La Asamblea Nacional y la velocidad de los hechos

Estamos en Febrero y parte de la ciudadanía parece estar esperando que el Poder Legislativo produzca unos resultados automáticos, que traigan ya la escenografía montada, y que sobrepasan sus propias posibilidades en cuanto a velocidad e impacto.

La mayoría democrática de la Asamblea Nacional, que es fruto de un país que está emergiendo entre los escombros del chavismo, tiene que ejecutar con precisión varias maniobras simultáneas. Es una tarea compleja, para la cual, ciertamente, se vienen concretando condiciones objetivas.

Es un cuerpo que debe producir una nueva realidad legal a la vista; que debe acentuar su control e influencia sobre el resto de los poderes del estado; obligada a proteger su capital político y que tiene la obligación de desarrollar un debate, visible y de impacto, sobre la causas de la actual crisis, sus responsables y sus soluciones.

La tarea luce compleja y encuentra a la Unidad Democrática parada frente a un gobierno decidido a trancar el juego, a producir un corto circuito institucional que les permita obtener tiempo, uno de los pocos bienes que le puede ir quedando al chavismo para intentar sobrevivir en esta realidad como movimiento.

Los contenidos del debate sobre la Ley de Amnistía lo denuncian. El chavismo está ejecutando en secuencia una estrategia para apagar los ecos de la Asamblea y el rigor de las decisiones legislativas. Está ejecutando un autogolpe disuelto en el debate, dispuesto por partes, que evite el estruendo, que nos habitúe a una situación disfuncional en medio del cumplimiento de ciertas formalidades.

No deberíamos olvidar que los chavistas saben ejecutar cirugías fraudulentas de este tipo de forma bastante diestra.

Los diputados de la MUD han ido comprobando como, bajo un cierto comportamiento que se empeña en desconocer la situación política actual, y la legalidad misma, algunas de las facultades naturales de la Asamblea Nacional pierden ámbito en medio de la desobediencia. Se trata de la tradicional aproximación instrumental y amoral de la clase dirigente chavista frente a la letra de la ley.

Bajo esa óptica, luce legítimo que el chavismo haya aprobado Leyes Orgánicas por mayoría simple, y al mismo tiempo decida, con toda tranquilidad, que sus funcionarios, algunos militares, responsables directos de esta crisis, no asistan a las interpelaciones legislativas. También, como afirmó Diosdado Cabello, para desconocer las leyes aprobadas a partir de una decisión popular y un mandato político, como la Ley de Amnistía.

La dirigencia de la MUD tiene que anticiparse a esa realidad. El Poder Legislativo venezolano debe tener mucha firmeza para no ver irrespetado su fuero .

Sobre todo eso se asienta, como un deber que es casi existencial, la necesidad de interpretar correctamente la velocidad de los hechos y el desarrollo de la crisis para diseñarle al país, en calidad de propuesta, una solución constitucional, viable, pacífica, que debe ser de carácter consultivo, sobre el destino del gobierno de Nicolás Maduro. La legitimidad política la tiene la Asamblea Nacional. Eso el país no lo puede olvidar.

Por supuesto que la Asamblea Nacional sola no podrá detener los efectos de la crisis. Podría contribuir a solucionarla, de prestar el chavismo concurso, y ese podría ser el pivote de un acuerdo que le otorgue a este movimiento todas las garantías de la Constitución en caso de un cambio de gobierno.

Ninguna decisión trascendente sobre su solución a la crisis podrá gestarse en una licuadora. El Poder Legislativo tiene unos modales, una velocidad y una identidad natural, que necesita también renacer. Este es, por definición, un cuerpo colegiado que no tiene carácter ejecutivo.

Regresarán, sí, los debates, la descarga de argumentos, y sus efectos tendrán una influencia en la formación de nuevas opiniones. Contribuirán de forma decisiva al cemento de una nueva percepción y una nueva realidad.

La mayoría democrática de la Asamblea Nacional es la expresión de un mandato claro, genuino, inapelable. Producto de una aplastante derrota propinada a los chavistas. Tiene frente a sí a unos poderes desacreditados, vistos como parte substancial de la crisis. Muchos de ellos electos de forma cuestionable. La Asamblea Nacional necesita hacer valer su fuero e interpretar con responsabilidad la desesperanza actual.