Pender de un hilo por ser preso político

Negligencia. Oswaldo Graffe no le encuentra otro calificativo. Es lo que puede avizorar durante las visitas de fines de semana en la cárcel de Ramo Verde, cuando acude a visitar a su hijo, Carlos Graffe, dirigente de Voluntad Popular (VP) detenido el 13 de julio de este año. Es un preso político desde el momento en que lo secuestraron en una camioneta, al salir de una consulta oftalmológica, en Valencia, estado Carabobo, y lo detienen por supuestamente portar material explosivo. Ve cómo su palidez se acentúa y cómo su costado izquierdo es cada vez más vulnerable al tacto. Carlos tiene comprometido el riñón izquierdo, por la escasa atención médica que recibe en el centro de reclusión militar.

Su padre entiende su padecimiento. Ha corrido por los genes de la familia Graffe por décadas. Carlos padece de litiasis desde que nació, una condición que forma cálculos renales en las vías urinarias y biliares. Actualmente tiene cuatro piedras que deben operarse, y que solamente se agravan al no recibir una dieta baja en sodio y grasas, dos litros de agua al día, Urocit de 10 miligramos y una cirugía renal percutánea. Oswaldo solo puede asegurarle comidas balanceadas e hidratación en los días que lo visita. El resto de la semana está sobrecargada de carbohidratos y proteínas.

Su padre le entregó el informe con el tratamiento médico al juez del caso. Está en su conocimiento, al igual que de las autoridades del penal. “Coloquialmente hablando, no le paran pelota. Ellos asumen que es un ardid. Quisiera que le dieran el beneficio que le corresponde, que es la libertad plena. Pero yéndome a lo urgente, queremos que sea tratado”.

ATENCIÓN Urólogo especialista visitó Ramo Verde y confirmó que @CarlosGraffe debe ser atendido a la brevedad. Hay que hacerle exámenes 2/4

— Oswaldo J Graffe H (@Ograffe) 24 de septiembre de 2017

#ATENCIÓN ¿qué esperan autoridades de Ramo Verde que no han permitido que @CarlosGraffe sea tratado por su médico de su riñón izquierdo? 3/4

— Oswaldo J Graffe H (@Ograffe) 24 de septiembre de 2017

#ATENCIÓN La familia de @CarlosGraffe pide que se garantice su derecho a la salud y sea tratado inmediatamente en libertad. Es inocente. 4/4 — Oswaldo J Graffe H (@Ograffe) 24 de septiembre de 2017

“No es una política de Estado como tal, pero sí es un trato concertado”, asegura el abogado penalista y vicepresidente de Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Joel García. Al menos 45 prisioneros como Graffe necesitan atención médica en Venezuela, divulgó Foro Penal Venezolano el 19 de septiembre. Pero su deterioro parece no ser motivo de alarma ni de compasión para los carcelarios que los custodian. Así lo ha presenciado el abogado penalista en centros como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, “que está lleno de presos políticos”. “Es como una especie de venganza”, desliza.

Carlos Graffe podría perder el riñón izquierdo en caso de no someterse a un procedimiento quirúrgico. Su padre cuenta que, luego de siete semanas de su detención, pudo ir a la enfermería de Ramo Verde: “Apenas vio los informes médicos, la doctora se alarmó y le preguntó ‘¿No te han atendido eso aquí?’ Él le contestó que no”. Se ordenó un traslado al Hospital Militar para evaluar su litiasis, con la mala suerte de que no había especialistas para tratarlo. Se agendó una cita médica para el 11 de septiembre, pero no asistió. “En Ramo Verde alegaron que no había medios de transporte para movilizarlo. Allí adentro hay muchos vehículos, los he visto. Lo dejaron en su celda sufriendo su condición médica”, se lamenta Oswaldo.

Con fecha de expiración

Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, pagó el precio más alto de la indiferencia. Fue detenido el 17 de diciembre de 2016 y acusado de “hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor”, luego de un brote de protestas que se registró en diciembre de 2016, al oeste de Apure. Fue encarcelado en la sede del Sebin de ese estado. Allí, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

“Le fue negado cualquier tipo de asistencia médica”, denunció la diputada y defensora de los DDHH Delsa Solórzano, quien alegó por su cuenta de Twitter que solo había sido movilizado a un centro de salud cuando ya no existían posibilidades de mejora. «Ya tenía dos semanas que le había dado el ACV pero ellos (el Sebin) insistían que estaba fingiendo. Lo trasladan al hospital cuando ven que su estado de salud era bastante degenerativo. Ahí es cuando la gente se alborota y solicitan el traslado», aseguró su hermana Yorlenys Aular para Caraota Digital. Desde el 18 de agosto estuvo recluido en el Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira. Se emitió una orden de traslado el 14 de septiembre a su residencia que no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad encargados de su reclusión. El 18 de septiembre de 2017, el concejal falleció en dicho sanatorio.

