Los taxis de Maduro: campaña y castigo electoral

Durante la campaña electoral de 2015, el presidente Nicolás Maduro decidió donar taxis de la Misión Transporte. Más que una verdadera política pública, la supuesta estrategia se convirtió en ejemplo de desorganización y corrupción, con criterios oscuros para la entrega, amenazas de decomiso y promesas incumplidas

Los taxis de Maduro: campaña y castigo electoral

El arrebato de benevolencia ocurrió justo en el momento oportuno. El 17 de noviembre de 2015, dos semanas y media antes de las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro se ganó los aplausos de quienes escuchaban su discurso: “Corto por lo sano, caballero. Los taxis serán totalmente donados por el Presidente a los taxistas. Y punto, se acabó. Que no haya intermediarios ni gestores ni gente que le llene una planillita”. Se refería a los 10.000 vehículos que debían recibir los taxistas el año pasado, como parte de la Misión Transporte. El compromiso era que los pagaran a través de créditos de la banca pública, pero con el anuncio del mandatario ya no habría necesidad de eso. Carros gratis, quizás algún voto seguro a cambio.

En ese momento, la idea de Maduro era, en teoría, hacer justicia. Como él mismo señaló, había mafias que pedían 120.000 bolívares por uno de estos vehículos chinos, marca Chery, modelo Orinoco. Había que poner orden. Pero el anuncio de la donación, más que solucionar el asunto, trajo otras consecuencias. Por eso, el 29 de diciembre, con una gran derrota electoral para el partido Socialista  Unido de Venezuela (Psuv) de por medio, dijo: “yo voy a recoger todos los taxis, y se me presentan todos los taxis del país, para ver qué está haciendo cada quien. Y los taxistas, a organizar sus líneas y rendirle cuentas al pueblo”. Aseguró que tenía denuncias de irregularidades: muchos estaban utilizando los carros para beneficio personal, en lugar de prestar el servicio de transporte. Así que era indispensable hacer una revisión y quitarle el donativo a quien se hubiese aprovechado.

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Las inspecciones comenzaron poco después. Un taxista del estado Zulia —que prefiere mantener su nombre en reserva— no se preocupó ante el anuncio presidencial. Él fue uno de los primeros 41 transportistas que recibió el carro en esa región del país durante el mes de octubre. Llenó planillas, siguió unos cursos de formación, fue al banco. Como a muchos le negaron el crédito, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del Estado Zulia decidió intervenir y ofreció más de 15 millones de bolívares para financiar esos 41 taxis. A él lo ayudaron con 30% del monto total —que llegaba aproximadamente a 1 millón de bolívares— y él aportó el otro 70%. “De ese primer lote de entrega, todos estamos pagando”, dice. Y agrega que sigue con la profesión que practica desde hace seis años, ahora con un ejemplar nuevo. Por eso, cuando acudió a la evaluación, estaba tranquilo.

A diferencia de él, otros dos beneficiarios sí se quedaron sin sus Orinoco. Eso ocurrió porque les quitaron las identificaciones de taxi y los transformaron completamente. Jairo Ramírez, coordinador de la Misión Transporte en Zulia, señaló —de acuerdo con una reseña del diario Panorama— que esos dos carros serían asignados a otras personas. Hasta el 15 de enero, no se habían encontrado otras irregularidades en los 135 taxis evaluados en esa zona del país. Algo parecido ocurrió en Anzoátegui, donde se decomisaron cuatro que no tenían las rotulaciones ni el sistema de seguridad. Y en Carabobo se conoció un caso de retención del vehículo por no llevar las calcomanías de identificación. Hasta el momento, no hay cifras oficiales sobre el total de personas que se han quedado sin sus taxis en todo el país.

