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De San Antonio a San Cristóbal nadie se salva del matraqueo en las alcabalas

Los municipios del estado Táchira, fronterizos con Colombia, no solo padecen de constantes y extensivos cortes eléctricos, escasez de agua potable, alimentos, medicinas, pésimo servicio de telefonía móvil y fija e internet: también sufren una especie de apartheid que los mantiene alejados del resto del país y quien pretenda salir o entrar debe pagar en alcabalas como si se tratara de peajes

De San Antonio a San Cristóbal nadie se salva del matraqueo en las alcabalas

Al menos 10 alcabalas de diferentes cuerpos de seguridad (Guardia Nacional, Ejército, Policía Nacional y Regional, además de CICPC), se cuentan en el trayecto de 39 kilómetros que separan a San Antonio del Táchira de la capital, San Cristóbal.

Podría decirse que la presencia excesiva de funcionarios de seguridad a lo largo de la vía fronteriza está relacionada con las restricciones de movilidad establecidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la realidad parece ser otra.

El 28 de enero hubo un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo militar (Jack) de la Fuerza Aérea Venezolana que se desplazaba por la vía que conduce desde el municipio Capacho hasta San Antonio y dejó un saldo de 10 civiles fallecidos (caminantes) y más de 20 heridos. Esto encendió las alarmas. Y se le suman las denuncias sobre presuntos cobros por traslados y sobornos a quienes se movilizan por la carretera.

Un audio al que tuvo acceso El Estímulo circuló la misma noche del accidente. Se atribuye al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Los Andes, el mayor general Ovidio Delgado Ramírez, quien señala la responsabilidad que pudiera tener un oficial militar sobre el suceso. Delgado Ramírez se pregunta: “¿Quién les devuelve la vida a esas personas? ¿Ese teniente por que montó a esa gente? ¿Estaba cobrando para trasladar a esa gente? ¿Qué hace circulando después de las 18:00 horas si está prohibido? ¿Quién comanda a ese oficial y cómo ese oficial hace lo que le da la gana?”.

A más de una semana del fatal suceso las respuestas a las interrogantes del jefe de la REDI se desconocen, lo que sí se ha hecho reiterado son las quejas por cobros en divisas en alcabalas y puntos móviles a quienes intentan llegar a la fronteriza población de San Antonio del Táchira.

Denuncias

Autobuses, carros públicos, particulares y hasta las motos deben pagar. Nadie está exento del cobro en pesos o dólares para llegar o salir de San Antonio, dijo Rubén, habitante del sector 5 de julio de la población de frontera, que prefiere no figurar con su nombre real por razones de seguridad.

“Matraquean a carros particulares, taxis y motos. Esto no solo lo hace la Guardia Nacional, también lo hacen funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del Táchira”, agregó.

En el trayecto que conduce desde San Antonio hasta el punto de control fijo de Peracal, se pueden ver vehículos particulares y camionetas atestadas de pasajeros con maletas, a pesar de las restricciones de tránsito que existen.

Los transportistas y ciudadanos se quejan y denuncian las irregularidades que se tejen detrás de las restricciones en la circulación vehicular en el estado Táchira. Todos hablan del “Sargento G”, un guardia destacado en el punto de control de Peracal. Las caras son de angustia, terror e impotencia cuando se refieren al funcionario que es señalado de ser la autoridad que dispone quién pasa o no la acabala.

Hay una cadena atravesada en plena alcabala y supuestamente el «Sargento G» la sube o baja a conveniencia, dice Rita (otro nombre de resguardo), una mototaxista de la zona que relató al El Estímulo los excesos de poder que ejerce el militar.

“Para que el sargento G baje la cadena hay que pagarle, es un grosero. Me quitó la moto mientras le hacía una carrera a un abuelito. Uno lo que cobra por carreras cortas son 5.000 pesos (2.500.000 bolívares). Mientras ayudaba a bajar al señor, el sargento me alcanzó, se subió a la moto me pidió la cedula, me la quitó, también los papeles de la moto y me detuvo”.

