Esta organización internacional, concentrada en trabajar para prevenir guerras y conflictos, advierte que las amistades peligrosas del chavismo con los guerrilleros izquierdistas del ELN y las FARC, caldean las posiciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Se elevan los riesgos de un conflicto entre los dos países.
Un minucioso informe de Crisis Group, firmado por el periodista y consultor Bram Ebus, documenta desde parajes de Apure y Amazonas la ostensible presencia de grupos guerrilleros colombianos y otros grupos irregulares en los estados fronterizos del sur de Venezuela.
La investigación recuenta como desde marzo el Ejército venezolano lanzó una ofensiva contra una facción disidente de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en Venezuela.
El conflicto ha cobrado la vida de al menos ocho soldados venezolanos, con un número aún no determinado de bajas adicionales reportadas el fin de semana pasado, y nueve presuntos guerrilleros colombianos.
«Estos hechos han puesto en evidencia lo que lleva sucediendo de manera más silenciosa en gran parte de la frontera: la guerrilla colombiana ha penetrado más profundamente el territorio venezolano», señala Crisis Group.
«Fuentes le han proporcionado a Crisis Group fotografías, videos y grabaciones de audio que confirman actividades tanto de disidentes de las FARC como de combatientes uniformados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla colombiana, en el estado Amazonas y otras partes de Venezuela», agrega el reporte de Bram Ebus.
«Si bien hay poco que sugiera que los grupos armados colombianos en Venezuela sean una conspiración imperialista o un instrumento chavista para atacar a Colombia, es probable que este cruce de insultos continúe mientras los dos países sigan escalando sus tensiones bilaterales», señala sobre el tratamiento político de este conflicto desde los centros de poder de Caracas y Bogotá.
«Mientras tanto, los peligros reales (fricciones entre comunidades locales, violencia contra la población y la creciente crisis humanitaria) en Amazonas, Apure y en otros lugares a lo largo de la frontera siguen sin resolverse».
«No solo es un problema para las comunidades que están siendo victimizadas, sino que crea una atmósfera de inseguridad donde los movimientos erráticos de bandas rebeldes fragmentadas, o una respuesta mal calculada de las fuerzas de seguridad, podrían llevar a los dos Estados a una confrontación mutua, puede que no por diseño, si no por un error de juicio o de cálculo. Ninguno de los dos países se vería beneficiado por el choque entre sus ejércitos, y mucho menos los pobladores empobrecidos que viven a lo largo de la frontera», advierte.
Bajo el título «Amistades peligrosas: las guerrillas colombianas en la frontera venezolana», el informe señala que a lo largo de la frontera colombo-venezolana, guerrilleros, criminales y elementos oscuros del Estado se disputan el control de los negocios ilícitos.
«La reciente arremetida de Venezuela contra uno de los grupos armados ha aumentado las tensiones. Bogotá y Caracas deben moderar su guerra de palabras y trabajar para prevenir una escalada bilateral indeseada».
«Mientras tanto, los guerrilleros usan cada vez más sus propios uniformes, exhiben armas, aparecen en público junto a funcionarios del gobierno y se asocian con las autoridades estatales de cualquier manera posible. En un video, un hombre que se presenta como miembro de las FARC, pero viste con una gorra y camisa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, le habla a una multitud indígena. En otra grabación de audio, un comandante de las disidencias dice:
“Nosotros somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores y tenemos que consultar también con el gobierno. Con el gobierno, comenzando con gobernación, alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas con el PSUV”.
¿Qué explica los cambios aparentemente repentinos de la colaboración con el Estado venezolano a la confrontación directa y viceversa? A lo largo del Orinoco, como en otras partes de la frontera, los vínculos entre grupos armados, funcionarios estatales y residentes son relaciones frágiles arraigadas en el interés propio.
Así quedó el vehículo militar BTR-80A del Ejército venezolano atacado por irregulares en una nueva emboscada en El Ripial, estado Apure. Foto: Prensa del Táchira.»El ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en negocios ilícitos similares, tales como el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, y ambos trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propias rutas de tráfico y envíos de contrabando por separado».
