Cuando la impunidad, el desamparo y el miedo arrinconan a la población, hay quienes se dejan interpretar el instinto más básico: sobrevivir. En algunas zonas urbanas la guerra contra la delincuencia es en su mismo terreno, el de la violencia y los disparos. La batalla por el control de las calles ya no solo incluye a policías y ladrones
El brebaje de tolerancia ya no se toma en Venezuela. Hace rato que pasó al olvido y fue sustituido por el de la violencia, a sorbos. Cada semana, los sucesos le quedan grandes a las páginas de sucesos, cada vez más descafeinadas. La cotidianidad de la agresión se ha instalado a la par del hartazgo. En una sociedad controlada por hampones, los vecinos organizados buscan rescatar sus espacios, así sea a sangre y fuego.
El lunes 4 de abril se vivió un nuevo episodio de «justicia popular». Vecinos de Los Ruices, en Caracas, lincharon a Roberto Josue Fuentes Bernal (42), quien había sido acusado de ladrón. Fue detenido por una turba en la Avenida Francisco de Miranda, golpeado salvajemente, rociado con combustible y prendido en fuego hasta sufrir quemaduras en 70% de su cuerpo. El agresor convertido en víctima permanece recluido en un hospital capitalino.
En algunos sectores de Caracas la desesperanza, el miedo y la paciencia se agotaron, convirtiéndose en caldo de cultivo de una reacción que busca equilibrar la balanza, sin abandonar la misma lógica violenta. A falta de veladores públicos, de uniformados aliados, de estructuras policiales y judiciales que cumplan las garantías que han quedado como letra muerta en las leyes, comenzó una guerra: matar o morir.
La urbanización Terrazas de Guaicoco, en el municipio Sucre, al lado del corazón de Petare, está arrinconada. Su ubicación, con una sola entrada –evidencia de otrora exclusividad- la ha convertido en blanco fácil para maleantes. En las noches, el asfalto soporta la acción de quienes ingresan a la zona para hurtar vehículos, robar residentes, atacar a algún peatón o conductor desprevenido. Cuando las llamadas a la Policía Municipal, y de cualquier nivel, ratificaron el sálvese quien pueda, un grupo de vecinos decidió organizarse y montar guardia en las noches. Los vigilantes ya no se ven por el lugar, eran peso muerto al estar desprovistos de armamento, formación, arrojo y hasta honestidad –muchos resultaron cómplices. El “hágalo usted mismo” de la seguridad, pero con un añadido, el objetivo va más allá de protegerse, es contraatacar.
Ahora, cada noche hay residentes en guardia, dispuestos a todo. “Una noche llegamos y fuimos asaltados al estacionar el carro. Los malandros se escondieron entre los vehículos y esperaban a cualquiera que llegara para atacar. Ese fue el detonante para nosotros mismos acabar con este acecho”, cuenta uno de los vecinos resteados, dispuestos a dar la cara ante el delincuente, pero no su nombre ante un periodista. No es miedo –dicen- pero saben que dar nombres y apellidos los retrata como un delincuentes más. Para ellos es mejor seguir en el anonimato. El vengador anónimo como protagonista de una vida más segura.
De hecho, el mismo punto que usaron los agresores para asaltar a aquellas víctimas, fue el primero que asumió el residente más fuerte y arriesgado para montar su primera guardia, en plena madrugada. Sus conocimientos policiales le daban ventaja. El cazador esperando a su presa.
Un día de septiembre de 2015 lo logró. Avistó a lo lejos cuando dos malhechores saltaban el muro de la urbanización para entrar a hurtar vehículos. “Los esperó en un lugar preciso y, cuando estaban a punto de saltar, hacia dentro les disparó en ráfaga. No sabemos si les pegó, pero esos malandros más nunca vinieron”, relata un vecino que atestiguó el evento.
Desde entonces, esa suerte de trabajo vecinal, el colmo de la colectivización, se ha multiplicado en Caracas y, más allá, ha tenido reflejo en otros territorios. Por ejemplo, en Los Guayos, el tercer municipio más peligroso de Carabobo. En la urbanización Parque Midev, por ejemplo, los asaltos masivos a las viviendas obligaron a los residentes a reunirse y tomar iniciativa de seguridad. No confían en las policías porque, o son cómplices de los hampones, o nunca llegan cuando les hacen llamados de auxilio.
