Robert Hidalgo recorre en silencio lo que queda de sus terrenos. Nacido y criado en Galipán hace 51 años, dedicó su vida al cultivo de eucalipto en las parcelas que pertenecían a sus padres después que fueron de sus abuelos. 97 árboles de sus tierras, ubicadas en el sector Manzanares, fueron talados la cuarta semana de noviembre por trabajadores de la compañía Venezolana de Teleféricos (Ventel), empresa del Estado y órgano dependiente del Ministerio de Turismo (Mintur), mientras eran custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional (GN). Llegaron un martes en la mañana cuando el floricultor no se encontraba en su vivienda. Los vecinos le avisaron: “Las motosierras ya están prendidas”.
El trazado original del sistema Teleférico Caracas-Litoral, inaugurado por Marcos Pérez Jiménez y abandonado desde 1980, fue desplazado. La ruta que contemplaba las estaciones en El Ávila, pasando por El Irón, San José hasta llegar a El Cojo, ubicada en Macuto en el estado Vargas, se modificó. Mintur cambió el trazado: eliminó El Irón y agregó La Hacienda –con desembarque incluido para recorrer los alrededores de posadas y restaurantes–, un diseño de 7,5 kilómetros lineales que atraviesa por la mitad el pueblo galipanero.
Los trabajos de construcción fueron retomados en julio de 2014 por Ventel y el tiempo estimado para la ejecución de la obra sería de 40 meses, hasta el mes de julio de 2017, según el gobernador de Vargas Jorge Luis García Carneiro. La infraestructura civil fue encomendada a Inversiones Alfamaq C.A y el sistema de funiculares a la famosa empresa austriaca Grupo Doppelmayr. El proyecto prometía desahogar la autopista Caracas-La Guaira y disminuir el tiempo de la capital al litoral a tan solo 35 minutos. La hazaña sigue en espera.
La nueva ruta se hizo a los trancazos, sin cumplir con el artículo 129 de la Constitución que señala que las actividades “susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de un estudio” de impacto ambiental y socio cultural, sin respetar la Ley Orgánica del Ambiente y sin el consentimiento de los habitantes de Galipán. Marlene Sifontes, secretaria del Sindicato del Instituto Nacional de Parques (Inparques) asegura que se trata de una obra ilegal. “Antes de mover una piedra en un Parque Nacional se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y socio cultural y eso no pasó aquí. Se saltaron todos los protocolos”, explica. Los estudios fueron presentados más de un año después del inicio de los trabajos cuando “el daño ya estaba hecho”.
Cinco sectores dan forma al pueblo: San Isidro, San Antonio, San José, San Francisco y Manzanares. Ocupan 1.720,03 hectáreas, aunque efectivamente desarrolladas hay 433. La delimitación quedó asentada en el Decreto 2.334 del año 1992, sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de El Ávila que le confirió a Galipán la condición de poblado autóctono. La ruta actual del transporte colgante afecta a más de 40 familias de lugareños que han vivido allí por más de siete generaciones, sus tierras y sembradíos.
Aunque existe esa protección, Ventel no escuchó la solicitud de los vecinos. Ignoró un documento presentado en 2015 durante una consulta pública al gobernador del estado Vargas con 727 firmas de galipaneros rechazando la medida. Nada pasó: 650 millones de dólares aprobados por Andrés Izarra, entonces ministro de Turismo, están en juego.
La decisión gubernamental de alterar la ruta del teleférico le cambió la vida a Hidalgo. Los trabajadores del teleférico estuvieron tres días cortando más de 25 años de trabajo y afectaron 400 metros de sus parcelas, donde se tiene previsto construir 2 torres de las 39 que tiene el sistema de transporte. Ahora es que falta por talar.
