Las balas chocaron contra el Ford Fiesta sin que alguien pudiera siquiera aullar alguna advertencia. Eran escupidas por armas automáticas que empuñaban cuatro asesinos que fueron contratados. Aquello era un encargo. El sonido seco de esos tiros, el estallido cristalizado de los vidrios y los gritos ahogados de las tres personas que estaban adentro de aquel carro paralizaron, durante lo que pareció un tiempo sin fin, a los vecinos de la urbanización Brisas del Araguaney, en Valera, estado Trujillo.
A las 9:10 de la noche, del pasado 12 de abril, en ese carro de color beige, diana de los pistoleros a sueldo, moría la periodista Doris Viloria Palomares, una mujer de 28 años. Contra ella, que iba en el puesto del copiloto, se ensañaron. Sus dos amigos, Alejandro Bocán y Erwin José Betancourt lograron sobrevivir —a pesar de sus graves heridas.
Después de haber cumplido con su cometido, los cuatro asesinos huyeron en la misma camioneta que habían llegado, y hasta hoy, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas —Cicpc— nada saben de su paradero. Esa noche infeliz, nadie supo dar alguna pista de aquel carro en el que huyeron los matones. Ninguno tuvo la precaución de fijarse en el color, o en la marca, o en la placa. El acero, la sangre, el susto y la incertidumbre no dieron tiempo a nada.
En seis meses no hubo noticias ni móviles, tampoco explicaciones que les devolviera a los deudos de Doris algo de calma. Pero durante ese tiempo sí hubo trabajo. Los investigadores que hubieron de tomar el caso lograron descifrar que aquel ataque había sido un homicidio pagado y la que debía morir, tenía que ser acribillada. Gracias a unos mensajes de texto con amenazas de muerte, los policías dieron con la autora intelectual del hecho. Una maestra fue quien encomendó el crimen. Una mujer de 38 años. Su nombre es Élida Mercedes Uzcátegui Bracho.
Ella, gracias a un contacto, según trascendió, ubicó a los cuatro miembros de la banda “Los Quemaos”, una de las más peligrosas de Valera. Los cuatro hampones accedieron, cobraron y cumplieron. El monto que la educadora canceló no fue revelado. Élida fue capturada. El arresto lo llevó a cabo un grupo de funcionarios que llegó a Valera desde Caracas el pasado 24 de septiembre. Gracias a las pesquisas que duraron cinco meses, los policías reunieron elementos suficientes para una orden de captura y para luego imputarla y privarla de libertad. Ella hoy está recluida en el anexo femenino del Internado Judicial de Trujillo.
Durante las averiguaciones, y a pesar de lo poco que pudieron aportar los vecinos de la urbanización Brisas del Araguaney, los policías dieron con los nombres de los sicarios. Ellos son: Jerson Wilmer Morillo, de 28 años, y cabecilla de la banda; Carlos Alberto Duarte Cabrita, de 20 años y alias “El Carlitos”; Ángel León Laguna, de 18 años y apodado también “Carlitos”; y Darwin David Peña, de 20 años. Además de sicariato, estos jóvenes comenten delitos como el robo y hurto de carros y el tráfico de drogas.
Élida mandó a matar a Doris porque fue la amante de su marido. Así lo confesó ella ante las autoridades. “La infidelidad de Hernán no me dejó otro remedio”, declaró. Hernán Campos, el esposo de Élida, fue directivo del Servicio Autónomo Trujillano del Deporte. Doris, cuando fue asesinada, trabajaba en VENTV, un canal de televisión regional. Allí junto a otro periodista, conducía un programa de opinión llamado Ventana global. Transmitía de lunes a viernes.
II
A Jhonny González, un periodista del diario Líder, también lo mandaron a matar. Cuatro hombres, repartidos en moto y una camioneta, lo interceptaron cuando el pasado tres de mayo salía de la sede de la Cadena Capriles en La Urbina. Él hablaba con su novia cuando fue emboscado. Solo alcanzó a rogar que no lo mataran. Pero los tiros interrumpieron sus súplicas y cortaron la comunicación con su pareja. Ella lo escuchó morir.
Aunque los funcionarios de la policía científica se pasearon por un abanico de hipótesis todas quedaron descartadas, excepto el crimen por encargo. Sin embargo, no han logrado establecer cuál pudo ser el móvil. Presumen que también fue pasional, pero no hay certezas. La muerte de Jhonny no fue la única que vivió la familia. Un hermano del periodista, Héctor Hugo González, de 23 años, se resistió al robo de su carro al final de la avenida Rómulo Gallegos y por eso le dispararon. Eso ocurrió en el año 2000. Nunca se hizo justicia por ese caso.
III
El hombre empuñó su arma y la atravesó por los barrotes de la reja que Milta Gudelia Pereira no había alcanzado a abrir. Luego de apuntar, disparó. Aquellas balas tumbaron a la mujer de 52 años, que caminaba hacia la puerta para atender a unos vecinos que a grito en cuello la llamaron para que saliera. Aquellos cañonazos llegaron directo a la cabeza.
El pistolero, un homicida por encargo, intentó además eliminar a dos moradores que usó de señuelo para que Milta saliera hasta el umbral de su hogar. Pero aunque los dejó muy mal heridos, Wilmar Peña y Yulesca Colmenares sobrevivieron al ataque. Ocurrió entre las 10:35 y 10:40 de la noche del jueves 14 de noviembre de 2012, en la avenida Carabobo entre calles 27 y 28 de Barquisimeto. Wilmar y Yulesca llegaron a la urbanización minutos después que el sicario, quien cobró 160 mil bolívares por su falta de piedad.