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Favores y desvíos

La decisión de evaluar el uso de los taxis quizás responda a una retaliación política, pero, sobre todo, se trata de un proceso de control tardío. Lo que queda demostrado es que hubo desorganización en la entrega de un beneficio como parte de la campaña electoral. Muchas encuestas vaticinaban un panorama sombrío para el oficialismo —la que presentó Datanálisis en noviembre de 2015, por ejemplo, señalaba que 63,2% de los electores tenía la intención de votar por la oposición—, y por eso había que hacer algo. Entre esas cosas, regalar taxis sin orden ni concierto. Había que aprovechar la inversión de más de 600 millones de dólares para la compra de 20.000 vehículos: 10.000 para 2015, y el resto para 2016.

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Para los trabajadores de este sector, las cosas están claras. Otro taxista zuliano, que también prefiere mantenerse en el anonimato y que forma parte de los primeros 41 beneficiarios de la región, señala que al principio el proyecto tenía muy buenas intenciones, pero que el asunto se desvirtuó con las elecciones. “El error fue entregar esos carros sin inicial. Eso se prestó para muchas cosas. Uno está trabajando y lo ve: por ejemplo, en la calle 76 de Maracaibo hay un carro que está siempre parado, que se nota que no lo trabajan. También he pasado por unas casas y se ven estacionados dos taxis que no se usan para lo que es”, dice. Agrega que los vehículos de ese último lote —después de la orden de donación de Maduro— se entregaron sin certificado de origen y, por eso, no tienen placas. En teoría, entonces, no podrían circular. Tampoco tienen seguro, entonces cualquier fallo o accidente que ocurra debe correr por cuenta del taxista. “Hubo apuro, mala organización. Se metió la cuestión política y por eso pasan estas cosas”.

Más allá de las percepciones de los trabajadores, hay quienes llevan algunas cuentas sobre el desorden. José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos, señala que sólo entre 40% y 50% de las personas que recibieron el vehículo chino están trabajando como taxistas. “Fue un proceso desorganizado. La mayoría de los carros se entregaron a simpatizantes del Gobierno o a sus amigos. Y eso, por supuesto, no soluciona los problemas del transporte. Lo manejaron todo desde el punto de vista político”, dice. Hace unos días, agrega, se reunieron con un grupo de diputados de Primero Justicia para solicitar no sólo que ayuden a paliar la crisis de repuestos que tiene a 70% del transporte púbico paralizado, sino que, justamente, investiguen las condiciones de entrega de taxis de la Misión Transporte. También pidieron la búsqueda de soluciones para aquellos que quieren darle buen uso al beneficio, pero que no tienen placas ni títulos de propiedad.

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En el municipio Sucre del estado Portuguesa, la corrupción con la entrega de los vehículos tiene nombres y apellidos. Poco después de las elecciones parlamentarias, un grupo de representantes de las cuatro líneas que trabajan con taxis en esta zona —tanto las que solo prestan este servicio, como las mixtas, que también trabajan con carritos por puesto— se presentó en la Cámara Municipal para denunciar que ninguno de ellos había recibido nada. A este municipio le correspondían 10 vehículos, del total de 196 que se prometieron para todo el estado, y ni uno estaba en manos de los transportistas. “Cuando supimos el caso, empezamos a hacer las averiguaciones. Este es un pueblo muy pequeño y todos nos conocemos. Por eso, nos dimos cuenta de que quienes tienen los taxis son amigos del alcalde Alfredo Mendoza, parte de su tren ejecutivo, y representantes de institutos que dependen del gobierno estadal”, dice el concejal de la oposición José Gregorio Rodríguez Osorio, quien se ha encargado de la investigación.

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El 5 de enero de este año, Mendoza asistió a una audiencia en la cámara, después de faltar a la primera convocatoria. Rodríguez recuerda: “ese día el alcalde asumió su responsabilidad política, pero dijo que no tenía responsabilidad administrativa. Aseguró que quienes debían dar cuentas por las asignaciones eran José Gregorio Hernández, presidente de Bus Portuguesa, y María Isabel Álvarez, gerente de operaciones de Venirauto Portuguesa”. El concejal señala que los llamaron a una interpelación, pero no pudieron asistir. De todos modos, dijeron por teléfono se lanzaron la pelota: Hernández aseguró que él no estaba a cargo de las adjudicaciones, sino el alcalde; Álvarez dijo que ella sólo formaba parte de un concesionario y que en sus manos no estaba la decisión sobre los destinatarios.

