Narcotráfico militar: manchado de cocaína
El Ejército venezolano, otrora, gozaba de respeto y admiración. Para muchos, los hombres de verde pertenecían a una casta que suponía disciplina, respeto y honorabilidad. Con la estafa de la revolución bolivariana, no hay quien no sospeche de los tejemanejes sucios de la armada con el tráfico y contrabando de drogas. Peor aún, cada vez son más los casos de uniformados con conexiones con los carteles. La cocaína los manchó
El martes 10 de noviembre, dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueron detenidos en Haití, acusados de «conspirar» para traficar 800 kilos de cocaína hasta Estados Unidos. ¿Cómo se movilizó tal cantidad de droga por territorio venezolano para sacarla en avión al Caribe si los militares controlan las fronteras? Las noticias que involucran a militares con narcotráfico no son nuevas. Una de las más sonadas ocurrió en 2014. Un año después, no ha sido olvidada.
El 18 de septiembre de ese año, exactamente una semana después del exilio del solitario rebaño de maletas que salió de Maiquetía con 1,3 toneladas de cocaína en la panza, los soldados de guardia en el Aeropuerto Metropolitano de Caracas “Oscar Machado Zuloaga”, ubicado en Charallave, estado Miranda, se alertaron ante unos movimientos rasos. Eran las 10 de la noche. Todo estaba en silencio. Al terminal de Charallave le fue suspendido el permiso de vuelos nocturnos, de manera que a la caída del sol se apagan las actividades y nada tenía que moverse allí. Era, pues, del todo anormal el merodeo de un carrito eléctrico… Linterna en mano, los efectivos en faena de inspección se dispusieron a averiguar qué era lo que estaba pasando. Haciéndose señas mutuamente de mantener la boca cerrada y tratar de pisar liviano, se encaminaron al hangar donde les había dado la impresión de haberse detenido el carrito de golf fantasmal. Era, por cierto, un hangar del Ejército. El lugar estaba en calma. Ni un ruido. Los soldados permanecieron expectantes. De pronto, algo se agitó en el fondo, donde estaba “taxeada” una avioneta propiedad de una empresa privada —que un oficial había aparcado allí con permiso de sus superiores, mientras él…. ese es otro cuento. El punto es que en aquella aeronave ajena al componente armado se habían movido unas sombras. Uno de los soldados se acercó, apuntó el foco a la cabina y vio unos ojos aterrados. No tardarían en detener al dominicano Christopher Noesí, al ecuatoriano José Urbano y al venezolano Alberto Yépez, quienes, al segundo grito de “qué carajos hacen ustedes aquí” ya estaban dando información acerca de sus jefes. Y resultó que en aquella charada solo ellos eran civiles. El resto de la banda no.
Por esos días, el 29 de septiembre de 2014, apareció en El Universal una entrevista con el abogado Bayardo Ramírez, ex presidente de la Comisión Nacional contra el uso Ilícito de drogas —Conacuid—, quien dio un terrible aldabonazo: «Venezuela es el primer traficante de droga en América Latina, superando a México y Colombia”. Si esto fuera poco, el respetado penalista advirtió que hay sectores del Gobierno venezolano que tienen estrategias definidas para traficar droga, sin que haya, por otra parte, ningún intento de instrumentar políticas de verdadero control a este azote.
Hay grupos en el régimen que trafican drogas provenientes de Bolivia, Ecuador y Colombia. Este último con la colaboración de las FARC. El país se convirtió en almacén, laboratorio, centro de acopio y distribución de sustancias
“Aquí hay una impunidad estructurada a partir de la cual la justicia funciona bajo los principios de falso negativo y falso positivo. Cuando se trata de tráfico de droga no aparece ningún funcionario gubernamental de alto nivel detenido, porque el propio gobierno ampara y fomenta la comercialización de estas sustancias”, fue más allá el doctor Ramírez. Si esto no fuera lo suficientemente grave acusó a la Oficina Nacional Antidrogas —ONA— de haberse convertido “en un organismo represor manejado por militares, cuyas funciones distan mucho de los fines para los cuales fue creada”.
