La oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela sesionará este martes con el jefe parlamentario Juan Guaidó en la mira, luego de que el máximo tribunal le pidiera despojarlo de su inmunidad para someterlo a la justicia.
Aunque la Constituyente no dio a conocer su agenda, se da casi por descontado que abordará la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al mandatario Nicolás Maduro.
«Ellos pueden intentar secuestrarme», dijo este martes Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países, al referirse al fallo del lunes.
Esa decisión allanó el camino para que el diputado pueda ser sometido a la justicia ordinaria, en momentos en que el Supremo lo investiga por supuestamente usurpar las funciones de Maduro, quien además lo acusa de planear un atentado en su contra.
«El régimen ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esto es inquisición», aseguró Guaidó, quien desconoce al TSJ y a la Constituyente por considerar que su conformación fue ilegal.
«No hay cualidad ni para allanar ni para inhabilitar [por parte de esos órganos], debemos decir las cosas como son», apuntó Guaidó, previo a una sesión del Parlamento de mayoría opositora, que al igual que la Constituyente delibera en el Palacio Federal Legislativo, aunque en salones y horarios distintos.
En la crisis institucional, ningún organismo venezolano reconoce las decisiones del Legislativo, después de que en 2016 el TSJ lo declaró en desacato.
El alto tribunal pidió levantar el fuero a Guaidó al considerar que éste violó una prohibición de salida del país impuesta el pasado 29 de enero.
Ese día le abrió una investigación por usurpar las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero jurara ante una multitud asumir las competencias del Ejecutivo en condición de presidente encargado basado en la decisión del Parlamento de declarar «usurpador» al líder chavista.
La oposición considera que el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, resultó de elecciones fraudulentas.
Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó desde Colombia el 4 de marzo, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Realizó entonces una corta gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de alimentos e insumos médicos proveniente de varios países del mundo, en vista de la severa escasez por la peor crisis económica de país petrolero en su historia moderna.
El jefe legislativo ha dicho varias veces, en tono desafiante, que el gobierno no se atreve a arrestarlo.
Este martes recordó que así ocurrió cuando retornó a Venezuela. El opositor también fue detenido durante una hora el pasado 13 de enero, en lo que Maduro atribuyó a una acción independiente de agentes de inteligencia que fueron detenidos.
El cerco en su contra incluye la reciente inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, y que también desconoció.
En paralelo, el Parlamento acordó este 2 de marzo pedir apoyo a Naciones Unidas para enfrentar la grave crisis eléctrica que se desató el pasado 7 de marzo con masivos apagones, y que mantiene sin agua a millones de venezolanos.
Debido a la emergencia, Maduro sacó el lunes del gabinete a su cuestionado ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta, reiterando que los apagones fueron provocados por Estados Unidos y la oposición para derrocarlo.
Guaidó y algunos expertos aseguran que los cortes son resultado de años de abandono y corrupción en el sector.
El domingo ya había declarado un racionamiento eléctrico de 30 días y acortó la jornada laboral de ocho a seis horas diarias, para enfrentar el caos que ha generado saqueos en el petrolero estado Zulia (oeste) y protestas espontáneas en Caracas, reprimidas por grupos afines al oficialismo.
La Iglesia católica denunció este martes la falta de respuesta oficial a la emergencia, y acusó al gobierno de Maduro de alentar a los colectivos -grupos armados chavistas- a reprimir a la gente.
Las acciones contra Guaidó se producen cuando planea una movilización hacia el palacio presidencial de Miraflores -en fecha no establecida-, como parte de lo que llama «operación libertad».
El político de 35 años no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un «ensayo» el próximo sábado durante nuevas manifestaciones.
Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios.
Maduro acusa a Guaidó de ser un títere de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo, mientras el opositor lo señala de comandar una dictadura soportada únicamente en la cúpula militar.
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