Conmoción peruana

Es difícil permanecer impasible ante un suicidio, gesto supremo y definitivo, aún para quienes por convicciones arraigadas lo rechazamos. ¿Se trata de un acto de valor o de falta de él? ¿Debió enfrentar el proceso judicial? ¿Es el suicidio una evasión, un acto de orgullo llevado hasta sus últimas consecuencias, un castigo máximo autoimpuesto o un poco de todo lo anterior?

El único antecedente peruano es el de Gustavo Jiménez en 1931. El teniente coronel y fugaz Presidente de la Junta Transitoria y Jefe Supremo, al sublevarse contra Sánchez Cerro, también militar y Presidente, primero de facto y luego constitucional quien sería asesinado en 1933. En América Latina sabemos de dos casos en la vecina Chile, José Manuel Balmaceda en 1891 y Salvador Allende en 1973, aún cuando este último, ocurrido en medio del golpe de estado, siempre fue polémico y todavía es negado por un sector, a pesar de las conclusiones judiciales de 2011. También del cuatro veces Presidente de Brasil Getulio Vargas en 1954 y del dominicano Antonio Guzmán Fernández en 1982, cuarenta y tres días antes de finalizar su período constitucional.

En Venezuela ningún Presidente o ex Presidente se ha quitado la vida. Sí lo hizo el aspirante presidencial Alirio Ugarte Pelayo en 1966, en circunstancias para muchos inexplicables, pues para ese día había convocado una rueda de prensa en la cual anunciaría la fundación de un nuevo movimiento político. Un amigo de García, Carlos Andrés Pérez, también dos veces Presidente quien luego sería elegido senador y fracasaría en su aspiración de ir a la Constituyente de 1999, al ser suspendido por el Congreso en 1993 para ser juzgado por la Corte Suprema, declaró “Hubiera preferido otra muerte”.

¿Puede afirmarse que estemos ante una noción del honor propia de Latinoamérica o tiene que ver con el personalismo político y la fragilidad de nuestra institucionalidad? Como siempre, más preguntas que respuestas.

En Perú, el debate ha quedado abierto. Salvo el actual, Vizcarra, menos el fallecido Paniagua que guió la transición y a quien se considera intachable, todos los presidentes posteriores a la restauración democrática tras la década del fujimorato están procesados con cargos de corrupción. Y también Fujimori inicialmente fugado al Japón donde alegó esa nacionalidad para protegerse. La lista de sus delitos y abusos de poder es gruesa. No son los únicos, también ministros, altos funcionarios y Keiko Fujimori, hija del ex gobernante autoritario y líder de la fuerza política que organiza a sus todavía numerosos seguidores.

Se dice que esa nación vive una severa crisis política y no es para menos, aunque la economía funciona y no debería negarse que también al menos dos de los cambios venidos con la democracia, el del sistema electoral y la reforma judicial. En la base de ese escándalo y otros del continente, la poderosa constructora privada brasileña que sin embargo, paradojas de la reforma del proceso penal, no saldrá tan mal por colaborar con la justicia.