El régimen de Maduro solicitó a la fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad tras la imposición de las sanciones de Estados Unidos a empresas estatales venezolanas como Pdvsa, Conviasa y Minerven.
La Corte Penal Internacional (CPI) estudia un pedido de Venezuela para investigar como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, anunció el lunes la fiscal del tribunal.
Fatou Bensouda, indicó en un comunicado que había informado de esta demanda a la presidencia de la CPI, que debe decidir la asignación o no del caso ante una cámara preliminar.
Esta cámara decidirá luego si se abre un examen preliminar, que podría derivar en una investigación.
Además de esta instancia Bensouda podría impulsar un examen preliminar. Es esta instancia la encargada de decidir si procede o no una eventual investigación.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tuvo su creación en 2002 para juzgar los crímenes graves en el mundo, lo que incluye estrictamente genocidio, agresión, crímenes de guerra y lesa humanidad.
El ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, declaró el jueves en La Haya que había interpuesto la demanda de Caracas, de lo que según él es una «guerra económica».
El régimen de Maduro solicitó a la fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela, a los fines de determinar si se acusa por la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas, indicó el lunes Bensouda.
Según las autoridades venezolanas, la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, por lo menos desde el año 2014 constituyen crímenes contra la humanidad.
Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras en 2017 y solo penó a empresas estatales venezolanas en 2019. Previamente solo habían sido sanciones personales a sospechosos de socavar la democracia o ser violadores de derechos humanos.
Europa, Suiza, Panamá y Canadá también incluyeron en su lista de sancionados a chavistas que violaron derechos humanos o participaron en actos de corrupción.
Estados Unidos sancionó el año pasado a la industria petrolera venezolana, principal fuente de divisas del país. Posteriormente lo hizo con Minerven y este año puso en la lista a la aerolínea estatal venezolana, Conviasa.
Estados Unidos no forma parte de la CPI, ni la reconoce. La corte puede reclamar jurisdicción sobre cuestiones que afecten a personas de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela.
El chavismo tiene una causa abierta en la CPI después que 6 países del Grupo de Lima demandaran a los funcionarios del régimen. Se les señala por la represión y violación de derechos humanos en las protestas de 2014 y 2017. A esto se suman en el expediente otros delitos cometidos hasta la actualidad como asesinatos, secuestros, violaciones y desapariciones forzadas.
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de María Cprina Machado
