La ceguera de la justicia militar

Los tribunales con jueces ordinarios parecen no ser suficientes en tiempos de revolución. Desde el 4 de abril de 2017, fecha en la que iniciaron las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, una nueva forma de represión se cierne sobre los manifestantes: tribunales militares, con sus balanzas y puniciones. El uso de la justicia militar para juzgar a civiles fue incluso condenado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Este 24 de mayo declaró su preocupación sobre los casos y pidió verificar el estado de salud de los detenidos. Además, durante la rueda de prensa aclaró que Juan Pablo Pernalete falleció el 26 de abril por el impacto de una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Sin importar su condición de civil, 264 venezolanos se han presentado ante estas instancias, según cuentas el Foro Penal hasta el 13 de mayo. Desde veinteañeros hasta sexagenarios, incluso familias enteras han comparecido. Verbigracia: el caso del clan García. Madre, padre e hijo fueron detenidos el 10 de mayo y los cargos que les imputan son traición a la patria e instigación a la rebelión. «158 venezolanos han quedado tras las rejas por alzar su voz contra la dictadura», saca cuentas la ONG especializada en defensa de los Derechos Humanos.
Ese fue el crimen de Sergio Contreras, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Su instrumento de cisma: un megáfono. Su intención: disentir. Alrededor de las 11:30 de la mañana del 10 de mayo, un grupo de más de diez funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo abordó de forma violenta. Su aprehensión generó en un desgarro en el músculo de su pierna derecha, raspones en los brazos y dolor en las costillas por el forcejeo. Fue la fuerza bruta contra la libertad de pensamiento. Al activista del partido político Voluntad Popular (VP) lo detuvieron en cayapa —a pesar de las intervenciones y aspavientos de liberación de diputados como Gaby Arellano y Jorge Millán.

Pero allí no paró la arbitrariedad. Una vez detenido, paseó entre la sede del Sebin en el Helicoide y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las fuerzas policiales burlaron las 48 horas respectivas para su presentación. Contreras se vio ante un juez militar el viernes 12 alrededor de las ocho de la noche. Su abogado, Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, aclara que las actas muestran que el profesor fue detenido a la una de la tarde, pese a que los videos muestran que la emboscada de la PNB fue al mediodía. “Ese fue el primer error”, dice. La inconsistencia rebosa el caso. Fue imputado por traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos de la Fuerza Armada. “En el expediente aparecía que portaba una pistola calibre 388, cinco cartuchos sin usar y una bola de papel con clavos, como si lo fueras a usar como una bomba explosiva. Fue público y notorio que Sergio solo tenía un megáfono en la mano. No tenía bolso, ni siquiera el celular. Imagínate, hasta apareció de todo menos el megáfono”, suelta Camejo.

Acciones tan inocentes como llevar una bandera para denunciar las arbitrariedades gubernamentales pueden devenir instigación a la rebelión por ejemplo. A la sazón, Contreras permanece tras los barrotes de Ramo Verde sin haberse comunicado con nadie más que con Camejo. No ha podido ver a sus familiares, ni asegurar por completo su estado de salud. El profesor de la UCAB sufre de síndrome convulsión con crisis parcial compleja. Debe tomar tegretol para los ataques involuntarios y otras medicinas como profenid, agurin, miovit y ácido fólico producto de un bypass gástrico.

Contra viento y marea
La arbitrariedad envuelve las acusaciones, los traslados, las aprehensiones, incluso al punto de irrespetar lo establecido en la Constitución. Su artículo 261 reza: “La comisión de delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Por ende, civiles deben ser procesados en un tribunal ordinario. Sin embargo, el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, avala el desorden e infracción penal. “Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)… perfectamente se incurre en un delito militar… ”, declaró el 9 de mayo para la agencia española de noticias EFE.
En Caracas, de las 18 personas que han comparecido ante el poder verde, a todas les ha tocado cárcel, según Foro Penal. Fermín Cocchioni Castillo es uno de ellos. Ese 4 de mayo esperaba junto a un grupo de personas un autobús que lo llevase al velorio de Armando Cañizales, joven de 20 años que murió de un disparo en el cuello el 3 de mayo. Se conocían. Vivían en la misma zona. Ese día iría al Cementerio del Este a rendir sus condolencias a la familia del músico asesinado en Las Mercedes. Empero, unos motorizados y vehículos identificados con las siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) truncaron su camino a las 11 de la mañana. La abogado encargada del caso Elenis Rodríguez —miembro de Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci)— narra los abusos del engarce. “Eran más de 20 funcionarios contra una persona. Tenían su identificación del CICPC y gorras de la policía. Empezaron a dispersar con tiros al grupo de personas que estaba allí. Había gente joven y adultos. A él es al único al que agarran en ese momento. Muchos salieron corriendo”.

