Crónica de un autoritarismo anunciado

Que el presidente salvadoreño Nayib Bukele esté cambiando las reglas del juego para reelegirse no debería sorprender a nadie a estas alturas. El joven y muy activo mandatario ha venido dejando en evidencia una suerte de golpe progresivo desde el Estado. En el país centroamericano se está desmontando la democracia desde un poder que llegó a ser tal gracias justamente a la democracia

Crónica de un autoritarismo anunciado

No será Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ni el primero ni el último mandatario que accede al poder gracias a la existencia de un sistema democrático que precisamente le garantizó derechos políticos, y luego, desde el poder, desbarata al modelo con la finalidad de perpetuarse en el poder.

Los académicos le llaman la deriva autoritaria. En términos prácticos, con Bukele hemos presenciado a lo largo de esta pandemia cómo se fragua un autoritarismo latinoamericano.

Una señal inequívoca de lo que terminaría ocurriendo tuvo lugar el 9 de febrero de 2020. Era un día domingo. Un Bukele fuertemente custodiado por militares y policías irrumpe en el palacio legislativo de El Salvador.

Peleado con la Asamblea Legislativa de aquel momento, que no controlaba, por la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares. Ese día, tras irrumpir en un hemiciclo desolado (era domingo y no había sesión), Bukele se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó que se aprobara el dinero, amparado, según dijo, por un derecho divino.

Desde aquel momento he estado dándole seguimiento al devenir de El Salvador, país por el que he sentido preocupación desde los tiempos en que estuvo atravesado por una cruenta guerra civil de dos décadas hasta que se alcanzó un acuerdo de paz en 1992.

Poco antes de cumplir un año en el poder, en el mes de abril de 2020, hubo otro episodio premonitorio de lo que se ha terminado registrando en este 2021. Bukele, que ya había cargado contra el Parlamento, anuncia que desconoce las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados que velaban por la constitucionalidad dictaron varias sentencias, con las que trataron de frenar un manejo arbitrario que venía haciendo Bukele de las políticas de restricciones asociadas a la pandemia por la COVID-19.

A las personas que no respetaban las medidas de confinamiento en sus domicilios, el gobierno les privaba de libertad. Aquello era una medida no sólo exagerada, sino incluso contradictoria, dado que en los centros de reclusión había mayor riesgo de contraer coronavirus. Las decisiones de la sala constitucional quedaron sin efecto, ya que Bukele ordenó a policías y militares que hicieran caso omiso.

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Pasaron otras tantas cosas en 2020 hasta que llegamos al verdadero punto de inflexión. En febrero de 2021 se celebraron las elecciones legislativas. Una amplia mayoría de salvadoreños votó a favor de los candidatos de Bukele.

Nuevas Ideas, el partido fundado por el mandatario, obtuvo 56 legisladores para contar con la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Además, se plegaron, a lo que ya comenzó a llamarse como Bukelismo, otras agrupaciones minoritarias. Una de ellas fue  GANA que obtuvo 5 diputados; el Partido de la Concertación Nacional que tiene 2; y 1 más del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Es decir, 64 diputados de un total de 84 legisladores que forman el parlamento unicameral.

Los dos partidos que habían dominado la escena política salvadoreña, antes del triunfo de Bukele, quedaron sencillamente empequeñecidos. El conservador Arena (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo 14 diputados, y el otrora castrista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) alcanzó 4 parlamentarios.

Como se suele decir en Venezuela, esta abrumadora mayoría terminó de envalentonar a Bukele.

El 1 de mayo de 2021, apenas se produjo el acto de instalación de la nueva asamblea, se procedió a destituir, sin ningún proceso previo, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. En el mismo acto se nombró a sus sustitutos, que en general son figuras allegadas o simpatizantes de Bukele.

El pasado 31 de agosto, de nuevo la Asamblea Legislativa actuó y de un plumazo decidió destituir a una tercera parte de los jueces del país y a decenas de fiscales. La Corte Suprema, ya alineada con el Bukelismo, designará a los jueces y fiscales. El presidente no sólo está al frente del poder Ejecutivo, sino que también domina al parlamento y al poder Judicial.

La guinda, que posiblemente ha hecho reaccionar a muchos en relación a todo lo que se viene fraguando en El Salvador, ha sido la decisión de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados que designó Bukele parecen devolverle el favor. Pese a que taxativamente la carta magna de ese país prohíbe la reelección inmediata, una sentencia del máximo tribunal ha establecido lo contrario y le deja abierta la puerta al presidente Bukele para perpetuarse en el poder.

Ha sido un proceso de golpe desde el Estado en contra de la institucionalidad democrática. Por ahora con el aplauso de las masas, pero ya sabemos cómo terminan estas historias.