Desde hace una década, cada vez que se habla de narcotráfico en Venezuela aparece una relación con las Fuerzas Armadas Nacionales —FAN. Ora porque se ha decomisado un alijo fuera del territorio venezolano, pero con origen en este; ora porque se alude a robos de aeronaves; o —y esto es lo más bochornoso— porque un mafioso ha empezado a cantar y en su particular Traviata destellan las referencias a oficiales venezolanos— herederos de la gesta independentista, como suelen jactarse. Una de las menciones más degradantes fue la que saltó con ocasión del caso de los 1.400 kilos de cocaína que encontraron las autoridades españolas en el aeropuerto de Gran Canarias, en un jet Bombardier que había despegado en extrañas circunstancias del terminal aéreo de Valencia, Carabobo, la madrugada del 12 de agosto de 2012. Por este episodio fueron detenidos cuatro guardias nacionales, que al serles tomada una declaración, y prestos a colaborar a cambio de una rebaja de la pena, se apresuraron a confirmar que ellos habían tomado parte en la operación por órdenes superiores, aunque no tenían mayor conocimiento de las alturas de la organización, pero lo que sí podían garantizar —y así lo hicieron en la audiencia frente al juez— es que la orden era “dejar pasar la camioneta” cargada con droga.
Aprehendidos en el interior de la aeronave modelo King, siglas YV2899, lo primero que les fue incautado a los tres hombres: la libertad. Lo segundo fueron sus teléfonos celulares. De esto se ocuparon los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a quienes se informó inmediatamente de la anómala situación. Por el plan de vuelo se supo que la avioneta surcaría la noche con destino a Apure. Y por el interrogatorio a los detenidos y las llamadas recientes registradas en los celulares, quiénes estaban detrás de la movida. Seis días más tarde, el Ministerio Público logró privativa de libertad para los dos extranjeros y el civil, cuyas vidas cambiaron al quedar dentro del haz de luz de un candil, así como para cinco efectivos adscritos al Ejército.
Tal como apareció en la prensa nacional, el 24 de septiembre: “En la audiencia de presentación, las fiscales nacionales 7º y 8º, Marisela De Abreu y Mery Gómez, respectivamente, imputaron al teniente coronel Ronald Recanatini —piloto—; al primer teniente Willie Morales; y a los sargentos Rafael Guillén, Jesús Gutiérrez y Ever Zerpa, por presuntamente incurrir en los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave, en grado de frustración, y asociación para delinquir”.
Los periódicos y algunas televisoras —Globovisión, por ejemplo— difundieron la nota de prensa suministrada por el Ministerio Público —que escribió mal el apellido de Recanatini, confundiéndolo con Reganatini—, pero llama la atención el hecho que Correo del Orinoco publicó exactamente la misma gacetilla haciendo omisión de los nombres de los involucrados. Por algún motivo, las identidades de las personas presuntamente implicadas no eran relevantes para ese medio, de contenido editorial abiertamente gobiernista.
El 26 de septiembre de 2014, el Observatorio Venezolano de la Violencia —OVV— y la ONG Paz Activa convocaron una rueda de prensa para comunicar los resultados de la primera encuesta realizada en Venezuela sobre delito organizado. El director del OVV, Roberto Briceño León, explicó que la encuesta fue realizada entre junio y julio, con una muestra de 600 entrevistados, residentes de ciudades grandes y medianas en las zonas urbanas de los 23 estados del territorio nacional.
Entre muchos hallazgos, el sondeo reveló que 60% de los consultados piensa que los funcionarios públicos están implicados en el origen de mercados ilegales; 56% está persuadido de que los cuerpos de seguridad están incursos en violaciones sistemáticas a la ley —un porcentaje equivalente estima que ayudar a los agentes trae peligros—; y 52% cree que los militares están implicados en el tráfico de drogas. Esto significa que más de la mitad del país considera que las armas de la república se han puesto al servicio del tráfico de drogas.
Briceño León aclaró que los alarmantes porcentajes en los que queda reflejada la falta de confianza —cuando no abierto pavor— en los cuerpos de seguridad y la institución castrense no tiene ninguna vinculación con el estridente escándalo de las maletas pasajeras de Air France, puesto la medición se llevó a cabo meses antes del chapucero contrabando. Como colofón, 31% de la muestra afirma que el Gobierno no hace nada para combatir al delito organizado en el país. Y 42% dice que es poco lo realizado. Esto suma un 74% de encuestados inconformes, por decir lo menos, con la actitud del Estado frente al delito organizado.
Pese al impacto que reviste el hecho de que un teniente coronel activo del Ejército esté presuntamente enredado en una trama de robo de una avioneta y haya sido recluido por ello en el Centro Penitenciario de Yare III, el asunto recibió muy poca atención pública. En el interior del Ejército el lance causó estupor, mucho más para quienes conocen al comandante Ronald Recanatini Echenagucia, piloto excepcional que por tales habilidades había recibido tentadoras ofertas en el extranjero, siempre rechazadas; y maestro de pilotos, que lo distinguen como un instructor de altura.