Hidalgo lo describe como una muerte lenta. Él, su esposa y sus cuatro hijos viven de lo que sus tierras les dan. El nuevo trazado, dice, les quita el pan de la mesa. Se declaran en resistencia, pero sus voces no resuenan. “Ventel se reunió con nosotros en varias oportunidades. Le dijimos que no estábamos de acuerdo. Ellos se hicieron los locos y siguieron con su idea de trazar la ruta por el medio de Galipán. Dicen que eso va porque sí”. Desde su casa, al otro lado de la montaña, las antiguas construcciones de la ruta vieja del teleférico le recuerdan a diario el “capricho” de unos cuantos.
El ministro Izarra, cuando encabezaba el despacho de Turismo, justificó el cambio de ruta con el deslave de Vargas en 1999, pues habría ocasionado daños en algunas torres y los trazos de la vía antigua no eran factibles. Sifontes cuestiona la decisión: “No entendemos por qué están cambiando la ruta. Si para el teleférico de Caracas y el de Mérida mantuvieron el diseño original, ¿por qué aquí se está modificando? Esas bases se pueden recuperar, siguen ahí intactas. Los galipaneros están abandonados. Ante el poder, ¿qué pueden hacer?”.
Gerardo Pérez perdió dos partes del terreno que utilizaba para sembrar. Hace un año trabajadores de Ventel cavaron un hueco de 13 metros de profundidad en sus tierras para construir las bases de la torre 33 del sistema. Llegaron sin ser invitados, acompañados de la GN y con varias amenazas bajo el brazo. “Decían que el terreno era del Estado y que me iban a meter preso si no los dejaba trabajar. Perforaron a lo bravo”, cuenta Pérez con rabia en la voz.
A su exesposa, quien habitaba la vivienda, le ofrecieron un kiosco en el teleférico de Caracas. Ella aceptó. Pero a cambio solo dejaron desastre a su paso. Donde antes había cilantro, apio y cebollín, queda tierra, piedras y grama sin cortar. Y en el centro del lugar siguen las bases de una de las torres construidas sobre un afluente de agua, ahora abandonadas.
Las consecuencias en Galipán van más allá de unos sembradíos. Pérez enumera unas cuantas: aumentaría el paso vehicular, el robo de los rubros, escasearían las aguas para cultivos, aumentaría la inseguridad y los pobladores perderían su privacidad. “Todo lo que hace el Gobierno es una estafa”, dice. Por su parte, Sifontes considera los impactos al ambiente: levantamiento de la capa vegetal, deforestación, repercusiones en la biodiversidad y en la sustentabilidad del parque. La especialista asegura que los turistas también representan un problema. “Si ya de por sí está afectado, Galipán no se va a dar abasto con ese flujo de gente que va llegar”.
Pero no todos están en negativa. Para Wilmar Marín, de 47 años, uno de los once dueños de La Hacienda Vieja, el nuevo recorrido del teleférico no representa mayor problema. En el terreno donde será construida la estación La Hacienda está su posada-restaurante, un negocio que lleva varias décadas en la zona, desde que se pavimentaron las carreteras de Galipán. Negó que Ventel le ofreciera dólares o yenes para que dejaran construir la subestación en sus tierras. Fue más sencillo de lo que parece: preguntaron si podían levantar la estación donde se encontraba la casa que pertenecía a su padre y sus siembras de flores; ellos aceptaron con la condición de que una nueva vivienda fuese construida en otro sitio de sus propiedades.
Marín considera que la construcción representa un progreso importante para el turismo galipanero. “Esto es una obra del Gobierno y no te puedes negar al desarrollo. ¿Qué podemos hacer?”. Para el poblador, se puede sacar provecho a la situación: generará más empleos. Sin embargo, también se cuestiona la cantidad de personas que rondará la zona, escenario que, opina, se debe manejar “con mucho cuidado” para mantener la seguridad.
