Investigación

Patriotas cooperantes: los sapos de la revolución

No hay certeza de su pérfida existencia. En cambio sí hay detenidos por sus supuestas acusaciones. Los patriotas cooperantes no son invento inédito del socialismo del siglo XXI. Por ejemplo: KGB soviética. Son grupos que vigilan a los ciudadanos y chismean para garantizar el control social y neutralizar las actividades de los opositores al gobierno

Composición fotográfica: Mercedes Rojas Páez-Pumar
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Con el mazo dando,  el programa que el número dos de la revolución conduce todos los miércoles, tiene una sección fija que compensa la falta de encanto mediático de su conductor: “Los Mazazos”. Diosdado Cabello lee unas tarjetas de apuntes que complementan lo que lee en su laptop, y entonces comienza su inquisición: informaciones sobre el funcionamiento interno de los partidos, la vida personal de los dirigentes opositores, supuestas pruebas de actividades conspirativas y muchísimos chismes personales dirigidos a estigmatizar y ridiculizar a los opositores forman parte del menú de supuestas infidencias. El presidente de la Asamblea Nacional apoya sus informaciones en datos que le aportan los “Patriotas Cooperantes” —que aparentemente tienen infiltrado a todo el país e informan a Cabello de todas las actividades privadas de cualquiera que no comulgue con la revolución bolivariana.

El Patriota Cooperante es una figura singular, sin fuero legal o presencia institucional conocida, tampoco hay datos o informaciones certeras sobre su existencia y actuación en el país. Y, sin embargo, su nombre es citado constantemente no solo por el presidente de la Asamblea Nacional, sino también en juicios, acusaciones e informes de los organismos de inteligencia del Estado.

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María Corina Machado, diputada destituida de su cargo por el propio Cabello y a quien se le suele mencionar en el programa con el remoquete de “María Violencia”, desestima la existencia de estos supuestos informantes y cree que se trata de un mecanismo de intimidación. “Lo que ellos buscan, como todo régimen totalitario, es aterrorizar con la figura del sapo, del infiltrado, como mecanismo para generar más desconfianza y una ruptura en el tejido social de colaboración y solidaridad que tenemos entre los ciudadanos. Además, la mayoría de las cosas que publican son mentira. No creo que haya ninguna base creíble para pensar que existen estas figuras”.

No obstante, la también dirigente de Vente Venezuela no duda de que exista vigilancia por parte de los organismos estatales. “El régimen ha invertido una fortuna astronómica en mecanismos de alta tecnología para seguirnos y obtener información sobre nuestras actividades. Mi correo, mi teléfono, mi casa, mi familia, yo sé que soy vigilada. No me dejan salir del país e incluso cada día me hacen más difícil moverme dentro de Venezuela. No puedo comprar pasajes en las aerolíneas del Estado, eso es una aberración, como si fueran de ellos”, recuerda Machado una larga lista de agravios y persecuciones en su contra.

Algunos antecedentes

Las revoluciones son paranoicas por naturaleza, desde la Stasi alemana, pasando por la KGB soviética y terminando con los célebres Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que funcionan en Cuba, los socialismos reales tienden a la vigilancia de sus ciudadanos, con el objetivo de garantizar el control social y neutralizar las actividades de los opositores al gobierno. En el caso del proceso venezolano, ya desde la época del fallecido Hugo Chávez, se instaba a las personas a vigilar a sus vecinos e informarlo al gobierno. Los Círculos Bolivarianos, muy activos entre 2001 y 2007, eran una suerte de versión venezolana de los CDR cubanos; solo que a diferencia de los antillanos, su poder político se limitó a ser fuerzas de choque que operaban en marchas y movilizaciones opositoras, más que a ser la médula de un control social absoluto.

