Una investigación, desarrollada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), expone los nexos financieros entre el gobierno de Nicolás Maduro y una camarilla de altos oficiales que está detrás de empresas privadas receptoras de millonarios contratos públicos y otros jugosos beneficios
El «Club de los 35», es la élite del poder financiero entre los hombres de armas. Un tercio de los generales del Ejército Bolivariano está vinculado con empresas habilitadas para hacer negocios con el gobierno, revela una nueva investigación periodística.
Escasez extrema de alimentos y medicinas, hiperinflación, represión política y escándalos de corrupción: una crisis tan compleja podría haber doblegado a más de un gobierno. Pero no al venezolano, donde altos oficiales del ejército han sido recompensados por mantener el statu quo, incluso mientras el país se hunde en una espiral de ruina económica.
Una investigación de Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) expone los nexos financieros entre la administración del presidente Nicolás Maduro y una camarilla de generales que están detrás de empresas privadas que recibieron lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este tipo de retribuciones son un factor clave para asegurar la lealtad al régimen de Maduro, en medio de una situación política y económica que se deteriora.
Documentos internos del Ejército Bolivariano, conocidos por Occrp, fueron el punto de partida de la investigación. Un equipo de reporteros luego revisó registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
También entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre empresas relacionadas con generales. Occrp tuvo además acceso a una copia completa del Registro Nacional de Contratistas (RNC) de 2017, antes de que el gobierno decidiera eliminar buena parte de la información que estaba disponible.
Los documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312 generales activos en el Ejército, la rama más poderosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados con empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno.
De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC. La investigación se centró en este grupo, que OCCRP bautizó como el Club de los 35.
El Club se relaciona con 41 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado.
Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron más de 220 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
“Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de la FANB, que decidió abandonar su país en 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia.
Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.
Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos.
Occrp tuvo acceso a nóminas del Ejército Bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares.
Como en el resto de la economía venezolana, los salarios de los militares han venido perdiendo su poder adquisitivo.
Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país del mundo que, sin estar en guerra o experimentando un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años. En 2019, se registró una hiperinflación de 9.585%. La proporción de la población que vive en la pobreza extrema saltó de 10% en 2014 a 85 % en 2018.
Estos bajos salarios, frutos de la debacle económica, crearon un incentivo adicional para que los oficiales completaran sus ingresos con empresas alternas, según explicó Pedro Mendoza, el ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana que ahora está en Colombia y cuyo corte de pelo austero y postura firme son signos visibles de su pasado militar.
“Lo que se percibe hoy en día por nómina, por sueldo básico, no alcanza para nada”, dijo durante la entrevista realizada en una pollera en el municipio de Villa del Rosario, a solo 10 minutos de la frontera con Venezuela. “Por eso, los altos oficiales tienen sus negocios en paralelo”.
Pero, según una investigación de Occrp que es parte de esta serie, Padrino tiene vínculos con una constelación de empresas y propiedades en Venezuela y en Estados Unidos que valen varios millones de dólares.
Uno de los miembros del Club de los 35, el general Hernán Akhnanton Noguera Mejía, es quien concentra el mayor número de contratos estatales: 47.
A través de su empresa de catering, la «Asociación Cooperativa Andina de Festejos» organizó una parrillada para 600 funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policía regionales en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La empresa fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al grado de teniente coronel.
Según los registros filtrados a Occrp, Noguera solo gana alrededor de 9 dólares mensuales. Pero en su perfil de Facebook publicó información sobre vacaciones en el extranjero, incluyendo viajes a Italia, España, Israel, Malta y Mónaco. En 2010, estuvo en un crucero por el Mediterráneo.
Otro de los miembros del Club de los 35 es el general Jesús Emilio Vásquez Quintero, actual fiscal general de la Fiscalía General Militar.
Esa institución ha sido vinculada con la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y que, incluso, cómo lo han denunciado varias ONG de derechos humanos, ha iniciado juicios contra civiles. En 2005 se fundó la Asociación Cooperativa El Tepuy, en la que Vásquez Quintero y su esposa, Tibisay Villalobos, aparecen con 40 % de las acciones.
La empresa obtuvo 41 contratos con numerosas instituciones estatales. Para la 51 Brigada Domingo Sifontes reparó equipos de vehículos y suministró materiales de ferretería. Le vendió neveras y equipos médicos al Hospital Universitario de Caracas, uno de los principales centros de salud del país.