«Las alianzas parecen depender más de las ganancias que de la ideología o la posición geopolítica. Como ha informado Crisis Group, hasta hace poco, grupos que surgieron de los paramilitares de derecha en Colombia, particularmente los Rastrojos, estaban actuando en complicidad con oficiales de seguridad venezolanos (formalmente simpatizantes del chavismo, el credo populista de izquierda del gobierno de Maduro) en el estado fronterizo de Táchira».
Varias fuentes indígenas dicen que la guerrilla del ELN es más respetuosa con los pobladores locales que las disidencias de las FARC y las fuerzas armadas. Según informes, extorsionan menos que las disidencias e impiden que las violentas bandas mineras del vecino estado Bolívar, llamadas sindicatos, entren en Amazonas. Hay casos en los que grupos indígenas han exigido que la guerrilla se abstenga de ingresar a su territorio: el ELN ha respetado la exigencia y las disidencias no.
Según informes, el ELN también ha implementado algo de orden público, aunque de manera cruda y sumaria, que incluye ejecuciones, tanto en las minas como en la capital del estado, Puerto Ayacucho. A pesar de la brutalidad, algunos pobladores lo aprueban; le atribuyen a la “limpieza social” del ELN, como se conoce comúnmente la práctica, haber reducido drásticamente la tasa de criminalidad de la población.
“Puerto Ayacucho estaba sufriendo una terrible ola de criminalidad”, explica un exagente de inteligencia venezolano. “Cuando empezó la limpieza, la gente incluso les había pedido que actuaran”.
Lo que agrupa a todas las facciones, lo que “las une”, en palabras de un miembro de las fuerzas de seguridad colombianas, es la economía ilegal en auge en Amazonas y sus esfuerzos por beneficiarse de ella.
La región es un importante corredor para el narcotráfico hacia Brasil y en avionetas hacia Centroamérica, pero el oro es el mayor atractivo. La crisis económica venezolana ha hecho que el oro (al igual que el coltán en menor escala) sea muy atractivo ya que la hiperinflación está reduciendo el valor de la moneda nacional, el bolívar. Muchas familias han emigrado a distritos mineros.
Los maestros los han seguido hacia los pueblos improvisados cerca de las minas, tanto para dar clases por unos 3,5 g de oro mensuales, como para buscar oro ellos mismos. La industria no regulada es óptima para ser explotada por quienes tienen armas y la voluntad de usarlas.
“La guerrilla se aprovecha de esta situación crítica que atravesamos”, dijo un líder indígena de Amazonas.
Las guerrillas manejan algunas de las minas y cobran una especie de impuesto en oro de otras. El ELN, en particular, controla muchas de las cada vez más minas ilegales en territorio venezolano.
En el parque nacional Yapacana, los sitios de extracción ilegal de oro ocupan más de 2.200 hectáreas de tierra, causando enormes daños a ecosistemas frágiles. Las dragas abundan en los ríos, mientras que las excavadoras devoradoras de combustible desgarran la tierra, arrancando grandes cantidades de árboles y otra vegetación. Los pobladores informan que funcionarios estatales corruptos vuelan a Yapacana en helicópteros para recoger su tajada del oro que recolectan las guerrillas.
«Migrantes venezolanos en el lado colombiano del Orinoco dicen que la presencia de la guerrilla en su país, que se remonta varias décadas atrás, comenzó a incrementarse en 2016, cuando el acuerdo de paz de Colombia entró en vigencia y los excombatientes de las FARC vieron la oportunidad de conseguir dinero fácil a través de la minería ilegal de oro al otro lado de la frontera».
«Ahora, tanto los disidentes de las FARC como los combatientes del ELN circulan libremente por la Amazonía venezolana. Algunos de los rebeldes en el estado Amazonas viven en lugares fijos donde cultivan sus propios alimentos, crían su propio ganado y almacenan la carne en refrigeradores que han instalado. Otros permanecen en movimiento, haciendo solo pequeños campamentos temporales».
