Venezuela

21 pacientes han muerto intentando buscar ayuda en Colombia (+Fotos)

El cierre de la frontera tachirense llegó como un ventarrón y arropó a todo el mundo. Sin embargo, quienes más sufren son los que a cuenta gota ven reducida su existencia a falta no solo de medicinas, sino de una atención médica oportuna y de calidad que les garantice el sagrado derecho a la vida. Hasta la fecha se han contabilizado 21 decesos de pacientes mientras eran trasladados a la población de Cúcuta.

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TEXTO Y FOTOS: ROSALINDA HERNÁNDEZ

El 8 de diciembre de 2014, el niño Beltrán Hernández de 4 años, con una temperatura que superó los 40ºC, deambuló por los centros médicos de Ureña, lograron estabilizarlo en uno de ellos pero su situación era bien delicada y se complicó. Así comenzó a relatar Jacinto Jaimes, coordinador jurídico de la Oficina de los Derechos Humanos, la infortunada vida de un niño venezolano.

Los hechos denunciados en la referida oficina -creada en la fronteriza población de Ureña ante las supuestas violaciones a los derechos fundamentales ciudadanos luego del cierre del paso binacional- dan cuenta que el personal médico que atendió al niño Beltrán, recomendó a los padres trasladarlo de inmediato, a un centro de salud con mayor capacidad asistencial donde pudieran diagnosticarlo y recibir el tratamiento adecuado, indicó el defensor de los derechos humanos.

Por lo distante que se encuentra la población de Ureña, en San Cristóbal, -dos horas-  lugar a donde fue referido el menor,  los padres trataron de llevarlo a Cúcuta – a 10 minutos de Ureña- por la premura y aprovechando que el niño poseía un seguro colombiano por tener la doble nacionalidad.

Se dirigieron los esposos Beltrán con el niño en brazos, en horas de la madrugada a la alcabala de la Guardia Nacional de Ureña, solicitaron a los efectivos militares el respectivo permiso para pasar a Cúcuta en donde podría recibir la atención inmediata y adecuada, pero la respuesta de los militares fue: «Esperen que se reabra el paso peatonal a las 6 de la mañana».

Según Jaimes, los padres del niño enfermo esperaron porque mayor tiempo invertirían en llevarlo a San Cristóbal. Llegada la hora de  acceder al puente internacional Francisco de Paula Santander y pasar a Colombia, en la vía el niño falleció. Murió en los brazos de su madre luego de pedir clemencia a los funcionarios militares.

La denuncia del suceso que sacudió a la opinión pública, la llevará la asociación de Abogados sin Frontera, capitulo Táchira, a la Corte Penal Internacional como delito de Lesa Humanidad.

«Esta transgresión está tipificada en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, como delito de Lesa Humanidad,  en la modalidad de Exterminio, dado por dos razones: falta de medicamentos,  asistencia médica y ausencia de alimentos», precisó el abogado defensor.  

Beltrán no es el único

En la comisión de derechos humanos fronterizos reposa la historia de Danny Richard Cuvides, venezolano de 31 años, que se encontraba cumpliendo tratamiento de hemodiálisis en la vecina población de Cúcuta. Tres días a la semana debía cumplir los trámites establecidos para cruzar el puente internacional y conectarse por un periodo de cuatro horas a la máquina de diálisis.

«Danny casi siempre pasaba solo a hacerse la hemodiálisis. Su familia se encontraba trabajando, él no podía hacerlo porque su misma condición. Día por medio lo dializaban y a veces terminaba muy débil, a parte de la presión que le generaba buscar los medios para volver a Venezuela antes que cerraran el paso peatonal. Aunado a los gastos de traslado y alimentación,  la situación no era nada cómoda para el joven», detalló Jaimes.

El pasado 4 de enero de regreso a Ureña, luego de cumplir las cuatro horas de hemodiálisis, en pleno puente internacional, Danny cayó:  «Sufrió un  paro respiratorio, producto a lo mejor del trajín al que se someten diariamente para pasar a Colombia. La caída también le ocasionó fractura de craneal», precisó.  

La mayoría de los pacientes venezolanos que requieren atención médica en Colombia, provienen de familias de estratos económicos bajos y muchos son los sacrificios a los que deben someterse para poder continuar con la terapia.

A diario tienen que invertir unos 4 mil bolívares entre pasajes desde el puente internacional a Cúcuta y viceversa, además de un pequeño refrigerio que necesitan consumir para no llegar a descompensarse. Si ese monto se multiplica por tres días a la semana que deben ir a la terapia, el resultado semanal son 12 mil bolívares y al mes 48 mil, suma difícil de manejar para alguien desempleado.  