El nuevo proyecto a través de Galipán parece inevitable. Las obras continúan, se quiera o no, “pese a las trabas de los opositores”, como afirmó García Carneiro en 2015. En La Hacienda Vieja, una gran reja se levanta frente a la zona de construcción de la nueva subestación del sistema. El lugar está repleto de máquinas, trabajadores con equipos de seguridad y pequeñas montañas de tierra contrastan con la elegante posada-restaurante de Marín. Una cinta amarilla con “Peligro No Pase” bordea las bases de lo que serán las torres de la estación. Algunas de ellas levantadas, otras son solo vigas.
Aunque las construcciones avanzan, desde el Gobierno no hay apuro en posponer las fechas. Durante el programa Encendidos del canal estatal Venezolana de Televisión en septiembre de 2017, el gobernador del estado Vargas informó que el sistema teleférico de Macuto–Waraira Repano podría ser inaugurado en 2019. Un trabajador de Ventel que leía el periódico sentado en bloques de la obra no es tan entusiasta. “Eso está crudito. Solo Dios sabrá para cuándo estará listo”, expresó en condición de anonimato.
¿Tierras de quién?
Desde que El Ávila fue declarado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1958 los habitantes de Galipán y las autoridades de Inparques comenzaron una lucha por la propiedad de los terrenos. Roberto Pérez, vocero de la asociación de vecinos y del consejo comunal San Isidro, relata que se inició una “guerra psíquica y psicológica” contra los galipaneros, quienes fueron señalados como invasores a pesar de haber habitado la montaña desde varias generaciones atrás. A muchos les tumbaron sus casas, como a Pérez. “Nos decían que Venezuela era muy grande, que nos fuéramos a otro lado”.
Se pensaba que la disputa terminaría con el decreto N° 2.334 del 5 de junio de 1992, publicada en Gaceta Oficial extraordinaria N° 4.548 del 26 de marzo de 1993. En él, los vecinos de Galipán fueron declarados como pobladores autóctonos, habitantes compatibles con la dinámica del Parque Nacional. No obstante, la pelea continuó. Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del 16 de diciembre de 2009 y ratificada dos veces, prohibió las remodelaciones de inmuebles que ya existen.
El dictamen, que solo afectaría a las partes interesadas en un enfrentamiento entre un hacendado y unos vecinos de El Ávila que vivían en el lado de la montaña hacia Guatire, contradice la ley que los reconoce como pobladores originarios. La sentencia se volvió una regla a conveniencia y las tierras quedaron a la buena de Dios o de quien tenga el mejor contacto en su agenda.
José Ángel González y Marioli Rivas se mudaron hace tres años al sector La Loma en San Antonio de Galipán. Su casa se esconde entre árboles de eucalipto, a un lado de la carretera de tierra. Unas cuantas gallinas, tres perros y las puertas abiertas reciben a quien quiera que pase por el frente de la colorida vivienda, cuyo asentamiento comenzó cuando levantaron cuatro láminas de latón bajo un techo de zinc en los terrenos heredados de la abuela de González, Isabel Sanabria; tierras cuyos documentos de propiedad datan de hace dos siglos. Luego solicitaron los permisos de construcción, fueron censados por funcionarios de Inparques y hasta ahí llegaron los procedimientos. Su tranquilidad no está completa porque el sitio donde habitan no es lo que quisieran: viven en un rancho y, teniendo los recursos para hacer algo mejor, no cuentan con los papeles para materializarlo.
Vecinos han denunciado que esos permisos de construcción sí son concedidos a personas involucradas con el Gobierno. “Me voy a tener que poner el apellido Amoroso”, exclama González al referirse a las autorizaciones que nunca llegan. La estabilidad del matrimonio también se ha visto amenazada por su vecina, quien asegura que las tierras ubicadas detrás de la vivienda de la pareja le pertenecen y los demandó por ocupar terrenos ajenos.
