Colombia aprobó pacto de paz con FARC y enfrenta el reto de implementarlo

Con la aprobación la víspera por el Congreso de Colombia del pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla FARC, renegociado tras el fracaso del acuerdo original en un plebiscito, el país enfrenta a partir de este jueves el reto de ponerlo en marcha.

Para hablar «de la etapa que comienza», llena de dificultades según los expertos, representantes del gobierno de Juan Manuel Santos tienen previsto una rueda de prensa a primera hora de la mañana local.

El Congreso, donde se espera que el gobierno presente en las próximas horas el proyecto de ley de amnistía de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), será una vez más escenario clave de la fase de implementación.

El acuerdo de paz, sellado por las partes hace una semana luego de incluirle propuestas de la oposición al pacto original que fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, fue aprobado definitivamente la noche del miércoles por el Congreso.

Las mayorías oficialistas del Senado y la Cámara votaron, el martes y miércoles, respectivamente, a favor de la refrendación del acuerdo que busca acabar con un conflicto armado de más de medio siglo.

«Gratitud con Congreso por histórico respaldo a esperanza de paz de los colombianos», escribió en Twitter Santos, Nobel de la Paz por sus esfuerzos de acabar la guerra interna, tras conocer la noticia.

La oposición, liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso «no puede suplantar» la decisión que tomaron en las urnas los colombianos.

Pero además de oponerse al modo de refrendación, los uribistas rechazaron también al pacto en general, pues creen que permite la «impunidad total» y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de que cumplan sus penas.

Las FARC, surgidas de una insurrección campesina en 1964 y con unos 5.765 combatientes actualmente, es la guerrilla más antigua de América Latina.

Esta es la cuarta vez que intentan un proceso de paz con el gobierno colombiano, tras fracasar en diálogos con los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).

«Contexto supremamente difícil» 

La decisión del gobierno y las FARC de refrendar el acuerdo renegociado en el Congreso tuvo mucho que ver, según han dicho las partes, con la fragilidad del cese al fuego bilateral que mantienen desde fines de agosto.

La urgencia por refrendar el pacto revisado buscaba superar la incertidumbre que provocó el limbo en que quedó el proceso de paz luego del plebiscito, en especial luego de que el alto al fuego se viera perturbado por la muerte de dos guerrilleros de las FARC hace unas semanas en supuestos combates con el Ejército y, más recientemente, por una serie de homicidios y atentados contra líderes sociales en el sur y oeste del país.

«Tenemos un nuevo acuerdo pero sigue habiendo desafíos relacionados no solamente con lo político, sino con su implementación en el terreno: con el ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda guerrilla del país), con la violencia contra líderes, y una situación fiscal bastante grave», dijo a la AFP Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.

«Entonces, tenemos un acuerdo en un contexto supremamente difícil para la seguridad política del acuerdo y también para la implementación misma, en términos de la capacidad del Estado», explicó.

Para Johnson, además, será muy importante cómo se desarrolle la concentración de las FARC en los 27 puntos del país donde paulatinamente irán dejando sus armas bajo supervisión de Naciones Unidas. El proceso debe comenzar dentro de cinco días y estar completamente terminado dentro de seis meses.

«Si ese proceso va bastante bien y sin problemas, de pronto eso podría cambiar el balance de poder político creado por el plebiscito y el rechazo de la oposición al acuerdo», estimó el experto.

El conflicto armado colombiano, del que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados en más de medio siglo.