Rodríguez asegura que la búsqueda se mantiene. En primer lugar, dice, solicitarán de nuevo una audiencia con el gobernador de Portuguesa —que ahora es Reinaldo Castañeda, después de que Wilmar Castro Soteldo fuera designado ministro de Producción Agrícola y Tierras—, y se reunirán con los representantes de Bus Portuguesa y Venirauto. “Lo que nosotros queremos es que nos den las actas de entrega oficiales de esos vehículos. El último paso será elaborar un informe en el que se explique quiénes recibieron los taxis y cuál es su relación con el gobierno municipal o el partido o la institución tal. Así demostraremos que no nos equivocamos. Y eso lo llevaremos a la Misión Transporte, para que vean que estamos en consonancia con las exigencias que está haciendo Maduro”.

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Propaganda vs. política pública

Fredery Calderón, presidente de la Asociación Civil Por la Caracas Posible, hace críticas contundentes sobre la decisión de entregar taxis. Primero, dice, no están claros los criterios para la selección de los beneficiarios: la discrecionalidad y la improvisación política han sido evidentes. Segundo, agrega, es contradictorio que un Gobierno que se llame socialista promueva el uso del carro particular, en lugar de darle más atención al transporte público. “No quiero decir que no sean importantes, sino que hay otras prioridades. Este proyecto no responde a un plan de movilidad ni a un sistema de tarifas. La entrega de esos taxis no necesariamente es una medida que apoye a los más vulnerables; todo lo contrario, se abre más la brecha entre los que tienen y los que no tienen, pues no todos pueden pagar este servicio”, asegura.

A su juicio, para que un proyecto de este tipo sea realmente valioso, se debe responder a una planificación seria. Por ejemplo, que se priorice la entrega a aquellos que posean un taxi en mal estado, o que tengan 30 años de servicio o que no cuenten con una seguridad social ni facilidades para sustituir su vehículo. “También se pueden definir las rutas para las poblaciones más vulnerables, con unas tarifas reguladas. Quizás, también, podrían usarse estos carros para crear líneas especiales para personas con discapacidad o adultos mayores”, señala Calderón.

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Celia Herrera, representante de la Sociedad Venezolana de Ingeniería, Transporte y Vialidad, tiene una opinión parecida. Para ella, no sólo hay desorganización en los criterios de entrega, sino también en la planificación del transporte como un sistema integrado. “No hay tarifas, no hay taxímetros, no hay rutas, no hay una conexión intermodal. Es decir, no se han definido paradas para que, por ejemplo, las personas que salen del Metro tengan continuidad con el taxi. Es más una cosa epiléptica, un afán de entregar carros nuevos. Ahora, ¿cómo los mantienes, cuando no hay cauchos ni repuestos?”, se pregunta.

Ese precisamente, dice Herrera, es un problema de toda la Misión Transporte, que surgió en marzo de 2014 con la intención, en teoría, de renovar las flotas de transporte público —por ejemplo, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, ese año se entregaron 1.400 autobuses nuevos, 400 de ellos de la marca china Yutong—, ofrecer formación, garantizar los repuestos, crear refugios para gandolas y, entre otras cosas, construir nuevos sistemas para mejorar la movilidad. “Sueltan un montón de autobuses nuevos en una esquina, pero no hay organización ni interconexión, el servicio es pésimo, y si se quedan sin repuestos, no tienen cómo resolver”, dice la especialista. Calderón agrega: “Se trata de mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando el Gobierno adelanta medidas como la de los taxis sólo ve una parte pequeña del problema y, quizás, la más superficial”.

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