Juan Barreto se vio empapado de acusaciones cuando una serie de explosivos se colocaron en puntos neurálgicos de la ciudad capital, siendo el más letal el que estalló en la sede de Fedecámaras en febrero de 2008, y que días después se atribuyó a “Frente Guerrillero Venceremos”, un grupo que según acucioso reportaje de Víctor Escalona en el desaparecido periódico El Mundo, estaba vinculado al Estado venezolano y hacía vida en la Parroquia 23 de Enero de Caracas. Héctor Serrano Abreu, quien colocara el artefacto explosivo y muriera al no saber manipularlo y explotar junto a él, tenía una chapa de la Policía Metropolitana y cobraba en nómina de la Alcaldía Mayor, como parte de una “Red de Inteligencia Social” de la cual Barreto admitió en aquel entonces que tenía más de 8.000 miembros.

Federico González está dispuesto a compartir su historia siempre que se resguarde su identidad. A mediados de la década pasada emigró a Francia y al poco tiempo de estar en París sintió los avatares del desempleo. Gracias a un contacto familiar comenzó a trabajar en la embajada de Venezuela en el país galo, cuando Jesús Arnaldo Pérez era el embajador. “Al principio yo era una suerte de utility. Me mandaban a hacer recados, llevando y trayendo cosas. Luego, como yo manejaba y empecé a conocer muy bien la ciudad, me empezaron a usar como chofer suplente. Puedo decir que en la embajada muchos de los trabajadores no eran chavistas, y a veces eso generaba algunos roces y cierta tensión que luego se fue haciendo constante”.

“Con el tiempo”, continúa Federico, “entró a trabajar un señor llamado Guillermo Morales, quien haría las veces de una especie de periodista para redactar todo lo relacionado con la embajada y sus eventos, pero también era un hombre muy bueno en el área informática. Poco a poco se empezaron a escuchar quejas de los trabajadores porque les revisaban sus ordenadores y les registraban sus cosas. Yo en efecto comprobé que sí, que el tipo le chequeaba los ordenadores a todo el mundo allí”.

Dos casos trágicos

Ingrid Flores no llora ni dramatiza demasiado cuando habla de su hijo, Rosmit Mantilla, preso desde el 2 de mayo de 2014. Con aplomo, la señora Flores rememora el caso. “Hubo un allanamiento en Caricuao, en casa de mis padres, donde se llevaron detenido a mi hijo y a mi padre. Allá llegaron unos 120 funcionarios, acompañados de tres testigos. Ellos se llevaron a mi hijo hacia el cuarto, dejaron a mis padres y a los testigos en la sala. El cuarto es bastante pequeño de unos 2×3 metros. Eso se llenó de funcionarios, y de pronto uno de ellos se agachó y dijo: ‘mira lo que está aquí’, mostró cuatros sobres y sin abrirlos dijo: ‘aquí está el dinero’. Cuando los abrieron en cada sobre había cinco mil bolívares. Los sobres tenían una inscripción en la parte de afuera que decía Santa Fe en uno y en el otro decía Plaza Altamira. En ese momento mi hijo empezó a gritar: ‘me están sembrando, ese dinero no estaba allí’. Eran muchísimos funcionarios y no dejaban que entraran mis padres ni los testigos. Esa misma tarde salió el señor Diosdado por televisión, diciendo que habían realizado un allanamiento en Caricuao y que habían capturado a una de las personas que estaba financiando las guarimbas. Eso no es cierto. Mi hijo es un estudiante y defensor de los Derechos Humanos de la comunidad LGBT. Se los llevaron y esa tarde soltaron a mi papá, porque tuvo una subida de tensión. Casi 72 horas después, nos enteramos de que a mi hijo lo estaban acusando de ‘financiamiento de guarimbas’, algo que no existe en nuestras leyes. A la semana es que nos informan que un ‘patriota cooperante’ era el informante principal, esa es otra figura que no existe en nuestras leyes. Para ellos es una persona que busca información para acusar a otras, sin explicación de ningún tipo. No existe identidad, uno nunca sabe quién es, si es un vecino o si es alguien que ellos se inventan”.