De acuerdo a lo que trascendió, la cadena de intermediarios para que el homicidio se cometiera fue larga, pero los funcionarios del Cicpc identificaron a Elizabeth Arguelles como la autora intelectual. La mujer de 59 años había mandado a matar a Milta, una asistente contable, porque su marido le había pedido el divorcio por ella. Elizabeth, dueña de una reconocida agencia de festejos en Barquisimeto, antes de plantear el “encarguito”, acudió primero a los ritos santeros para solucionar su problema. Pero los rezos, los baños y hasta el sacrificio de animales, que pondrían coto a la infidelidad de su hombre, no surtieron efecto, así que decidió mandar a matarla a tiros. Lo que no hizo la magia, bienvenidas pistolas.
De acuerdo a las averiguaciones, el aciago hecho se planificó en la casa de los santeros. Un joven, que allí se hospedaba, escuchó lo que necesitaba hacer Elizabeth y se ofreció para conseguir al matón. En el ínterin, la esposa engañada comenzó a amenazar a Milta. La llamaba, le enviaba mensajes de texto y hasta una corona de flores le hizo llegar anunciándole su entierro.
El joven que contactó con el sicario fue el encargado de facilitar los detalles. Un mes más tarde, después de perseguir y conocer la rutina de Milta, el pistolero cumplió. Esa noche, nadie pudo auxiliar a Milta porque su reja estaba cerrada con llave y sus dos hijas, con quien ella vivía, no estaban en casa.
Nueve meses más tarde, los funcionarios de la policía científica capturaron a Giovanny Pérez Colmenares, de 21 años; a Mariluz Domínguez Garfidio, de 38 años; y a Jorge Enrique Camejo, de 43 años. Ellos eran los “cómplices necesarios en el delito de sicariato”, así lo ratificó después la acusación que hizo el Ministerio Público ante el Tribunal 2 de Control de Lara. Ellos habían conseguido al autor material del hecho. El 14 de agosto pasado, días después de concretar los primeros arrestos, los policías detuvieron a Elizabeth. Estaba en una floristería cuando fue capturada.
Los aprehendieron y remitieron a una cárcel. Pero Elizabeth aún no ha sido trasladada al Instituto de Orientación Femenina en Los Teques, tal y como lo exigió el tribunal; su salud está comprometida y por ello permanece en una clínica barquisimetana.
El sicario está libre.
IV
Los números no están muy claros, pues el sicariato no es una modalidad que en el departamento de Estadística del Cicpc se use en sí misma. Los casos, como en los que murieron Doris, Jhonny y Milta son contabilizados como un homicidio más.
Hay expertos que consideran que eso debería cambiar, pues ese tipo de delito se ha vuelto un virus altamente contagioso. Ya no es exclusivo de localidades fronterizas ni tampoco afecta solo al gremio sindical. La vida de cualquiera ya tiene precio.
Los estudios adelantados en la policía científica, señalan los montos que cobra un sicario por su “trabajo”. Dependen de la complejidad de la víctima. Oscilan entre 20 mil bolívares y 200 mil dólares. Siempre hay intermediarios entre los autores intelectuales y los materiales. En ese puente también queda un monto que no ha sido establecido.
Según cifras que trascendieron, solo en el Área Metropolitana de Caracas pueden ocurrir un promedio de dos sicariatos al mes. Es decir: unos 24 al año. La cifra, advirtieron las fuentes, puede ser conservadora.
Hay casos de venganza o ajuste cuentas, cuyo sondeo ha determinado en el camino que se trató de un homicidio por encargo. Todo este auge capitalino, indicaron las fuentes, tomó cuerpo el año pasado.
En el país podrían registrarse no menos de 345 sicariatos en un año. El número, reiteran las mismas fuentes, es conservador.
V
La primera Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, que realizó la Asociación Civil Paz Activa con apoyo de la Unión Europea, reveló que los asesinatos como los de Jhonny y Doris podrían ser cada vez más comunes. Los resultados del empadronamiento denotan que el 36 % de los venezolanos considera «fácil» o “muy fácil” encargar un asesinato en su comunidad. “Es una situación dramática que no existía en Venezuela hace por lo menos 16 años, cuando comenzamos hacer estudios sistemáticos en esta área», explicó por su parte el sociólogo Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia —OVV—, cuando presentó la encuesta ante los medios de comunicación.
El experto explicó que la muestra se llevó a cabo entre junio y julio pasados. Fue tomada en 600 hogares de diferentes clases sociales. El margen de error es del 5 % y el nivel de confianza de 95 %. Otro dato que reveló el estudio, que está ligado a la cantidad de homicidios y quizás al auge de las muertes por encargo, indica que entre 40 % y 41% de la población considera «muy fácil» comprar un arma de forma ilegal.
“El tema del sicariato no nos agarró por sorpresa. Con esta modalidad de homicidio ocurre lo mismo que con el secuestro. Estaba allí, no se atacó, los delincuentes vieron que no recibirían un castigo rápido, y mucho menos justo, y decidieron dedicarse, además, a las muertes por encargo porque les resultó rentable… La impunidad es la gran culpable de esto”, aseguró, por su parte, Luis Cedeño, sociólogo y director ejecutivo de Paz Activa. Indicó, asimismo, que si a eso se le suma que, de acuerdo a la percepción de los encuestados, es muy fácil conseguir un arma de fuego, el sicariato seguirá en aumento si no son castigados todos, absolutamente todos, los involucrados en casos como el de Doris, el de Jhonny o el de Milta.
“Lo que demuestra es la anomia en la que cada vez se hunde más el país… Se está pagando por matar alguien porque es fácil conseguir un sicario y porque, además, se comenzó a ver la muerte como un castigo ante faltas que se pueden superar conversando, o en otras instancias… La vida también tiene precio, y parece no costar mucho”, concluyó quien por su seguridad prefirió el anónimo.