A la demandante, dueña de una quinta, jamás se le ha visto por el sector, aunque aseguró en las audiencias judiciales que era “campesina”. Rivas señala que en cada documento presentado en esa instancia los linderos de los terrenos no concuerdan entre sí y tampoco con la realidad topográfica del lugar. “No nos dicen para llegar a un acuerdo, ayudarnos mutuamente. Quieren sacarnos porque sí, arrebatarnos nuestras tierras. Todo su interés son los 425 mil dólares, el precio en el que está vendiendo la casa”, denuncia Mariolis.
“Aquí lo que mueve todo es el billete del bueno, puro negocio. Todo es para dominarte y tenerte calmado”, reclama Pérez. “Para mover un eucalipto de tu propio terreno te llega Inparques reclamándote, pero quien tiene contactos puede hacer lo que le dé la gana”, manifiesta Rivas y agrega: “Vamos por la vía legal. Si nos dejamos vencer por esto, Galipán dejará de ser Galipán”.
La tranquilidad de la montaña
Pese a las dificultades, Galipán no deja de ser un lugar apacible. Felipe Díaz se mudó allí con sus padres cuando todavía no existía la carretera ni había luz en la montaña. Tiene más de 50 años cultivando girasoles y follaje en su propiedad, ubicada en el sector Manzanares. Con dos hijas y varios nietos, todos galipaneros, ha labrado su vida en “el jardín de Caracas”.
La instalación de la red eléctrica en 1973 y la inauguración de la carretera en 1995 trajo progresos a Galipán. “Antes uno bajaba a Caracas una vez al año con la ayuda de cadenas o animales. Desde que se realizó la carretera se empezó a poner buena la cosa”, cuentan los vecinos. Desde entonces, se han construido dos iglesias, tres colegios y un único dispensario a lo largo de los cinco sectores que conforman el paraje.
Los servicios públicos no representan una preocupación para ellos. Cada familia se encarga de su propia recolección de desechos, y el agua es “pura de manantial”. La obtienen directamente de la montaña, a través de conexiones con los riachuelos del poblado; y que sea una comunidad pequeña facilita la seguridad en la zona. “Aquí todos nos conocemos, eso ayuda a estar pendiente. Nada comparado con Caracas”, dice Marioli Rivas.
No solo viven de la agricultura, también del comercio y el turismo. Emiliano Silva es el sobrino del primer panadero que hubo en el poblado, y es el dueño del comercio más antiguo de la zona: El Merendero de Galipán. Sus labores iniciaron a la par de las construcciones del Teleférico de Caracas, en los años 50. Por los aumentos de capital, inversiones y la fama del local, se convirtió en la bodega más reconocida de San Isidro, donde se concentra 80% de la población galipanera. Pero el comerciante dice que ya no vende como antes. Sus ganancias han bajado y, aunque no ha pensado dedicarse a otra cosa, cada vez se hace más difícil mantener la santamaría arriba. “Antes era rentable tener este negocio, se vendía lo suficiente para vivir. Ahora con la situación país no se puede, han bajado muchísimo las ventas”, se lamenta. El poco efectivo que se maneja también ha complicado sus ventas. “El punto de venta es lo único que funciona y a veces”.
José Ángel González es jeepsero. Trabaja de lunes a lunes, sin descanso, como transportista privado para posadas y restaurantes del pueblo. Vive del carro, “pero le zumbo a lo que salga”, confiesa. Sus ganancias varían: entre 250 mil y 350 mil bolívares por viaje exclusivos de Caracas hasta Galipán. Marioli, su esposa, dejó su casa en El Hatillo para irse a lo alto de la montaña, apartada del “caos caraqueño”. La publicista de profesión ahora trabaja como anfitriona en un restaurante y solo baja a la capital cuando no tiene opción, para “lo estrictamente necesario”. Está convencida: “No vuelvo a cambiar esto por una oficina. Galipán lo tiene todo. Quiero que mi único estrés sea que las papas no estén listas para cocinar o que la gallina no puso huevos”.