A pesar que el artículo 43 de la Constitución venezolana contempla que el derecho a la vida es inviolable. «Veintiún personas  fallecidas, se nos han quedado pacientes a la mitad del puente internacional, mueren luego de las múltiples trabas que ponen los militares para acceder al paso a Cúcuta», contabilizó Jacinto Jaimes.

Mucha cola

Enormes filas se extiende a lo largo de los aceras, las personas no van a comprar alimentos, ni baterías, ni ningún otro producto de primera necesidad, la demanda es de salud.  

Cada mañana, antes que despunte el sol y las temperaturas asciendan a más de 35ºC, se agrupan con documentos en mano para poder pasar al otro lado de la frontera, a Colombia, hacen la cola para acceder a un servicio de salud que les garantice la vida y apacigüe el sufrimiento

En sillas de ruedas, de pie o sentados a un lado de los andenes  que conducen al puente internacional Francisco de Paula Santander, límite entre la localidad de Ureña, en Táchira y Norte de Santander, Colombia, se puede observar a numerosos ciudadanos que en compañía de familiares, amigos o en completa soledad, esperan que los militares venezolanos apostados en el puesto de control de la Guardia Nacional les den la autorización de pasar a Cúcuta, y cumplir con el tratamiento médico al que no es posible acceder en Venezuela.

Pacientes de diálisis, con cáncer, insulino dependientes, cardiacos con artritis reumatoidea, entre otros padecimientos se encuentran en cola y entre una conversación y otra  comparten a ratos la tragedia que viven.

Noé, es venezolano y tiene 72 años de edad, prefiere no haberse hecho nunca la diálisis. Debe ir tres días por semana a Cúcuta para someterse al tratamiento: «Hoy salí muy mal, la presión e incertidumbre de saber si nos dejaran pasar o no lo descompone a uno».

Aseguró que las autoridades militares los retienen por «mucho tiempo en la cola» antes de pasar a Colombia: «Nos averiguan hasta el nombre de los abuelos».

El hombre de avanzada edad y con rasgos de fatiga, comentó al El Estímulo que  su enfermedad es de larga data, 5 años. Su tratamiento lo inició en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde prefirió no volver porque le ocasionaba estrés la inconstancia en la aplicación de las terapias.

«La primera vez que me dializaron éramos un grupo de 30 personas en el hospital central,  a la fecha solo yo he sobrevivido a la enfermedad. Tengo que seguir con el tratamiento hasta que consiga un donante, cosa que veo difícil porque hay prioridades…los viejos no tenemos derecho a la vida”, dijo el anciano con voz entrecortada y ojos lagrimeantes».

Familiares de Noé explicaron al equipo reporteril de El Estímulo que la otra solución es adquirir un trasplante en Colombia, donde la sola operación cuesta unos 70 millones de pesos, equivalentes a Mil 800 millones de bolívares, cifra inalcanzable para ellos.

Sin permiso para vivir

Gloria Solano es colombiana nacionalizada en Venezuela. Sufre de una patología coronaria que amerita la pronta colocación de un Step Cardiaco. No puede hacerla en el Táchira porque no cuenta con los recursos.  

«No me puedo hacer ese tratamiento en Venezuela porque el examen me sale muy costoso. No tengo los recursos económicos para hacerlo. En una clínica privada me cotizaron en 480 mil bolívares y en el hospital de San Cristóbal no lo hacen porque no hay insumos, no hay nada para hacerlo».

Solano cuenta en su país de origen con un seguro médico que le cubre ese tipo de tratamiento pero previo debe solicitar una cita para ser evaluada por el cardiólogo,  tramite al que no ha podido convenir porque no le han permitido el paso hacía Cúcuta.

«No tengo la cita para realizarme la evaluación que desde hace un mes el cardiólogo de aquí me mando a hacer. Cuando voy a pedir el permiso para pasar a Cúcuta, me piden constancia de la cita médica pero ¿cómo voy a tener la cita en mis manos si no me han permitido pasar a solicitarla? Esto no lo ha entendido de ninguna manera la doctora que da los permisos», dijo la paciente.

Aunque el seguro que posee también le proporciona el medicamento de manera gratuita, tampoco ha podido adquirirlo. «Ni el medicamento lo consigo aquí, tampoco me dan permiso de pasar a buscarla allá. Mi  seguro me lo da gratis», señaló.

De no someterme al tratamiento -dijo el médico-  en cualquier momento puede sobrevenir  cualquiera ataque al corazón, agregó la angustiada dama.

Historias como estas se repiten a diario en la frontera tachirense en donde decenas de personas aquejadas de algún padecimiento ven cómo las autoridades tanto civiles como militares apuestan con el más preciado de los bienes humanos, la salud.

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