de vida. “Ni Barrio Tricolor, ni Misión Alimentación ni Barrio Adentro. Todo se acabó. Fueron de gran ayuda, pero es poco lo que queda de esos programas. Son alegría de tísico. Ahora solo nos tenemos que conformar con las bolsas CLAP y no me la calo”, dice la vecina Tatiana Noguera, quien estuvo en la protesta.
En la calle 7, el supermercado Jardineluso le toma el pulso a la política del país. Las dos veces que el expendio de licor y comida ha sido saqueado ocurrieron eventos que marcaron la historia de la nación. Entre ellos: el golpe de estado de 2002 y ahora esta nueva embestida —cuyo desenlace, creen algunos, está por escribirse.
Quienes bajaron esa noche mostraron sus colmillos al Gobierno rojo, a una maquinaria que se empeña en doblegar la consciencia por medio del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En la calle 8 los voceros del CLAP amenazaron con castigar a quienes abrieran la boca para criticar al representante ungido del comandante supremo. Las instrucciones iban acompañadas de amenazas.  “Aquí más de uno se quiere quedar sin bolsa. Como sigan con la comiquita ya verán. No los quiero ver suplicando después”, amenazaba una de las voceras.
17 locales saqueados
“Muchos creen que es muy tarde, que la gente se dejó montar la pata y que no tiene sentido reclamar; pero, hijo, cómo salimos de este yugo, de este hombre que lo único que ha hecho es cagarla”, expone Valeria Malpica. De los 27 años que dice tener en El Valle, afirma que es la primera vez que ve a tanta gente arrecha junta. Fue chavista, pero jamás madurista. Hoy la ama de casa asegura estar desvinculada de ambas corrientes.


En el balance preliminar de los daños, las autoridades contabilizan 17 locales saqueados en el barrio San Andrés y en la calle 14, que entre todos suman una pérdida que supera los 629 millones de bolívares. Pero esa noche también hubo destrozos en la 2, 4,7 y 9. En San Andrés, donde la violencia recrudeció, se electrocutó un grupo de manifestantes en la panadería La Mayer del Pan. Por ese hecho asciende a 12 el número de fallecidos. En el lugar también murieron tiroteados Ramón Martínez, comerciante de 29 años de edad, quien fue ultimado de múltiples impactos de bala cuando intentó defender su negocio, y Kelvin León (30) también falleció producto de múltiples heridas de arma de fuego. En total hubo 14 muertos, según el Ministerio Público.
Entre los locales más afectados destacan los frigoríficos Mi Cabaña, Mi Nueva Cabaña, Automercado Ofer Centre 2011,  Lunchería Ernesto,  “Licorería Bríndame la otra, panita” de donde se llevaron botellas, carnes, embutidos y neveras.
Hombres, mujeres y menores de edad cargaron con botellas, cajas de cervezas, detergentes y otros productos. En algunos establecimientos incluso se llevaron botellones de agua. Ángel Gómez, residente de la calle 9, asegura que  bajaron personas de los cerros más deprimidos de El Valle y el vandalismo se solapó con la manifestación. Dijo que en su comunidad algunos encapuchados incluso intentaron incendiar el Mercal de la zona. Hoy muchos comerciantes se surten de lo esencial pues temen ser saqueados nuevamente.
El Ministerio Público comisionó al coordinador de Delitos contra las Personas, así como los fiscales 40 y 121 del Área Metropolitana de Caracas, Favio Faoro, José Ernesto Graterol y Tulio Vásquez, respectivamente, para adelantar las investigaciones sobre los hechos ocurridos la madrugada del 21 de abril.
En el lugar se instaló el temor. Una semana después de lo ocurrido, para algunos vecinos La Mayer tiene más aspecto de cementerio que de panadería. Está cerrada y pocos se atreven a caminar por su acera. En el barrio se reproducen los dramas personales de cada enfermo que esa noche se agudizaron con los gases.

Ángela Torres sufre de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Vive en las residencias Savoy y relata que de los nervios tuvo una recaída. Aún no logra respirar con soltura. “No sabía qué hacer, me tiraba al piso, me asomaba a la ventana y me escondía debajo de la cama. Se oían ráfagas de tiros. Estaba sola y temía que se metieran a mi casa porque esa noche robaron a varios vecinos en la puerta de mi edificio”, comenta.
Cristina Bastidas se declara afectada por la crisis. Afirma que padece el desabastecimiento de medicina y alimentos. Estar atenta a sus corazonadas es una tarea que Cristina se toma literal. Manifiesta que vive pendiente de cada sonido que despide su cuerpo. Sus latidos son su mayor preocupación. Tuvo un infarto en 2015 y teme que le vuelva a ocurrir otro.
Advierte que ni porque recorra 15 o 20 farmacias consigue completar la receta médica para regular su tensión. A sus 62 años padece de hipertensión arterial, requiere una válvula cardíaca aórtica y dice que tiene toda una vida por delante. Se niega a morir. Quiere ver crecer a sus ocho nietos. Por eso, en ocasiones, se olvida de sí para tratar de ignorar los mareos y la fatiga que desandan su cuerpo. Según los médicos, tiene poca posibilidad de vivir, pero mientras pueda, seguirá apegada a sus santos. Cristina se desempeñó como educadora durante más de 28 años en la parroquia 23 de Enero y pide al Ipasme responder por su salud.

La embestida de la OLPH
Desde el 20 de abril, el sonido de las ollas ha sido la voz de quienes reclaman relevo para el chavismo. Es la palabra de quienes sufren. Y es también la voz de una parroquia que desde entonces no se calla y golpea con resabio las ollas vacías. Yasmeli Palma, vecina de Coche, dice que la han amenazado los colectivos, policías y malandros. Todos en su propia comunidad. “Hay una pugna de poderes, cada quien jala para su lado. A ellos debemos enfrentarnos cada vez que sonamos una olla”, resiente.
Por la represión ocurrida en El Valle y otros sitios, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) manifiesta preocupación ante el uso de gases lacrimógenos y fuerza física por parte de los organismos de seguridad del Estado, en contra de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica. Señala que estas sustancias tóxicas —como lo son el 2-chlorobenzylideno malononitrilo (CS), oleoresincapsicum (OC) y cloroacetofenona (CN))— producen consecuencias negativas. La organización científica advierte que las exposiciones prolongadas pueden ocasionar bronquitis crónica, dificultad respiratoria, fibrosis pulmonar y rigidez del tórax.

Saqueadores electrocutados
Jairo Ramírez (45), William Marrero, (33), Robert Centeno (29), Jonathan Meneses (27), Yoigerber Barrera (25), Elio Pacheco (20), Estiverson Zamora (29), Francisco González (34), Kenyer Aranguren y dos hombres aun por identificar, además de un adolescente de 15 años, murieron electrocutados en una panadería según el Ministerio Público.
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