En Colombia, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos, aproximadamente 1.500.000, el gobierno local se tomó en serio las labores para atender la salud de personas que en su país solo encontraron hospitales en deterioro y escasez de medicinas
Uno de los puntos que más medita el migrante al momento de decidir salir de su país de origen es el del servicio de salud que se le brinde según las políticas en esta materia con las que cuenta el territorio en el cual piensa establecerse.
Para los venezolanos, el tema no ha sido cosa menor, especialmente para las mujeres embarazadas, quienes vieron como en su nación el sistema de salud se vino a menos tras las desatenciones del gobierno de turno, actualmente encabezado por Nicolás Maduro, desconocido por más de medio centenar de países al imponerse en mayo de 2018 en unas elecciones llenas de irregularidades.
En el caso de las venezolanas embarazadas que dieron el paso al costado y probaron suerte en otras latitudes, salir significó pensar en dos, siempre a la espera de un parto sano.
En Colombia, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes venezolanos, aproximadamente 1.500.000, el gobierno local se tomó en serio las labores para atender la salud de personas que en su país solo encontraron hospitales en deterioro y escasez de medicinas.
Así, la red de seguridad social del país vecino confirmó que toda mujer embarazada en una etapa cercana a dar a luz contará con las herramientas y la disposición de los especialistas en salud de la mencionada nación.
A mediados de 2018, Migración Colombia aseguró que 8.200 venezolanas en estado se habían instalado en dicho territorio, lo que llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y dar prioridad a estos casos.
Asimismo, el gobierno de Bogotá señaló que toda dama en estado grave, sin importar su situación migratoria, será atendida en cualquier hospital dentro de sus fronteras.
Entre otras medidas en pro de los migrantes, el pasado lunes 5 de agosto, el gobierno de Colombia aprobó una resolución que aseguraba a hijos de venezolanos nacidos en el territorio que acogió a sus padres la nacionalidad colombiana. La medida tenía como norte evitar que miles de niños corrieran el riesgo de ser apátridas.
Pese a anunciarse este año, la misma abarca a todo menor nacido desde el 19 de agosto de 2015.
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