Sin embargo, los medios de comunicación no le hicieron seguimiento al caso y ni siquiera los periodistas más informados de la fuente castrense pudieron suministrar información sobre el oficial.
En Internet hay muy poco. Apenas esta breve autobiografía, una de las pocas notas que el teniente coronel llegó a insertar en su blog, hace por lo menos un lustro: “Saludos, soy el Capitán (Ej) Ronald Recanatini Echenagucia, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 1995, en la especialidad de Artillería Anti Aérea, en la actualidad pertenezco al Arma de Aviación del Ejército ‘Arma Maestra a la altura de los grandes retos’, soy piloto de aviones de transporte, donde me desempeño como piloto de comprobación del Sistema M-28 Skytruck, a los alumnos de la Unefa y demás visitantes les agradezco primeramente su visita a este sitio, el cual está destinado a incrementar exponencialmente sus conocimientos militares, a fin de prepararlos como excelentes comandantes de tropa con el grado de subtenientes de reserva”.
El martes 13 de marzo de 2007, Recanatini Echenagucia escribió: “La Aviación del Ejército como arma maestra, es una organización dinámica que demanda de nosotros un sentido de pertenencia y entrega del servicio para contribuir al desarrollo vertiginoso que ha experimentado nuestra arma”.
En el Registro Nacional de Contratistas consta una empresa cuya persona contacto es Ronald Recanatini. Se hace la salvedad, en letras rojas, que no está inscrita, pero ahí constan unos datos: la persona jurídica se llama Rys Aviation XX, CA y su dirección fiscal radica en la Urbanización Terrazas de Vista Fresca. El comandante fue aprehendido el 18 de septiembre y la fecha de actualización de la suscripción al RNC fue el 29 del mismo mes de 2013. Es todo.
El estado Apure es importante en este lío. Según explicó el penalista Bayardo Ramírez, en la citada entrevista en El Universal: “Aquí hay un aproximado de 116 aeropuertos clandestinos que se ubican en el estado Apure, cercano a la frontera con Colombia. Disponen de avionetas especialmente diseñadas para el traslado de la droga. Hay caminos estratégicamente trazados para el traslado de los cargamentos en vehículos que posteriormente son montados en las aeronaves. Hay una logística muy bien planificada”.
En julio de este año apareció Estado delincuente, el libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre, que contiene una minuciosa exposición sobre cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela —Editorial Cyngular. Entre sus páginas dice: “Una investigación de The New York Times publicada el 27 de julio de 2012, de las periodistas Meridith Kohut, María Eugenia Díaz y Jenny Carolina González, afirma que desde el sur del estado Apure, traficantes de drogas, en complicidad con las FARC que controlan la zona, sin interferencia de las autoridades venezolanas o de la FAN, tienen casi un ‘puente aéreo’ hacia Centroamérica, principalmente hacia Honduras. Desde esas pistas clandestinas en el Alto Apure estaría saliendo cerca de 24% de la cocaína de Suramérica. Estas rutas habrían comenzado a operar desde el año 2005, cuando el actual gobierno de Venezuela terminó la cooperación con la DEA”.
Tablante y Tarre evocan en ese libro las declaraciones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien fuera destituido y actualmente está en Estados Unidos, al parecer colaborando con la DEA, quien “acusó en entrevista televisiva a oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas de utilizar instalaciones militares para el tráfico internacional de drogas. Otro magistrado que se ha referido al tema en similares términos es Luis Velásquez Alvaray, actualmente asilado en Costa Rica, quien afirma que el narcotráfico está dentro del Poder Judicial: ‘existe el cartel…de los generales, que llaman el cartel de los soles, porque son generales con gran fortaleza…’”.
En su columna Runrunes, del primero de octubre de 2014, titulada “Mi presidente Maduro”, Nelson Bocaranda se defiende de las acusaciones del heredero contra él y le sugiere que se busque “otro entorno de asesores y aduladores menos chismosos, pero mejores profesionales, que le digan la verdad”. Bocaranda recomienda indagar en agujeros negros como “el fondo de pensión de los trabajadores de PDVSA, los seguros de la refinería de Paraguaná, las obras en Fuerte Tiuna, la compra de equipos militares en Rusia, las inversiones en el sector eléctrico, sobre Cadivi, los bonos de la Nación, los guisos del Fonden y del Fondo Chino, entre otros”. Y aquí inserta un punto con la evidente intención de darle más dramatismo a la siguiente frase: “Mire que no cito el del narcotráfico apoyado por los hombres de uniforme pues sé que hasta allá no se puede llegar”.
Fotos: Carlos Ramírez y Luis Vallenilla. Cortesía Archivo Fotográfico de Cadena Capriles
