Llegó el 10 de enero, ¿y ahora qué?

Tras unas elecciones sin garantías el 20 de mayo de 2018, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro Moros como vencedor de aquella contienda que fue desconocida por sus adversarios, por la oposición en general, por la comunidad internacional y por la Asamblea Nacional. Desde el discurso oficial, los comicios fueron declarados como un proceso exitoso, pero la carencia de condiciones, el incumplimiento a las leyes electorales, la desconfianza que soportó en una baja participación de 46% y la parcialidad del árbitro, evidenciaron el fracaso de unas votaciones que transgredieron los factores de integridad electoral contemplados en el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional.

La dirigencia política, la sociedad civil, diferentes organizaciones no gubernamentales e incluso miembros del llamado “chavismo originario” desconocieron los resultados. La Asamblea Nacional (AN), por su parte, anunció “como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018, al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en Tratados de Derechos Humanos, la Constitución y las Leyes de la República” y declaró que el mandatario debe “ser considerado como un usurpador del cargo de la Presidencia de la República”. Ante la serie de irregularidades, los especialistas denuncian que aquellas elecciones no generan efecto alguno.

Siete meses después, se produce la juramentación de Nicolás Maduro para el cargo de Presidente de la República. Lo hace ante el Tribunal Supremo de Justicia y con las calles adornadas de pendones que insisten en que «Yo soy Presidente». Pero los procesos que se desencadenaron para llegar a la fecha en la que vence su mandato e inicia un nuevo periodo presidencial no estuvieron acorde a lo que establece la Carta Magna y la jornada raya en una ilegitimidad de origen.

En las calles los rumores corren y la tensión crece. Los especialistas concuerdan en que no se puede saber con exactitud lo que ocurrirá realmente, ven lejano un escenario donde la población civil vuelva a tomar las calles como en 2014 o 2017 porque la represión de aquellos días logró sembrar el miedo y la desesperanza. Pero testifican que, con Maduro en el poder, 2019 pinta como un año más en el que la crisis se agudizará.

“Hay que bajar las expectativas -insiste el internacionalista Sadio Garavini-. El 10 de enero es el inicio de una nueva etapa en el proceso político venezolano; es una modificación inmediata de todo el escenario”. Para el también exembajador venezolano lo que se desencadene después de este 10 de enero será consecuencia de un conjunto de decisiones que tome la AN e instituciones como las universidades y la Iglesia, y con ello la respuesta que el gobernante venezolano tenga ante sus posiciones.

“¿Qué va a pasar? Veremos. Estamos en unos días de incertidumbre. El irrespeto (a los poderes y a la Constitución) ha sido continuo; por ejemplo, cuando se dio un desconocimiento a la Asamblea Nacional, cuando se nombró la Asamblea Nacional Constituyente que no existe o con el sistema electoral que inventaron. El irrespeto viene de lejos; sin embargo, a partir del 10 de enero la diferencia es que la comunidad internacional democrática desconoce al Gobierno su legitimidad basada en el desconocimiento soez de las elecciones del 20 de mayo que también fueron fuera de la constitución”.

Mariano De Alba, abogado en Derecho Internacional, alega que lo que el mundo verá este jueves será la cristalización de una situación irregular dentro de las normas de un país puesto que se instaurará un gobierno de facto y Nicolás Maduro habrá tomado un cargo a la fuerza. “Se dará la confirmación de que Nicolás Maduro no rige legítimamente la presidencia de Venezuela, ya que no fue electo a través de unas elecciones libres y transparentes, y adicionalmente no se juramentó como corresponde”.

Ante el desconocimiento nacional e internacional del mandato de Nicolás Maduro, De Alba añade que el escenario más evidente que existe es que “la población, el Poder Legislativo legítimo y la comunidad internacional deben trabajar de forma coordinada para revertir esa situación, que el ilegítimo abandone el poder y pueda construir una solución a la crisis política y económica que azota Venezuela”.

Sin embargo, para que se logre el objetivo hay tres escenarios claves que entender: la actuación de una Asamblea Nacional sin apoyo de ninguna de las instituciones, las decisiones de la comunidad internacional ante el desconocimiento de Maduro y sus relaciones con el país, y la última, quizá la más importante de todas, la disidencia del chavismo originario dentro de la cúpula de Nicolás Maduro.