Pero la brutalidad policial no se detuvo allí. “Le pusieron una colchoneta para caerle a batazos. Se supone que así no quedan los morados de los golpes, pero le quedaron algunos en las piernas. Tenía aruñada la espalda de forma grotesca. Esa tortura se la infligieron para que Fermín dijera que Ramón Muchacho y Henrique Capriles lo financiaban para matar a policías. Yo le dije que se quitara la camisa para que la jueza pudiera valorar la denuncia de tratos crueles e inhumanos”, asevera la abogado. Cocchioni es uno de los cuatro jóvenes que el vicepresidente Tareck El Aissami presentó en el canal Venezolana de Televisión (VTV) el 9 de mayo como parte de un grupo violento “complotados con bandas organizadas de Caracas para generar violencia y saqueos en la ciudad”. El joven de 32 años estuvo retenido en DGCIM y en Fuerte Tiuna por 48 horas antes de ser presentado en tribunales con la precalificación de traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos de las Fuerzas Armadas.
La voz oficial apunta que Cocchioni tenía una granada en su poder, hecho que su defensora refuta. “Como si fueran tan fáciles de conseguir. Eso es algo sembrado. ¿Cómo un ciudadano de a pie puede tener acceso a armas de la nación? No saben ni montar su novela pero dan órdenes a fiscales y jueces que tienen que hacer lo que digan”. Rodríguez encuentra semejanzas en las recientes denuncias: la precalificación del delito no encuadra con las actas policiales. Así sucedió con su defendido. En su expediente no existe fijación fotográfica del artefacto de guerra que supuestamente tenía en su posesión. “Ni siquiera cuidan las formas jurídicas para por lo menos creérselos ellos mismos”, arguye.

Se prende la alarma nacional
El desbarajuste penal se extiende también en interior del país con la misma irregularidad procesal. En suma, cinco estados superan con creces las cifras caraqueñas. En Carabobo hay una ringlera de enjuiciamientos masivos en tribunales militares, explica Nizar El Fakih, abogado y director de la ONG Proiuris. La entidad lidera la lista con 96 personas privadas de libertad. Le siguen Falcón con 19, Zulia con 11, Lara con 12 y Sucre con 2, de acuerdo con las cuentas del ente. 140 personas en total hasta el 13 de mayo. Los porqués siempre son los mismos: manifestaciones y protestas, tal como lo indica El Fakih.
La cantidad de procesados por tribunales no ordinarios, como prescribe la Constitución, no es coincidencia para el abogado, especialmente luego del pronunciamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante las decisiones 155 y 156 emitidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en una rueda de prensa el 31 de marzo. Desde entonces, el crecimiento ha sido más que evidente, al igual que la violación in crescendo de los derechos de los enjuiciados.
Ese fue el caso de Katiuska Salón y Alejandro Adarfio, a quienes les pusieron las esposas en Lara. Fueron imputados ante la justicia verde por los delitos ultraje al centinela y el no reconocimiento de la zona de seguridad. De acuerdo con Abraham Cantillo, abogado del Foro Penal con más de 15 años en ejercicio y quien lleva ambos casos, las acusaciones oficiales no guardan relación con lo que hacían el día de su captura. Salón manejaba su carro de oeste a este de la ciudad para llegar a la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, donde estudia Derecho. Su abogado pudo constatar que tenía clases a las 5:45 de la tarde, tal como afirmó la muchacha. Más que “guarimbear”, estaba formándose como jurista —tamaña ironía en un país que vulnera y desconoce códigos. “En la declaración dice que la detienen en su carro tres damas, pero en un sitio bien alejado de la manifestación de ese día. Es descabellado. Eran mujeres vestidas de civil que jamás se identificaron. La someten en su carro, la ruletearon y la presentaron en el punto de control de la Guardia como si los oficiales eran compadres de ellos, con la mayor naturalidad”, indica Cantillo.
Adarfio, por su parte, también fue supuestamente detenido por personas sin identificación e insignia policía alguna cerca del destacamento Core 4. Sus delitos: ultraje al centinela e inutilización de estamentos militares. Pero otra es su versión. El joven de 28 años cursa Ingeniería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo). Pasaba por una manifestación espontánea que surgió cerca de su casa de estudios, llevaba libros y un bolígrafo en su morral. “Ni siquiera celular, se lo habían robado días antes”, explica Cantillo, su defensor.
A ambos les atribuyeron los daños que sufrió un punto de control de la Guardia custodiado por activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Activistas de la tolda roja hacen vigilancia diaria del sitio, a despecho de no tener injerencia. Un cohetón que se disparó durante la protesta de aquel día impactó la puerta de un contenedor dejando un pequeño hueco y, aparentemente, le quemó la mano a uno de los guardias. “El daño es una ridiculez y por eso los sentencian con esos delitos que tienen una pena altísima, llegan a casi 20 años”, indica Cantillo. Ni siquiera respetaron la individualización de la acción penal establecida. “Nunca se aclaró en los expedientes cuál de los dos chamos causó el mal y cómo colaboró el otro”.

