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Con guion tipo chavista, Ortega anula opositores y ONG en Nicaragua

El cierre de muchas ONG bajo asfixia financiera tendrá "un impacto social enorme" sobre miles beneficiarios de programas de salud, educación, medioambiente, saneamiento, alimentación, principalmente en zonas de Nicaragua donde no hay presencia del Estado.

Con guion tipo chavista, Ortega anula opositores y ONG en Nicaragua

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega aplica nuevas medidas contra organizaciones y figuras de la oposición con las que busca cerrarles el camino hacia las elecciones del 7 de noviembre, denuncian sus críticos.

Junto a Venezuela y Cuba, Nicaragua compone el triunvirato de los autoritarismos en América, de acuerdo al Índice anual de Democracia de The Economist.

El líder del Frente Sandinista (FSLN), de 75 años, no ha oficializado su candidatura. Pero dentro y fuera del partido dan por hecho que se postulará a un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que además de presidente se elige al parlamento.

«La estrategia de Ortega estriba en usar las leyes para limitar toda competencia, luego aumentará la represión, acompañada de prebendas clientelistas. Al final del proceso va a emplearse a fondo con todos los medios para lograr una victoria sin dificultad», dijo a la AFP Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, con sede en Washington.

La estrategia, según adversarios del mandatario, pasa actualmente por neutralizar a las ONG, obligándolas a inscribirse como agentes extranjeros en el marco de una ley aprobada por el Parlamento. De esta forma las somete a restricciones que causaron solamente la semana pasada el cierre de dos de ellas.

Muerte civil

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, con más de 100 miembros, denunció estar amenazada de «muerte civil» por el excesivo control y castigo con que la ley faculta al Ministerio de Gobernación (Mingob).

El cierre de muchas ONG tendrá «un impacto social enorme» sobre miles beneficiarios de programas de salud, educación, medioambiente, saneamiento, alimentación, principalmente en zonas donde no hay presencia del Estado, dijo el representante de una de las plataformas. No reveló su nombre por temor a que les nieguen la certificación.

Según cifras extraoficiales, en Nicaragua hay más de 7.000 ONG, de las que unas 2.000 podrían cerrar operaciones bajo la ley de agentes extranjeros, según los afectados.

El Parlamento de mayoría oficialista aprobó la ley que permite controlar los fondos del exterior que reciben personas naturales y jurídicas.

También aprobó otra de ciberdelitos que sanciona a quienes critican al gobierno en redes sociales.

Asimismo, existe otra norma sanciona e inhibe de optar a cargos públicos a quienes inciten la injerencia extranjera o aplaudan sanciones al país.

Golpe a periodistas

Manuel Orozco, de origen nicaragüense, consideró que las medidas contra las ONG y otras leyes «van en detrimento de los ciudadanos y las consecuencias afectarán al mismo gobierno de Ortega».

Estados Unidos y la Unión Europea, que desde hace dos años aplican sanciones a Nicaragua, reclaman elecciones libres y transparentes en el país centroamericano de 6,5 millones de habitantes.

La organización de Periodistas y Escritores PEN, capítulo de Nicaragua, fue la primera en anunciar el cierre de operaciones, tras «requisitos infinitos» para inscribirse como agente extranjero, seguida por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

«Es un golpe a periodistas» que recibían capacitación por internet y ayuda para compra de equipos, dijo a la AFP William Aragón, directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), con más de 200 miembros.

En diciembre se retiró del país la ONG sueca We Effect, que durante 35 años impulsó proyectos contra la pobreza. Mientras, que el organismo de observación electoral Ética y Transparencia decidió resistir aceptando solo financiamiento local.

Un país, una cárcel

«Nicaragua es una gran cárcel. Sociedad civil y ciudadanos estamos con una espada sobre el cuello», dijo a la AFP el candidato a la presidencia por el bloque opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga.

El político de 44 años tiene arresto domiciliario sin que medie delito ni orden de un juez. Un anillo policial con patrullas y motorizados vigila su vivienda en una zona residencial al oeste de Managua. «Me impiden salir, las veces que lo he intentado hubo confrontación», contó.

Maradiaga recurre a las redes sociales donde tiene 800.000 seguidores porque. «Vamos a romper este cerco policial de alguna manera», dice.

Otros líderes de oposición en el interior del país, enfrentan situación similar, según denuncian en las redes.

El bloque opositor Coalición Nacional aglutina a grupos cívicos, de derechos humanos y políticos, y contabilizó en enero 340 incidentes de violación de derechos humanos. Estos episodios incluyen hostigamientos, detenciones, allanamiento de viviendas, agresiones y judicialización de opositores.

Para el presidente de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, Ortega repite la estrategia de comicios anteriores de «hacer ver que las elecciones libres (sean) muy improbables, casi imposibles». Aunque se le ha acusado de fraude, «no ha tenido consecuencias graves, y por eso reincide».

&quot;Nicaragua va por el mismo camino que Venezuela&quot;

La economía nicaragüense, la sexta de Centroamérica y vigésima de América Latina, depende mayormente de la exportación de productos agrícolas y de manufacturas, además de las remesas. Estas ascendieron a 353,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, continuando con una tendencia al alza que comenzó en 2010. Eso representa un crecimiento de un 9,3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017, según el Banco Nacional de Nicaragua.