¿Cuánto puede hacer la Asamblea Nacional?

“A partir del 10 de enero nos enfrentamos entonces a la ruptura del orden constitucional y la presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada y eso debe quedar muy claro. Estamos en dictadura y debemos actuar ante esa dura realidad”, declaró Juan Guaidó el pasado 5 de enero durante su discurso como nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

El Parlamento tiene nueva directiva. Una que se logró a través de lo que muchos líderes consideran un nuevo consenso de fuerza dentro de una oposición fracturada durante los últimos dos años. El varguense Juan Guaidó la preside, y tras lo dicho en su discurso de posesión hay quienes parecen haber recobrado la esperanza.

Dentro de las líneas de acción a tomar el próximo 10 de enero, el Poder Legislativo ha propuesto “reafirmar la ilegitimidad y desconocimiento de Nicolás Maduro y declarar la usurpación del cargo de la Presidencia de la República”, así como “crear un Órgano de Transición para la restitución del orden constitucional”.

El consultor político Oswaldo Ramírez indica que con esta declaración los diputados deberán nombrar representantes legítimos del Gobierno venezolano en los próximos días. Mas una duda se manifiesta: ¿Cómo la Asamblea Nacional puede ejecutar dichas líneas de acción si el Tribunal Supremo de Justicia la mantiene anulada por estar «en desacato»?

El analista Luis Salamanca manifiesta que en la política se deben proponer acciones que se puedan cumplir porque de lo contrario “quedas mal tú”. “Cuando amenazas en política tienes que tener una fuerza suficiente para hacer cumplir. Si no la tienes quedas desacreditado, como un hablador de paja, como un aficionado (…) como ha pasado en los últimos tiempos”, explica.

Salamanca expone que, ante esta situación, los diputados deben pensar en evitar que Nicolás Maduro una vez juramentado la elimine definitivamente.  “La Asamblea debe tratar de mantener sus puertas abiertas pues es el único poder legítimo en Venezuela. Este es un año lleno de incógnitas y necesitamos una Asamblea que pueda seguir denunciando la inconstitucionalidad del Gobierno. Deben mantenerse en la línea en la que vienen trabajando y tratar de no hacer cosas que le quiten la autoría y respeto”. Agrega, también, que la mayor tarea que tiene el Parlamento este año es “servir de plataforma para que se reunifiquen las fuerzas opositoras”.

Por su parte, el politólogo Nicmer Evans, disidente del chavismo, asevera que el simple hecho que la AN sea la única institución que goza de legitimidad de origen, tiene implicaciones internacionales importantes. “Lo primero es la conciencia de que solos no van a poder, ni como institución ni como presidencia. Además, debe existir un plan de reactivación de movilización política, acciones concretas con los diputados en la calle y con la activación de lo poco de lo que queda de los partidos políticos tradicionales y alternativos, y una convocatoria que se haga a la ciudadanía en general”, revela Evans al tiempo que señala que dichas acciones podrían reimpulsar escenarios de negociación y diálogo.

El desconocimiento vs. las relaciones diplomáticas

“El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano”, declaró el canciller peruano, Néstor Popolizio, al dar a conocer la decisión que 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima tomaron respecto al esperado 10 de enero.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía instaron a Nicolás Maduro a no asumir la Presidencia de Venezuela y a transferir a la Asamblea Nacional “el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. Asimismo, esas naciones acordaron “reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela” e “impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos”.

Mariano De Alba afirma que la posición del Grupo de Lima tiene gran importancia e influencia en la región debido a que no solo se centra en un desconocimiento, sino que “delinea una serie de acciones que los países miembros de ese grupo podrían tomar para complicar aún más la capacidad de gobernar del régimen de Maduro en el plano internacional, lo que le genera al régimen importantes complicaciones”.