La justicia por propia mano, así sea en caldo morado, ya deja saldos. En algunos sitios se han registrado linchamientos tan agresivos que los delincuentes han muerto a manos privadas. El linchamiento se volvió una práctica recurrente, tan común que ha ocurrido hasta dentro de una estación del Metro, en Los Dos Caminos, de Caracas. Allí, un supuesto ladrón fue golpeado salvajemente la semana pasada, al punto de quedar moribundo. Lo rescató la policía a tiempo, aunque la gente pedía sangre, que lo mataran. La respuesta del uniformado fue elocuente: “¿y por qué no lo mataron ustedes antes de que llevara la policía?”.
“Que los vecinos se organicen demuestra las eminentes fallas en las políticas de Estado. Las personas capturan a delincuentes, los atacan, los dejan heridos y hasta los matan. Nadie está confiando en el sistema policial y judicial de Venezuela. Piensan que si entregan a un malandro a la policía, salen libres. Si el proceso judicial continúa, puede que sea liberado por jueces y eso aumenta la impunidad. Si llega a la cárcel se hace con estatus. Todo tiene un margen de desconfianza”, refiere el experto en criminología Luis Izquiel. A su juicio, hace falta una acción pública inmediata, urgente, para evitar que prolifere esta nueva forma de “protección ciudadana”.
El Marqués, El Encantado, Bello Monte, La Florida y otras urbanizaciones de Caracas son ejemplo de unión y seguridad vecinal. Allí hablan de recuperar espacios, de no ceder un metro más al hampa. Amén si cuentan con apoyo de las policías locales. Es un secreto a voces que quienes están aupando este tipo de acciones contra los delincuentes son exfuncionarios policiales o de seguridad privada. Son ellos quienes tienen conocimiento pleno de las tácticas y el ataque, y están dispuestos a enseñarlos. Después de todo, muchos son vecinos.
Alarmas, pitos, cacerolazos y disparos. La escalada es rápida, tanto como la respuesta, cuando aparece un desconocido en la zona, cuando merodea alguien con la pinta y la actitud equivocada. Al primer pitazo, el acuerdo entre los vecinos es cerrar de inmediato las calles y accesos para luego buscar capturar al sospechoso. Lo que venga luego es cuestión del momento: no hay reglas, no hay límites, no hay humanidad. “Estamos de acuerdo con que la gente se organice y colabore con la seguridad, pero no podemos aceptar que cometan actos criminales. Entendemos el desespero de las personas, porque todos tenemos algún familiar o allegado que ha sido víctima del hampa, pero se está llegando al punto de cometer el delito, grabarlo y difundirlo por redes. Ahí están multiplicando la violencia, generando un efecto dominó”, destaca el director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo, comisionado Einer Giulliani.
Pero a un habitante de Los Ruices no le importa la ley. En su zona, entre abril y septiembre de este año, se registraron 15 ataques de habitantes enardecidos contra delincuentes. Tres de ellos murieron. A uno, hasta en fuego lo prendieron. “Aquí vamos con todo, no me importa que nos digan delincuentes, porque se trata de nuestra seguridad. Apuesto que si alguien que ahorita nos critica es víctima del hampa, aceptaría luego nuestro proceder. Basta de que nos sigan viendo la cara de idiotas. La policía no hace nada y nosotros no nos vamos a dejar matar”, dice el vecino, siempre protegiendo su identidad.
Su actitud hostil se multiplica en la zona cuando los gritos desesperados de alguna víctima claman por auxilio. “Siempre estamos activos para cualquier cosa. Montamos guardias y caminamos tranquilos por las calles. Cuando tenemos que actuar lo hacemos sin miedo a nada”, agrega.
El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en el Capítulo II, de la Aprehensión por Flagrancia, reza: “Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora. En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada”.
La especialista en procesos penales, y profesora universitaria, Nancy Toyo es muy enfática cuando existe violación de normas. “Nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Si existe algún hecho punible, que se llame a la policía. Una persona que ataca a un sujeto, le causa lesiones graves o la muerte, es tan delincuente como ese sujeto”.
Pero del papel a la calle hay más de una brecha. Quienes optan por defender sus espacios, aún a costa de convertirse en lo que detestan, prefieren irrespetar la norma a soportar más impunidad. Héroes y villanos. Buenos y malos. “¿Y mis derechos dónde quedan?”. Las fronteras se borran con cada reacción, y se sepultan a ritmo de golpes y disparos. Es el viejo oeste pero con eslogan de 007: la extenuación ante el desamparo activa una informal licencia para matar.
