Elecciones legislativas, mediación de organismos internacionales, la intervención del Tribunal Constitucional o la renuncia de Vizcarra y un llamado a nuevos comicios presidenciales son las opciones que se vislumbran ante la complicada situación política del país sudamericano
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, busca reorganizar su gabinete tras disolver el Congreso, fortalecido por la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que había sido juramentada como «presidenta encargada» en un polémico procedimiento.
Los siguientes son los cuatro posibles escenarios en la crisis política en Perú:
Junto con disolver el Congreso, Vizcarra convocó a comicios legislativos para el 26 de enero para elegir a los 130 miembros del Congreso unicameral, lo que fue validado por el órgano electoral, que es autónomo.
Tendrán mandato hasta julio de 2021, pues deben completar el periodo de los elegidos en 2016.
Como la reelección fue eliminada en referéndum en 2018, los legisladores cesados no pueden postularse esta vez.
Este escenario es el más probable por ahora.
Los líderes opositores dijeron que enviarán representantes a países de la región para denunciar un «golpe» de Vizcarra, aunque fracasó su llamado a que la Organización de Estados Americanos (OEA) interviniera en busca de alguna mediación que les permita salvar su mandato en el Congreso de Perú.
Pero parece improbable que la crisis peruana se «internacionalice», pues las instituciones del país siguen funcionando, incluido el Congreso (con su Comisión Permanente).
Al rechazar intervenir en la crisis peruana, la OEA dijo que corresponde a su Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la disolución del Congreso.
El jefe parlamentario Pedro Olaelchea dijo que la oposición evalúa llevar el caso al Tribunal Constitucional, aunque no confiaba en sus magistrados.
Si el Tribunal le diera la razón a la oposición, restituiría a los 130 legisladores y podría suspender a Vizcarra.
Pero su intervención debería pedirlo el Congreso, que fue disuelto. Hay otras vías para presentar un recurso, que podría ser analizado en tres o cuatro meses, en coincidencia con los comicios.
Fue precisamente el empeño del Congreso en nombrar nuevos magistrados del Tribunal mediante un cuestionado proceso lo que indujo a Vizcarra a disolverlo.
Seis días antes de ser disuelto, el Congreso rechazó la propuesta que Vizcarra lanzó el 28 de julio de recortar un año su mandato y el de los parlamentarios, adelantando las elecciones para abril de 2020 (en vez de abril de 2021).
Tras ser cesados, los parlamentarios opositores quieren que Vizcarra renuncie y que se convoque a elecciones presidenciales adelantadas, además de legislativas.
La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz rompió con Vizcarra por la propuesta de adelantar las elecciones generales, pero ahora aboga por ellas.
Este escenario parece descartado, pues Vizcarra hizo esta propuesta debido a la imposibilidad de gobernar con un Congreso obstruccionista, del cual se deshizo al disolverlo.
Además, constitucionalmente Vizcarra sólo puede renunciar ante el Congreso de Perú, que no existirá hasta después de los nuevos comicios. No puede dimitir ante la Comisión Permanente.
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