De esta manera, Oswaldo Ramírez explica que en el ámbito internacional se seguirá observando el establecimiento de sanciones a funcionarios o personas ligadas a funcionarios del Estado; pero en materia económica no se percibirán rupturas de relaciones que impliquen el retiro de embajadores o encargados de negocios de Venezuela, sino que las relaciones continuarán, quizá reduciéndolas a una mínima expresión como una manera de seguir teniendo canales abiertos. “En el fondo, el derecho internacional público busca la forma de mantener las relaciones con encargados de negocios a través de terceros y quizá así establecer mayor presión internacional. La presión es foco, es quizá una búsqueda de tratar de generar ese objetivo que en Venezuela haya unas elecciones libres y justas. Teniendo eso como norte, sea por la vía de negociación o una vía más fuerte”.

No obstante, Ramírez recuerda que, aunque haya una fracción de la comunidad internacional que establezca un desconocimiento de la presidencia de Maduro, también habrá otros actores que van a celebrar su juramentación como Bolivia, Nicaragua, Cuba, Rusia, China, Irán, Qatar y Turquía.

Sadio Garavini coincide y añade que los países democráticos desconocerán la legitimidad de Nicolás Maduro como Presidente de la República, pero que la opción de romper relaciones diplomáticas puede estar lejos de concretarse pues “los países tienen intereses más que ideales y principios, y dependiendo de esos intereses cada país va a tomar su decisión.

La pieza clave

La oposición no es la única con fracturas, el PSUV también las tiene. Y aunque el gobierno de Maduro se ha esforzado por esconderlas, hay quienes no han dejado de hacer críticas a su gestión.

Héctor Navarro, exministro de educación del expresidente Hugo Chávez, afirma que “los comentarios que se escuchan desde dentro del PSUV, y también desde los partidos que apoyan a Maduro, indican que el deterioro es sumamente grave”. Entre las causas de división no solo se encuentra la crisis en la que sumió al país, también yacen “los elementos subjetivos de la política presentes de manera marcada”.

“La democracia desapareció del ejercicio del PSUV, tanto a lo interno como en sus relaciones con los otros partidos. La crítica y la autocrítica, fundamentales para un revolucionario y para un partido revolucionario, son calificadas como traición; y las denuncias de manejos irregulares de programas fundamentales para esta forma de gobernar, como los CLAP, son perseguidas implacablemente. Eso significa que el apoyo a Nicolás Maduro disminuye cada día más y, al final, no le quedará más remedio que simplemente asumir abiertamente su rol de representante de esos grandes intereses financieros (repito, algunos emergentes, pero otros muy tradicionales). Una cada día mayor pérdida de legitimidad sin que pueda saberse cuál es el límite”, manifiesta.Luis Salamanca asegura que la disidencia chavista es un tema fundamental en el cambio político que necesita Venezuela, pues aquellos que se han desligado de la línea política de Nicolás Maduro podrían ser actores claves para una transición. “Ahorita la única vía que se ve más factible que puede generar un cambio político es la crisis interna del chavismo que se refleja en casos como el de Luisa Ortega Díaz, el magistrado Christian Zerpa, los ministros de Chávez y la crisis que hubo a nivel militar el año pasado. Eso muestra que en la cúpula chavista hay también un revuelo frente a lo que está ocurriendo, un país hundiéndose cada día más”.

Salamanca explica que la crisis a la que Maduro ha conducido al país no solo le ha afectado a quienes se le oponen, sino también a aquellos que confiaron en la decisión de Hugo Chávez y esto ha traído como consecuencia que el gobernante se encuentre en una posición frágil dentro de su cúpula que, poco a poco, ha ido debilitando la estructura de poder. Aclara, además, que un desconocimiento dentro del núcleo chavista no debe conducir a un cambio político dirigido hacia la democracia “porque el cambio político no es tan amplio como la transición, pero puede haber cambios dentro de la misma causa; es decir, sale Maduro y entra otro de ellos”.

Por su parte, Nicmer Evans expone que una transición política no solo puede depender de las relaciones entre el gobierno y la oposición, por el contrario, es fundamental estar alerta a los actores de poder que rodean a Maduro y por desacuerdos comienzan. “Sin duda hay mucho ruido y preocupación en las bases internas del chavismo y sus sectores, que todavía defienden a Maduro y aún más hay una ratificación de descontento y distancia de un sector del chavismo que ya no tiene nada que ver o ha marcado distancia con Maduro”.

