“Es una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe agrega que el gobierno curazoleño niega la protección a personas venezolanas y denuncia de varias presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de Venezuela.
De acuerdo a AI, en 2017 las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas mediante el establecimiento de un procedimiento de concesión de asilo imparcial y efectivo.
La ONU calcula que 2,3 millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curazao en situación migratoria irregular