Cuando un grupo de personas, entre ellos funcionarios militares vieron la situación de atropello a la que se sometía a la mototaxista, acudieron a mediar. Ella comentó que el militar en tono desafiante dijo: “Déjenla, eso es para que ella sepa que aquí no hay que apadrinarse y mucho menos pasar y no dejar plata. Por mi que se le sequen las patas por estar parada esperando que la deje ir”.

Dos horas permaneció la mujer detenida en las inmediaciones del puesto de control fijo de Peracal, hasta que el funcionario le ordenó que se retirara. Pero antes, la obligo a dar vueltas en la moto alrededor de él y se reía de su mandato.

G no es el único funcionario militar destacado en el punto de control fijo fronterizo que es señalado por los transeúntes y transportistas, hay al menos dos más -L y A- que se nombran en la denuncia.

“Nos tratan como a perros. Nos quitan las motos por cualquier cosa que uno haga cuando la realidad es que todos andamos rebuscándonos, eso no es secreto, todos estamos en la misma, pero a ellos la plata les entra fácil”, denunció otro de los trabajadores mototaxistas.

Los excesos denunciados llegan hasta la detención de motos y un cobro de estacionamiento de 50.000 pesos colombianos por 24 horas, equivalente a unos 26 millones de bolívares, a lo que se suman las “multas” que se deben cancelar al oficial encargado de la comisión para que sea devuelta la moto.

“¿Hasta cuándo tanta corrupción? Si no les alcanza el sueldo vayan a Miraflores y exijan un sueldo digno, pero no sigan agravando los problemas que tiene el pueblo de Venezuela. Basta ya de sacar la platica a la gente, aprovechando la necesidad de movilizarse. Cómo es posible que ahora cada alcabala sea un peaje de las autoridades donde uno se ve obligado a darles plata para poder circular. Si tienen necesidades exijan a quienes nos gobiernen”, dijo Henry, habitante de San Antonio.

El viaje más costoso

Los terminales de San Cristóbal y San Antonio permanecen cerrados, lo que incrementa el valor del transporte ilegal de personas de una zona a otra. Los precios por traslados varían de acuerdo al tipo de vehículo utilizado y se cobran en pesos colombianos o su equivalente en dólares.

En moto y con equipaje de mano son 25 dólares para llegar desde San Antonio a San Cristóbal. En carro particular se paga entre 50, 100 y hasta 150 dólares, dependiendo del volumen de equipaje que se transporte. Un transporte privado desde San Cristóbal hasta Maracaibo, estado Zulia, tiene un costo de 400 dólares para dos adultos y un menor de edad; todo esto de acuerdo a cifras consultadas por El Estímulo a transportistas en la zona.

Las tarifas de traslado nacional y local son justificadas por los transportistas debido a los llamados “peajes” que deben cancelar en alcabalas y puntos de control militar y policial.

Mientras tanto, quienes no pueden pagar costosos pasajes deben permanecer en las afueras de los terminales fronterizos esperando la reanudación del transporte legal de pasajeros.

“A esta hora en el terminal de San Antonio del Táchira, mujeres ancianas y niños en brazos están esperando transporte ante la mirada indolente de autoridades que no les dan ni respuesta, ni solución. Estas personas son emigrantes retornados que una vez llegan a tierra venezolana lo único que desean es regresar a sus hogares. Ni siquiera hay dispuesta una unidad de Protección Civil en estas instalaciones para cualquier eventualidad ¿A esto es lo que llaman amor al pueblo?”, dijo Vladimir Pérez, un venezolano que esperaba lograr el regreso al estado Yaracuy el pasado viernes 29 de enero.

Al caer la tarde y no encontrar solución al problema de traslado a las ciudades destino, muchos viajeros buscan un buen lugar en la calle donde resguardarse para pasar la noche: “Mañana será otro día y veremos qué se resuelve”. Sí, Vladimir, será otro día, pero la situación seguirá siendo la misma.

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