Carlos Daniel Moreno, abogado especialista en Derecho Penal y director ejecutivo de la ONG Activismo Ciudadano, desentraña un patrón pergeñado desde antes de los protestas de abril de este año: “Todo el que es capturado es ruleteado en diferentes organismos, hasta que alguno se queda con el procedimiento. Les imputan delitos de naturaleza militar sin serlo. Quebranta todo lo edificado y estipulado jurídicamente por la República a través de acuerdos internacionales y la Constitución”. Chivos expiatorios de la represión brincan por doquier. Moreno afirma que también hay como propósito salpicar y uncir yugo a dirigentes políticos y afectos a partidos políticos opositores, sin importar edades.
Moreno refiere a uno de sus defendidos: Aldo Rosso, coordinador político de VP en la parroquia El Valle. El 23 de abril, sus moradores y vecinos  cacerolearon al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y demás afectos del gobierno presentes que visitaron el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Aldo, de 63 años, declaró lo sucedido para NTN24. A las 9 de la noche de ese mismo día fue arrastrado desde la cancha de básquet del edificio en donde reside hasta una celda del Sebin. “Le sembraron 20 informes de camuflaje. Rosso es un hombre humilde, del pueblo. Es un señor como puede ser cualquier señor con su preferencia política, pero un delincuente no es”, ratifica el abogado especialista en Derecho Penal.

Eduardo Betancourt tiene sus preferencias políticas, como todos. Es de los que participa en reuniones de Copei. “Toda la vida ha sido así”, recuerda su hija, Andreína. ¿Quién podía siquiera imaginar que su credo e ideales le pondrían como sanción el cautiverio en la cárcel de Ramo Verde durante el gobierno de Nicolás Maduro? La noche del 31 de marzo se convirtió en otro civil que sería juzgado por la justicia de charreteras. Un vehículo lo interceptó cuando iba a una reunión en La Lagunita. Pensó que se trataba de delincuencia. Ninguno de sus agresores empuñaba credencial oficial. Ahora, lo están procesando por traición a la patria, llamamiento a la rebelión y “cualquier otro delitos contemplado en el código penal militar que pudiera estar en las actas reservadas de su expediente. No nos lo prestan. Todo lo que están haciendo es de una nulidad absoluta”, afirma su hija, abogado civil y mercantil, quien ha tenido que repasar materias penales.
El abogado Nizar El Fakih recuerda que no es la primera vez ocurre este impasse en Venezuela. El expresidente Hugo Chávez también tuvo su cuota de condenados en cortes que se rigen por el código penal militar desde 2002. Su preocupación surge por la frecuencia y la cantidad de juicios en 2017 si se compara con otros tiempos. “¿Quiénes son los funcionarios que ostentan casos de jueces militares? ¿A quiénes responden ellos? ¿Quién comanda? En este caso el presidente de la República por estar a la cabeza de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe. Hay implicación directa del Ejecutivo. Es por eso que no es considerado y rechazado por instancias internacionales”.]]>