Venezuela

Crece el número de jefes rojos en la lista negra de la Casa Blanca

El Gobierno norteamericano sanciona desde presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos guerrilleros, hasta la supuesta violación de Derechos Humanos. Altos jerarcas del régimen, que han ocupado cargos clave en seguridad y defensa, están en la mira de Estados Unidos

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Un Vicepresidente de la República, ministros, jefes de servicios de inteligencia, generales de la Fuerza Armada, parlamentarios y gobernadores de estado. No se trata de los invitados a un consejo de gobierno, sino de los funcionarios de la revolución chavista apuntados en la lista negra de la Casa Blanca.

El último en ser sancionado por el Gobierno de Estados Unidos ha sido el vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue incluido en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). El Departamento del Tesoro asegura que El Aissami, quien se desempeñó durante cuatro años como ministro de Relaciones Interiores y posteriormente asumió la gobernación del estado Aragua, “juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.

Las autoridades norteamericanas afirman que la mano derecha del presidente Nicolás Maduro “recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled”, quien antes de su captura en agosto de 2010 en Colombia fue uno de los capos más buscados por Washington. Además, indican que “también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”.

El Aissami no está solo en la SDN. Allí también aparece registrado el general Hugo Carvajal Barrios, apodado “el Pollo”, antiguo responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Carvajal protagonizó un escándalo diplomático el miércoles 23 de julio de 2014, cuando fue detenido en la isla de Aruba a petición de Estados Unidos, que lo solicita por narcotráfico y cooperación con la guerrilla de Colombia. Al final, Caracas movió sus fichas y obtuvo la liberación de “el Pollo”, quien voló de regreso a su nido venezolano tras ser expulsado por el Gobierno de Holanda.

Luego de fracasar en su intento de designarlo como cónsul de Venezuela en Aruba, Maduro incluyó a Carvajal en la lista de candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a las elecciones legislativas de diciembre de 2015. El polémico oficial conquistó una curul por el estado Monagas (oriente) y hoy goza de inmunidad parlamentaria.

Los gobernadores de los estados Trujillo y Guárico, Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, respectivamente, llegaron a la SDN mucho antes que El Aissami. Al igual que Carvajal Barrios, los dos provienen de la Fuerza Armada y son señalados por tráfico de drogas y ayuda a los irregulares colombianos. El general en jefe Rangel Silva tuvo a su mando el Ministerio de la Defensa y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al tiempo que el capitán de navío Rodríguez Chacín ocupó la cartera de Relaciones Interiores.

El exalcalde de Caracas y actual coordinador de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), Freddy Bernal, el antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Amílcar Figueroa, Ramón Madriz Moreno, oficial del Sebin, y el general retirado Clíver Alcalá Cordones (hoy crítico de Maduro) ingresaron en 2011 a la lista que recientemente admitió al segundo de a bordo del Ejecutivo venezolano.

Castigo político

La administración de Barack Obama dictó un decreto en marzo de 2015 que sancionaba a siete funcionarios venezolanos. A diferencia de las medidas que en el pasado buscaban castigar a personas vinculadas con el narcotráfico y grupos criminales, en esta ocasión el Gobierno norteamericano reprendió a presuntos violadores de Derechos Humanos.

“Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá”, explicó el entonces portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Así fueron a parar a la SDN seis militares y una civil: el mayor general Gustavo González López, exministro de Relaciones Interiores y actual jefe del Sebin, el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, el mayor general Miguel Vivas Landino, el viceministro de Fomento Industrial y Soporte a la Producción, mayor general Justo Noguera Pietri, el general Manuel Bernal Martínez, el general Manuel Pérez Urdaneta, y la fiscal Katherine Harrington, quien posteriormente fue designada viceministra de Relaciones Interiores.

El régimen chavista se ha defendido de todas estas acusaciones señalando que son ataques del “imperio” para desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, luego de censurar a El Aissami, el flamante secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, enfatizó que sus acciones son el producto de largas investigaciones y agregó que el presidente Donald Trump quiso “enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado”.

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