Los brotes de violencia han sido durante mucho tiempo la norma a lo largo de los 2200 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, los últimos años han marcado una peligrosa escalada, involucrando más y más fuerzas rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y criminales.
De un lado de la frontera, Venezuela sufre la peor crisis económica y humanitaria de su historia. Del otro, Colombia enfrenta las secuelas de más de 50 años de conflicto que el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC debía haber dado por terminado. Aunque las FARC se desmovilizaron gracias al proceso de paz, algunos de sus antiguos miembros ahora luchan como parte de grupos disidentes que se formaron después de la firma del acuerdo».
«Los cruces fronterizos del Orinoco están oficialmente cerrados. Los pobladores que cruzan la frontera suelen ser objeto de amenazas y extorsión, usualmente por parte de alguno de los grupos armados que se han establecido en la zona».
«Estos grupos incluyen a disidencias de las FARC, el ELN, el grupo delictivo local Los Puntilleros del Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo sucesor de los paramilitares. Estas organizaciones hacen y deshacen alianzas entre sí, aunque con poco derramamiento de sangre, mientras luchan por el control del tráfico de drogas y otras economías ilegales».
«En estas circunstancias, se podría pensar que la guerrilla colombiana trataría de ganarse a la población local ofreciendo servicios públicos, tratando de funcionar como una especie de gobierno en una región sin presencia gubernamental».
Tanto las FARC como el ELN lo han hecho en Colombia, y ambos grupos guerrilleros parecen querer aprovechar la crisis económica venezolana.
“El socialismo ya no puede seguir dando y haciendo cosas”, les dice un comandante de las disidencias de las FARC a miembros de la comunidad indígena en el estado Amazonas, reflexionando sobre la reducción del apoyo estatal desde el auge petrolero del fallecido presidente Hugo Chávez. Representantes de las disidencias y del ELN afirman en varias grabaciones que ellos ayudan a las comunidades y les brindan seguridad.
La difusión de este informe de Crisis Group coincide con los últimos enfrentamientos entre la Fuerza Armada de Venezuela y guerrilleros colombianos no identificados.
La Fuerza Armada de Venezuela dio cuenta de manera indirecta de una media docena de nuevas bajas entre sus filas -incluyendo oficiales- , pero no identifica a los «irregulares» y «terroristas» colombianos como guerrilleros que operan en el estado Apure.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=126172996171630&ref=watch_permalink
LA FANB NO SE DETIENE, seguimos incrementando nuestra operatividad en el estado Apure para garantizar la integridad territorial venezolana, expulsaremos a los grupos irregulares narcotraficantes terroristas colombianos de forma contundente.#FANBEnDefensaDeLaDignidad https://t.co/dSjjD7HEFo
— Pedro Juliac (@2doCmdteCEOFANB) April 27, 2021
El ex fiscal Zair Mundaray y el ex diputado Walter Márquez narran testimonios recogidos entre personas desplazadas por el conflicto entre de la Fuerza Armada Venezolana y guerrilleros colombianos de la Farc, establecidos en el el estado Apure. Según testigos, hubo desapariciones forzosas, ejecuciones, allanamientos, destrozos a la propiedad, persecución y hostigamiento a civiles. Los casos están siendo documentados para presentarlos ante la ONU.
"Hoy lunes 26 de abril a las 9:20pm se conoce de nuevos ataques en El Ripial estado Apure, cercano a la Victoria, al menos 3 explosiones, bombardeos y ráfagas continuas de disparos reportan desde esta zona en conflicto", escribió en Twitter Javier Tarazona, director general de la ONG Fundaredes
La ONG pidió a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas investigar los asesinatos a campesinos, torturas y detenciones arbitrarias realizadas en marzo por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia. Las consideró atrocidades sistemáticas