“Es clave, eso sigue avanzando. Yo soy de los primeros que dio esos pasos hace cinco años, pero paulatinamente hay actores con mayor relevancia en los gobiernos de Chávez y Maduro que siguen avanzando en el hecho de desmarcarse como consecuencia de la evaluación de consecuencias que puede traer dar un tipo de apoyo con alguien que es absolutamente autoritario y totalitario que es normal en un dictador”, insiste Evans.

Desde el chavismo originario también hay quienes creen que esto no sucederá. Ejemplo de ellos es el exalcalde metropolitano Juan Barreto, quien considera que pensar en una unión entre disidentes y opositores para sacar a Maduro del poder es una patafísica; es decir, la solución imposible de los problemas. “Las bases del Psuv son empleados públicos, tropas mercenarias, funcionarios pagados. ¿Eso no es lo que dice la oposición? Ellos dicen eso, y ¿esos que son clientes del gobierno lo van a desconocer? Por qué lo harían si le acaban de dar un pedazo de pernil. Uno no tendría que desconocer al que le da de comer”, razona el político.

Desde su perspectiva, argumentar una coalición entre disidentes del chavismo y sectores de la oposición es una falsa hipótesis que no hay que regar pues son “creencias que no conducen a ninguna parte. La realidad es que Maduro se va a juramentar, habrá un nuevo periodo que quién sabe hasta cuándo dure y eso lo responderá el azar de la vida. Pero que vaya a pasar algo terrible como una convulsión social o un pronunciamiento militar, esto no sucederá”.

La cuestión militar

Los cuarteles son un mundo aparte, una caja negra. Así como el Washington Post afirma que desde la inteligencia de Estados Unidos se tienen reportes de que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino conminó a Nicolás Maduro a deponer el cargo, el Alto Mando Militar ha ratificado su lealtad al gobernante.

«Hasta ahora, la institución militar ha optado por inhibirse frente a las dudas que circunda la legitimidad de origen de la Presidencia de la República. La legitimidad de origen, que desde décadas atrás siempre ha tenido un carácter democrático, ha sido tradicionalmente la columna vertebral de esa organización pues marca la línea de mando de quien como primer mandatario es el comandante en jefe de la institución», expone el analista Michael Penfold en Prodavinci. «De ahí que la problemática central para la institución castrense no será tanto los temas interpretativos de la constitución nacional, entre ellos la falta de funcionamiento de la división de poderes, sino la misma legitimidad de origen de la Presidencia de la República. En la medida en que la duda sobre ese origen se continúe profundizando, la presión institucional sobre ella irá en aumento», agrega.

En su análisis, considera que es poco probable, «dada su aversión al conflicto y su sentido histórico de conservación –así como su deseo de mantener control sobre las rentas económicas que tiene sobre diversos sectores básicos de carácter extractivo–, que en caso de que decida actuar, lo haga como algunos esperarían, sino que más bien termine pronunciándose pública o privadamente sobre la necesidad de impulsar una nueva negociación política que conduzca pacíficamente a un proceso electoral validado internacionalmente».

Pero el gobierno sabe que necesita a la Fuerza Armada. «Les tratará de vender el discurso de que la presión internacional es producto de una oposición apátrida que está dispuesta incluso a comprometer la soberanía nacional», insiste Penfold. Y Nicolás Maduro insistiendo en cerrar filas para defender la soberanía, por ejemplo con el Esequibo, o denunciando intentos de golpe de Estado operados desde Washington, es muestra de ello.

Entretanto, en los cuarteles siguen llegando mensajes para que cumplan «su rol». Lo ha hecho Luisa Ortega Díaz desde Colombia y María Corina Machado desde Caracas. En la Asamblea Nacional, Juan Guaidó insistió el 5 de enero en que «la cadena de mando está rota» a partir del día 10. Es decir, que los uniformados no tienen Comandante en Jefe, que Maduro no es la máxima autoridad, que actuar en consecuencia ni siquiera es «rebelarse».

El artículo 333 constitucional llama a que, cuando la Carta Magna deje de cumplirse por acto de fuerza, «todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». Una puerta abierta, en dibujo libre, para hacer lo que haya que hacer en restaurar el estado de derecho.