La Asamblea Nacional en Venezuela, de mayoría opositora, advirtió que los contratos firmados por Nicolás Maduro con empresas mineras carecen de validez por ser un “presidente ilegítimo”.
El Parlamento explicó en un acuerdo aprobado este 12 de noviembre que “no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones”.
Las negociaciones realizadas por Maduro desde el 10 de enero, cuando asumió un segundo mandato que, de acuerdo con varios países y organizaciones, resultó de unas elecciones fraudulentas realizadas en 2018.
Esos actos «son nulos», subrayó la cámara presidida por Juan Guaidó, mandatario encargado de Venezuela reconocido por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos
En junio pasado, el líder socialista anunció inversiones por 7.700 millones de euros para la explotación de 13 minerales, entre ellos oro.
Estas extracciones se realizarán, según el mismo Maduro, a través de «alianzas» con empresas nacionales y extranjeras entre 2019 y 2025, sin mayor detalle.
El Plan Nacional Minero es «la alternativa no petrolera en la creación de riqueza en Venezuela», dijo en su momento Maduro.
Durante su gobierno, Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna con hiperinflación y el derrumbe de la vital producción de crudo.
Guaidó denunció este martes en el hemiciclo que el gobierno de Maduro ha vendido «casi 200 toneladas de oro de manera irregular”. Esto representa unos 9.600 millones de dólares.
Dentro de su estrategia para asfixiar financieramente a Maduro, Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven y a su presidente, Adrián Perdomo.
Estados Unidos acusó a la empresa y a Perdomo de realizar operaciones de oro ilícitas para sostener al régimen madurista. Maduro tildó de «criminal» las acciones.
En su primer mandato, el líder chavista suscribió contratos por 5.000 millones de dólares con empresas como la canadiense Gold Reserve, en febrero de 2016.
Romel Guzamana, diputado indígena ante la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, aseguró que las riquezas de la explotación del Arco Minero no las percibe el pueblo de Venezuela.
“Venezuela debe conocer que hay una desviación de fondos, que el régimen habla del PIB, pero ya eso no existe en nuestro país”, señaló.
Guzamana criticó al régimen de Maduro por no atender las necesidades de los venezolanos que padecen una aguda crisis humanitaria.
El parlamentario señaló que Maduro y su gobierno no tiene dinero para pagar una nómina.
También condenó la presencia de miembros de grupos guerrilleros y mineros ilegales en los estados fronterizos del país, a quienes acusó de masacrar al pueblo indígena venezolano.
“Es lamentable lo que está pasando y el régimen se hace de la vista gorda ante los ataques a la comunidad indígena. Lo que vivimos en las regiones es una verdadera calamidad basada en hambre y miseria para nuestros pueblos”, subrayó el parlamentario.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que le provoca llorar por la destrucción que han dejado los incendios en el Amazonas y reiteró sus acusaciones al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de ser responsable de la tala y la quema en el mayor bosque tropical del mundo.
Diputados opositores venezolanos denunciaron el 1 de noviembre que se está produciendo un "ecocidio" en tres estados sureños del país tras la puesta en marcha de un polémico programa del Gobierno de Nicolás Maduro denominado "Arco Minero", que busca impulsar esta industria.
El abandono del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, la explotación del Arco Minero, la paralización del Metro de Valencia, la Gran Misión Vivienda, la autopista San Cristóbal-La Fría y el hospital de El Vigía son percibidos como los asuntos tratados con mayor secretismo.