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Lissette Gonzalez, hija de Rodolfo González, harto conocido como “El Aviador”, detenido el 26 de abril de 2014 y quien el 13 de marzo de 2015 luego de que presuntamente se suicidara en prisión, tiene un testimonio similar al de Flores: “El juicio no ha empezado aun, comienza el 13 de mayo. En el acto conclusivo de la fiscalía aparece como evidencia una grabación que entregó un patriota cooperante. Los abogados del caso y ONG de DDHH dicen que esto es ilegal, pero aun así la fiscalía basa sus actos en este tipo de testimonios anónimos”. Y luego agrega: “En las actuaciones de la fiscalía no aparece ningún nombre, es un testimonio anónimo. La fiscalía no da explicaciones, simplemente basa su investigación en lo que le parece. Nadie vela por los derechos de los imputados o los presos, al menos no en el caso de mi papá y mi mamá. Ese debería ser el rol de la Defensoría del Pueblo”. Rodolfo González fue acusado por el entonces Ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de ser el “articulador logístico” de las guarimbas. Lisette no conoce de otros casos, de los ligados a su padre, en que los testimonios de los patriotas cooperantes hayan sido la prueba central para la actuación del Estado, pero sí conoce del proceso contra Mantilla, a quien veía todas las semanas cuando visitaba a su papá.

La madre de Rosmit agrega: “hubo dos personas que detuvieron el mismo día, un militar y un ingeniero. El militar, que se llama José Gustavo Arocha Pérez, se acogió a ‘delación’ y fue puesto en libertad luego de declarar que él le entregaba dinero a mi hijo, a pesar de que mi hijo no conocía a ese señor, y que supuestamente Maria Corina Machado, Leopoldo López y todas esas personas recibían dinero de las manos de él. Hace dos meses nos dijeron que ese señor se fue del país. El ingeniero todavía continúa detenido”.

En ambos casos el retardo procesal ha sido la norma, lo que despierta suspicacias en torno a la consistencia de los expedientes. “Durante once meses la audiencia ha sido deferida una y otra vez, ya se va a cumplir un año y aún no se ha iniciado el juicio”, se refiere Flores al caso de su hijo, de quien dice estar de buen ánimo tras las rejas. “Estoy súper orgullosa de él, porque se ha mantenido firme y digno, con la certeza de que la libertad está cerca, aunque no podamos creer en la justicia en Venezuela, porque nosotros no podemos confiar en una gente que actúa por su propias leyes. Pero más allá de eso, mi hijo y todos los que están allá adentro están estudiando, a sus amigos les piden libros y siguen formándose, porque cuando salgan ellos quieren reconstruir el país”.

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Lissette no es tan optimista y cree que el “sapeo”, que en un principio fue una actitud mal vista en la socio-cultura venezolana, pudiera estarse convirtiendo en una forma de sobrevivencia para algunos. “En medio de escasez, pobreza, falta de empleo, el sapeo es una estrategia de supervivencia, una forma de mostrar lealtad y de obtener algo que te falta. Eso no significa que sea general, pero sí que el contexto lo incentiva”, señala. Termina su entrevista diciendo que en caso de existir no odia a la persona que habría delatado a su padre: “Pero me gustaría poder enfrentar a esa persona, preguntarle cuánto ganó. Verle la cara y que nos vea. Si lo que ganó vale nuestro sufrimiento. Me gustaría saber si se siente responsable porque mi papá haya muerto. O si de verdad creía aquello que denunció. ¿Se arrepentiría? Quién sabe. Odiar no valdría la pena, sería dedicarle demasiado tiempo y energía a alguien que no lo merece”.

Al final, y en vista de que no existe evidencia real de la existencia o actuación de los llamados patriotas cooperantes, pareciera que el Estado los ha convertido en una especie de amenaza invisible contra quienes se le oponen, lo que no necesariamente los amilana. “Yo tengo plena confianza en todas las personas de mi entorno, mis amigos, nuestros trabajadores”, dice María Corina Machado, confiada en que los venezolanos no tienen tendencia al sapeo. “A mí hasta me cortan la luz en los eventos que realizo, pero eso me dejará un poco afónica, desde luego, pero no más débil. La gente nos escucha y yo creo que nos quiere, y nos quiere cerca”.

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