Renovación de poderes: absolutismo rojo

“Si les das más poder al poder, más duro te van a venir a joder». Molotov

Los últimos días del 2014 fueron inusualmente activos en la arena política, con decisiones trascendentales tomadas por mayoría simple y que repercutirán en los próximos años. Del 22 al 29 de diciembre se renovaron los poderes públicos, valga decir, el Poder Ciudadano, conformado por el Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo; el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la figura de sus rectores; y 16 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ¿Pero qué pasó mientras el pueblo venezolano se distraía con la menguada oferta de costosos juguetes navideños, la escasez de ingredientes para las hallacas y la llegada de un accidentado año nuevo?

Poder Ciudadano

Luisa Ortega Díaz fue ratificada por la Asamblea Nacional como Fiscal General de la República, cargo que ejerce desde 2007 con evidente parcialidad partidista; Tarek William Saab, ex constituyentista, ex diputado a la Asamblea Nacional y gobernador del Estado Anzoátegui por el PSUV desde el 2004 hasta el 2012, sustituyó a Gabriela Ramírez en el cargo de Defensor del Pueblo; y Manuel Galindo Ballesteros, quien fuera Procurador General encargado desde 2013, en sustitución de Cilia Flores, actual Primera Dama de la República, al quedar la vacante por el fallecimiento de Clodosvaldo Russián.

Estas postulaciones fueron presentadas por el Diputado Darío Vivas (PSUV). El partido de gobierno designó con mayoría simple de la AN —también denominada absoluta— a los antes mencionados representantes del Poder Moral. Es decir, con 99 votos que representan la mitad más uno de sus miembros. La bancada de oposición objetó la designación calificándola de inconstitucional, alegando lo establecido en el Artículo 279 de la Constitución, que prevé para estos casos: “el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes” o mayoría calificada —110 votos.

No obstante lo anterior, el Presidente de la AN, Diosdado Cabello, invocó una interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el precitado artículo, solicitada por él mismo y que coincidencia y oportunamente para el PSUV, fue publicada el mismo 22 de diciembre. En ella se afirma que: “aplica la mayoría absoluta a la que se ha hecho referencia, la cual se configura con la manifestación afirmativa o positiva de la mitad más uno de los diputados y diputadas presentes en la sesión parlamentaria que corresponda, no resultando aplicable ni exigible, por tanto, la mayoría calificada a la que se refiere el primer párrafo del mencionado artículo 279 Constitucional, alusivo a un supuesto diferente al expuesto en la solicitud de autos”, según suscribe la página de Tribunal supremo de Justicia.

Consejo Nacional Electoral

Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, actuales Presidenta y Vicepresidenta del CNE, fueron designadas como rectoras principales desde el año 2006 y promovidas unánimemente por el oficialismo. Repiten como rectoras principales al aprobarse en la Asamblea Nacional la propuesta del PSUV de darles continuidad en sus cargos, que a su vez fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Además, fue designado Luis Emilio Rondón, quien ha venido desempeñando el cargo de Director de Partidos Políticos del CNE, y cuya tendencia sigue siendo una incógnita. También se designaron seis rectores suplentes.

Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón serán los “rectores representantes de la sociedad civil ante el CNE” durante los próximos siete años. No obstante, la evidente parcialidad política de las dos primeras, según denunciaron las organizaciones Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Grupo La Colina y Súmate, mediante comunicado: “ha permitido el ventajismo electoral en todos los procesos que han supervisado y nunca rindieron cuenta de su gestión”. Junto a ellos estarán Abdón Hernández, Alí Padrón Paredes, Carlos Quintero, Luis Emilio Rondón y Pablo Durán.

Tribunal Supremo de Justicia 

Se designaron 16 Magistrados en cuarta sesión de la AN por mayoría simple, luego de tres sesiones sin consenso para la elección por mayoría calificada, y conforme la propuesta de nombres presentada por el diputado por el PSUV, Elvis Amoroso. Entre otros, destaca la designación como Magistrados de jueces protagonistas de juicios políticos, como por ejemplo Marjorie Calderón en la Sala de Casación Social, quien dictara la sentencia contra los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, con ocasión a los sucesos del 11 de abril de 2002; y Maikel Moreno, “quien fuera el juez que dictó orden de captura en 2004 contra el comisario Iván Simonovis”, suscribe El Nacional el 29/12/2014. En esa misma nota de prensa se cita al abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez. Refiere que sin un poder judicial independiente, no habrá un árbitro imparcial para dirimir los conflictos sociales.

Al juramentar a los nuevos Magistrados, el Presidente de la AN, Diosdado Cabello, exclamó: “Todos estamos aquí por Chávez”, obviando lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Nacional que establece “los funcionarios públicos y las funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.

¿Por qué el Gobierno busca concentrar el poder (Y se le permite)?

Según datos ofrecidos el 11 de enero de 2015 por el Presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, la popularidad de Nicolás Maduro ha descendido considerablemente rondando el 20%. A su vez, la firma Keller y Asociados da cuenta de que 72% del país pide un cambio. Asimismo, Nicmer Evans, politólogo declarado chavista y miembro de Marea Socialista, a la pregunta del periodista Jolguer Rodríguez de si es hoy más totalitario el PSUV, respondió que por esa exclusión preservan importantes cuotas de poder. También afirmó que el rumbo de mala gestión de Maduro se traduciría en un voto castigo.

El gobierno bolivariano afronta sus horas más bajas en cuanto a popularidad y por ello refuerza su estrategia de control institucional absoluto. La intención con las ratificaciones del CNE es desmotivar el voto, en tiempos donde la preservación de la democracia depende de ejercer ese derecho fundamental y defenderlo. Con la cooptación del Poder Moral y del TSJ, se pretende controlar las vías administrativas, políticas y jurídicas de los ciudadanos.

Cuando desde las cúpulas se nos envía el mensaje de que al final se hace la voluntad del poderoso, del vivo criollo, y la sociedad lo acepta por desinterés, resignación o impotencia, se otorga una patente de corso al infractor. Y, el mundo al revés, se criminaliza al que reclama o ejerce sus derechos vulnerados, tal como se desprende de los informes sobre las judicializaciones de protestas sociales y políticas publicados por las ONG´s Provea y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

La magnitud de la no independencia de poderes quedó evidenciada en su propia “renovación” que en realidad atornilló a piezas del oficialismo. Si estos funcionarios continúan actuando como operadores del partido de gobierno, la injusticia se enraizará como política de Estado. Sin justicia, no hay Estado de Derecho, y por ende, democracia. Por ello los esfuerzos de darle apariencia legalista a las arbitrariedades del poder a través de las instituciones del Estado, son tan nefastas como la violación misma.

La obsesión del chavismo por controlar todos los ámbitos del poder y restringir las libertades y derechos individuales termina confirmando la erosión de su popularidad y la merma en su base de apoyo en vista de la crisis económica y social de los últimos tiempos. Se traduce en oportunidades electorales para la oposición. Pero, tal como declara Oscar Schemel, Presidente de Hinterlaces, eso no significa que el chavismo esté derrotado de antemano: “Si el chavismo logra repolarizar a la población, es decir, convertir a la oposición en una amenaza al modelo social de inclusión, tendrá otra oportunidad.”