Ante la falaz campaña mediática orquestada con la muerte del ciudadano Carlos Andrés García, reiteramos el cabal cumplimiento a los DDHH. pic.twitter.com/iYfyUfpKk7

— G/J González López (@GJGonzalezLopez) 19 de septiembre de 2017

A horas de su deceso, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en un comunicado emitido el 19 de septiembre que la muerte de Carlos Andrés García no se debía a un ACV no atendido, como los defensores de derechos humanos denunciaron. Un análisis reveló que García sufría una presunta enfermedad relacionada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Su muerte despertó una problemática que parecía dormida. Los presos políticos se desgastan, enferman, padecen, ante la mirada impasible del gobierno de Nicolás Maduro. Sea ACV o VIH, el Estado venezolano es el encargado de velar por su integridad física, dentro y fuera de un centro de reclusión. La constitución de 1999 aún vigente lo establece. El derecho a la vida es inviolable. Su artículo 43 reza: “El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.

El caso omiso de la ley se evidencia a medida que los presos políticos aumentan, y con ellos la falta de asistencia médica oportuna y especializada. No es un hecho que escapa de la mirada de la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado la voz por los padecimientos de los detenidos arbitrariamente en Venezuela. Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo referencia a las pobres condiciones de detención y las violaciones al debido proceso. “En la mayoría de los casos de detención documentados por el ACNUDH se mantuvo a los detenidos en condiciones que no cumplían las normas internacionales básicas de derechos humanos y que con frecuencia constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes”, especificaba en su último informe emitido en agosto de 2017.

La larga espera

En el trayecto, el desgate continúa para dirigentes políticos como Graffe. Gilber Caro, militante del partido de la tolda naranja y diputado de la Asamblea Nacional, fue detenido el 11 de enero de este año por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por supuestamente portar un F.A.L., explosivos plásticos y dinero en efectivo, según el vicepresidente Tareck El Aissami. En señal de protesta se cosió la boca e inició una huelga de hambre el 11 de septiembre que duró ocho días. Un desmayo le impidió continuar.

Militares engrosan la lista. El general retirado Ángel Vivas, detenido el 7 de abril y actualmente recluido en El Helicoide, presenta fracturas en la columna y pérdida de la audición. Su hija Angélica Vivas y su esposa Estrella Vitora se han encargado de denunciar su enfermedad a través de las redes sociales. El capitán Juan Carlos Caguaripano, quien estuvo desaparecido por 40 días y luego hallado en “La Tumba” de la sede de Plaza Venezuela del Sebin, presentó enfisema pulmonar y gastritis. Además, su piel evidenciaba signos de tortura, como su esposa Irene Olazo dedujo incluso antes de verlo por pitazos de los mismos funcionarios del Sebin. El coronel José Gámez Bustamante, apresado desde febrero de 2015, ha sufrido dos ACV, diferentes trombosis y parálisis parciales en el cuerpo desde que está tras las rejas. Las listas se quedan cortas. Muchos casos engrosan informes no procesados, incluso obviados por la opinión pública al no tener la maquinaria comunicacional. Se mantienen en la oscuridad. El padre de Carlos Graffe es testigo de que hay otros detenidos –todos disidentes del gobierno de Nicolás Maduro- que presentan irregularidades de salud en la celda donde su hijo está recluido. Además del hacinamiento que sufren más de 50 personas en una celda de unos 100 metros cuadrados, ve personas con heridas causadas durante sus capturas y diabéticos desbalanceados por la mala alimentación. Incluso casos como Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo), quien se convirtió en el primer dirigente sindical aprehendido en la región por razones políticas.

“Sé que tiene una hernia y que presenta temas en la columna importantes. Yo lo veo cuando voy, usa una faja”, cuenta Graffe padre. Afecciones por estrés en distintos grados, deficiencias vitamínicas por no recibir luz solar y sistemas pulmonares afectados por recintos húmedos son las enfermedades más comunes que presentan las personas catalogadas como presos políticos, indica el abogado penalista García. Son consecuencias multifactoriales. “De Carlos Andrés García nos enteramos porque es preso político. Pero en las cárceles de presos comunes hay epidemias de hepatitis, tuberculosis, sarna. Como sea, es un ser humano que tiene derecho a la salud. No pueden dejar que se pudran. Ese no es el fin último, sino resocializar”, asegura el vicepresidente de Fundeci.

Lo que no se ve, igual se siente

Kevin Rojas, José Saldivia y Alex González viven el contagio en carne propia. Son tres de los diez estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertado (UPEL) de Maracay, recluidos en la sede del Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, conocido como el penal de Tocuyito, lleno de personas procesadas por delitos comunes. Mientras su salud languidece, la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, desestima el riesgo de su condición, al alegar de forma despreocupada que los jóvenes “no están graves ni en estado terminal”, el 21 de septiembre de este año.