El Ministerio para la Cultura le compró fotocopiadoras Canon, mientras que el Ministerio para el Servicio Penitenciario adquirió materiales de ferretería a través de de la compañía. Incluso, le entregó tambores de desengrasantes para uso mecánico y tambores de solvente dieléctrico a la Industria Venezolana de Aluminio.
Occrp visitó las cuatro direcciones de la Asociación Cooperativa El Tepuy que figuran en el RNC. En una funcionaba una tienda de repuestos de automóviles, otra correspondía a un edificio residencial, en otra la empresa no figuraba en el directorio del edificio, mientras que en la última la oficina que funciona en ese local estaba cerrada y no había signos de que ahí funcionara la empresa.
Según la Constitución y la ley anticorrupción, es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones personales para obtener contratos estatales.
“No ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales vinculados con un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero”, dijo el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro.
“El funcionario público tiene que ofrecer dedicación exclusiva, no puede contratar con el Estado, no puedes generar otro tipo de actividad comercial”, añadió.
Algunos generales casos crearon empresas en los mismos sectores económicos en los que se desenvuelven, según las pruebas encontradas por Occrp.
Cuando en 2011 empezó a trabajar en el palacio presidencial de Miraflores, el general Jesús Rafael Villamizar Gómez se convirtió en secretario y accionista de la empresa de seguridad Asociación Cooperativa Seguridad y Protección Universal 1204.
En 2016, lo nombran comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial, un puesto clave tras las repetidas denuncias de conspiraciones para asesinar a Maduro (el general Villamizar no contestó a las preguntas enviadas).
Sin embargo, cuando Occrp visitó la sede de la empresa que figura en el RNC, encontró una residencia privada. El vigilante de la unidad dijo que ahí no opera, ni ha operado, ninguna compañía.
Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. Occrp encontró por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compañías.
El general Alejandro Ramón Maya Silva, director del despacho del comandante general del Ejército, está vinculado con dos empresas: Aquila Grupo Empresarial, C.A. y La Granja Integral, C.A. Esta última, involucrada en el negocio agrícola, fue fundada en 2017 cuando Maya Silva ya era general. En el consejo de administración figuran dos de sus hijos.
En algunos casos, las esposas de estos altos oficiales tienen sus propias sociedades en el registro de contratistas.
Así ocurre con el general Carlos Alessandro Cestari Infantini, que en 2016 se convirtió en gerente general de Tecnología de Información y Comunicaciones del Seniat, el instituto nacional de aduanas y tributos.
Este alto oficial y su esposa, Mariangel Arruebarrena, son dueños de Geringtel Inversiones, empresa de informática, construcción y publicidad que cuenta entre sus clientes al Ministerio de la Defensa, el Banco del Tesoro y el Saime, el organismo de identificación y migración.
La esposa de Cestari es además dueña de T.C.J. Inversiones, una empresa constructora que ha contado entre sus clientes al Ministerio de Defensa, a la Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario y al propio Seniat.
Occrp envió correos electrónicos a todos los miembros del Club de los 35. Únicamente dos respondieron (ver perfiles).
La información sobre las compañías vinculadas con los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado.
Hasta hace tres años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de la compañía.
Pero en agosto de 2017, el gobierno limitó severamente la información del RNC, y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore.
“La contratación del Estado es realmente una caja negra en Venezuela, no hay acceso”, explicó Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y experto en temas de transparencia.
Occrp pudo obtener una copia de la base de datos completa, tal y como estaba justo antes de ser retirada. El gobierno declaró que tomó esa medida porque la información del registro era usada por bandas criminales para extorsionar y secuestrar.
Pero Cañizalez dijo que el verdadero objetivo de la decisión es “impedir que se siguieran haciendo investigaciones en varios casos en que se habían develado los nexos familiares de contratistas del Estado con altos funcionarios”.
La participación militar en la economía venezolana comenzó hace dos décadas, con el ascenso al poder de Hugo Chávez, un ex teniente coronel del ejército que fue elegido presidente en 1998.
Hasta ese momento, después de que terminara el gobierno militar de 1958, las fuerzas armadas cumplían con sus misiones habituales, como la defensa nacional y el control del orden público. Incluso estaba prohibido que votaran.
Chávez impulsó una nueva alianza, que bautizó “cívico-militar” y lanzó el Plan Bolívar 2000, con un presupuesto de 114 millones de dólares, en el que miles de soldados participaron en obras públicas como la reconstrucción de carreteras y remodelación de escuelas.
En virtud de la nueva Constitución, que se aprobó a finales de 1999, los militares fueron encargados de impulsar el desarrollo nacional y el presidente asumió la potestad de decidir sobre el ascenso de los oficiales.
Tras el fallido golpe de estado de 2002, Chávez incrementó la participación de oficiales de su confianza en el manejo de la economía. Con el tiempo, altos oficiales militares tomaron el control de cinco puertos, así como de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la principal fuente de divisas del país.
En 2005 entró en vigor la ley orgánica de las fuerzas armadas destinada a “fortalecer la integración cívico-militar”. Incluso se empezó a reclutar civiles en un nuevo cuerpo militar híbrido: las Milicias Bolivarianas.
Simultámente, altos oficiales empezaron a ganar protagonismo en el mundo de los negocios. En 2005, según muestran los registros, los miembros del Club de los 35 inscribieron siete empresas, más que en cualquier año anterior o posterior.
Cuando Maduro asumió su cargo, en 2013, tras la muerte de Chávez, amplió aún más el papel de los militares en la vida civil.
En 2018, siete de los 23 gobernadores de Venezuela eran oficiales, activos o retirados. Además, nueve militares eran parte de su gabinete. Los militares también dirigían, por lo menos, 60 empresas públicas.
Los oficiales con intereses económicos constituyen la “esencia del madurismo”, según Javier Corrales, catedrático de ciencia política y experto en Latinoamérica en el Amherst College de Estados Unidos.
“[Eso es] más importante hoy que en cualquier momento bajo Chávez, y eso que Chávez fue el inventor de aquello de la alianza cívico-militar de los 2000”, dijo en un correo electrónico.
Para Corrales, hay tres tipos de “miliempresarios”: los que dirigen empresas estatales, los oficiales en servicio y retirados que tienen empresas privadas que hacen negocios con el Estado, y los militares involucrados en negocios ilegales. “A ninguno de estos grupos les parece bien una transición hacia un régimen no chavista”, señala.
Debido a drásticas restricciones para realizar investigaciones periodísticas en Venezuela, es difícil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron involucrados en prácticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que huyeron del país han contado cómo empresas de generales venezolanos se aprovechan de los fondos públicos.
Antes de que Harry Solano cruzara la frontera con Colombia, era sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero lo que calificó de corrupción endémica, que le tocó ver de primera mano cuando trabajaba en empresas dirigidas por militares o en programas gubernamentales, lo llevó a organizar el efímero levantamiento armado de Cotiza, en enero de 2019.
Cuenta que en Sidor, el principal complejo siderúrgico del país, le ordenaron cargar varillas de acero corrugado (cabillas) a camiones que eran de un general. “La mafia que había con las cabillas era impresionante”, dijo Solano a Occrp en Cúcuta, Colombia, a donde huyó después de que el alzamiento fracasara. Explicó que él sacaba las cabillas y el alto oficial las metía en su empresa. Luego las vendía y exportaba.
Fue testigo de esquemas similares cuando era inspector de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un proyecto del gobierno para construir casas de interés social, donde vio cómo se saquearon materiales de construcción importados de China. “Empiezo a ver en la Misión Vivienda cómo se robaban los recursos, las cabillas, las puertas, el cemento, se los robaban para bachaqueárselo (revenderlo) a las empresas privadas. Llegaban cabillas de China, puertas principales de China para las casas”, señaló.
“Te digo, de 100 toneladas de cabilla que en un momento llegaron, una tonelada solamente fue para la Misión Vivienda en el estado Anzoátegui. Las 99 toneladas que faltaron, se perdieron”, dijo el exsargento.
Según Solano, quien fue escolta de varios generales, este tipo de corrupción explica por qué los oficiales de alto rango todavía apoyan al gobierno. “Si el régimen cae, los oficiales dejan de percibir dinero… No hay nada ideológico, todo es interés por el dinero”.
Otro exteniente que huyó a Colombia, y que pidió no ser identificado por temor a represalias contra sus familiares que viven en Venezuela, dijo que algunos generales que dirigen programas de vivienda crean empresas que luego se ganan contratos públicos con las diferentes “misiones” sociales.
“La lealtad hacia el régimen de Maduro es obtener algún beneficio. Yo obtengo beneficios del régimen y yo estoy con el régimen”, indicó. “Esa es la lealtad, por eso es que no se voltean”.
*** Esta investigación está publicada en el portal de OCCRP
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