La negligencia no sabe de libertad de pensamiento. Este 22 de septiembre de 2017 falleció Adolfo Iván Martínez Canino, detenido en las salas de guardia y custodia de la Policía Municipal de Guaicaipuro (Poliguaicaipuro), por “desnutrición severa y desgaste multiorgánico”, según informó su médico internista. Estaba encarcelado bajo acusación de delito de homicidio desde septiembre de 2016. Un año bastó para que se convirtiera en la segunda muerte de aquel recinto: Héctor Efraín Nieves Medina, de 28 años, fue el primero después de haberlo trasladado en estado de emergencia hasta el hospital Victorino Santaella. Allí murió por deficiencia calórica. La respuesta del Estado fue la misma para ambos casos: silencio. Las denuncias de los brotes epidemiológicos que surgen en los penales y centros de reclusión no cesan en Venezuela, mientras los procesados perecen bajo la vista gorda institucional. “El problema está en que el gobierno no admite que hay presos políticos. En ese sentido no hay distinción ni tratos especiales. Al contrario, el trato es diferente, es peor”, afirma el vicepresidente de Fundeci. Defensores de los Derechos Humanos y abogados se encargan de que los malos tratos, falta de atención de salud, incluso muerte de los aprisionados del gobierno de Nicolás Maduro generen una respuesta institucional, con la máxima aspiración en mente: libertad plena.

Iván Simonovis aún la espera. Ya no es santo nuevo. Ya no ocupa primeras planas de periódicos ni minutos en la televisión venezolana. “Uno trata de entender que están pasando cosas graves, pero eso no implica que esto no siga siendo grave”, se lamenta su esposa, Bony Pertíñez. Quien fue jefe de la seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana durante los hechos del 11 de abril de 2002 fue sentenciado a 30 años en Ramo Verde por la violencia que se desató en Puente Llaguno, en Caracas. Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces: existen 556 presos políticos hasta la fecha. Sin embargo, fue tema de conversación en Twitter cuando se cumplieron tres años desde que se acordó una medida humanitaria de casa por cárcel por su delicado estado de salud, que comprometía su estructura ósea.

En Vzla.la cárcel es una muerte en cámara lenta. Gobierno omite atención médica a los presos políticos como mecanismo sistemático de tortura — Bony Pertíñez (@bonypertinezh) 18 de septiembre de 2017

Hoy también el Comisario @simonovis cumple 12 años y 10 meses d presidio,43% d la pena impuesta #FórmulasAlternativasDelCumplimientoDeLaPena

— Bony Pertíñez (@bonypertinezh) 19 de septiembre de 2017

Hoy está cómodo y su esposa puede conseguirle paliativos. Pero a pesar de estar en su hogar, sin poder salir de él, sufre los remanentes de ser un preso político de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sin posibilidades de salir de su propia casa. “Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. La cárcel es muerte en cámara lenta. Lo más grave es que es política sistemática del gobierno, que incurre en violaciones que pueden ser denunciadas perfectamente en La Haya. A Iván yo le puedo dar las medicinas. Pero si tiene una emergencia debo ir a Maracay para solicitar que lo trasladen. Es un trato cruel e inhumano. Los presos mueren lentamente”.

Las 19 patologías no desaparecen. La más grave, la osteoporosis. Sufrió una disminución en la densidad mineral que le llegó a los huesos para quedarse. Solo alcanzó a ver el sol en trece oportunidades de los 9 años que estuvo recluido en la cárcel militar. Para combatirla dentro de sus cuatro paredes, Iván aprovecha los rayos solares y se sube a una pequeña caminadora y camina, en velocidades muy lentas, con los pasos contados y precisos. “Puede que la columna se le fracture y quede parapléjico, espontáneamente, en cualquier momento. Debe hacer todo con mucho cuidado. Acá puede tomar sol, pero no tiene la rehabilitación que él precisa”, alerta Pertíñez.

Pertíñez acumulaba quejas desde 2007, cuando el desgaste de Simonovis era un hecho. “Él cuando entró era un adulto sano. No tenía ninguna patología. Poco a poco empecé a ver la palidez. El tema del sol y de no poder hacer ejercicio por el espacio reducido en el que estaba lo deterioró gravemente”, confiesa. Un mal se colaba en su psiquis, sin signos físicos aparentes. Ya no tiene tanta hambre como antes de la cárcel. Tampoco tanto sueño. Sufre de insomnio, no se relaja, se despierta en las madrugas con pensamientos reiterativos. Simplemente, no olvida lo vivido. Pertíñez lo atestigua: “Tuvo una ruptura de su estabilidad psicológica. Le pasaría a cualquiera. Está esa percepción de que está en su casa y la gente como que no te para más. Sí, está en su casa, pero no está bien”.