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Décadas de corrupción alimentan la violencia que desangra Río de Janeiro

La violencia desangra a Río de Janeiro alimentada por décadas de corrupción de políticos que saquearon las arcas públicas y dejaron a la población a merced de una guerra con miles de víctimas al año que ahora el presidente de Brasil pretende frenar con el Ejército.

Décadas de corrupción alimentan la violencia que desangra Río de Janeiro

A ocho meses de las elecciones presidenciales, Michel Temer, que roza el 5 por ciento de popularidad, ha dado un golpe de efecto y, por primera vez en la historia de Brasil, ha dejado en manos del Ejército la Seguridad Pública del estado de Río.

Temer, que busca apoyo parlamentario para aprobar una polémica reforma de las pensiones, ha elegido a un general de confianza para comandar la operación en Río, el jefe del Comando Militar del Este.

Walter Souza Braga Netto, con experiencia en la coordinación de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016 y en la inteligencia del Ejército, organizará a los militares y a los distintos cuerpos de la policía estatal.

Unos 10.000 soldados se encuentran en Río desde el pasado año, pero sus presencia apenas se ha hecho notar, más allá de las primeras fotos en el paseo marítimo de Copacabana y de algunos operativos en favelas y en carreteras sin éxitos notables.

La decisión del presidente se produce tras un carnaval marcado por el tono crítico y manchado por escenas de violencia en Río que dieron la vuelta al mundo ante la incapacidad de las autoridades para reaccionar.

Mientras se multiplicaban los saqueos y los asaltos, el portavoz de la policía llegó a comparar Río con París y el gobernador Luiz Fernando Pezao admitió que no estaban preparados para esa ola de violencia.

El alcalde, el pastor evangélico Marcelo Crivella, -que considera pecaminoso el carnaval- se fue a Europa, en un viaje privado que ahora está bajo investigación por el uso de fondos públicos.

«No podemos seguir aceptando pasivamente la muerte de inocentes», dijo hoy Temer, que calificó la violencia como una «metástasis» y prometió devolver las plazas públicas a «la gente honesta».

 

El presidente no mencionó las causas de la violencia en un estado ahogado por la crisis, rehén de políticos corruptos y de una guerra sin cuartel entre bandas por el control del territorio y de las rutas del tráfico de drogas y armas.

Prácticamente todos los principales dirigentes del estado de Río en los últimos 20 años están en prisión o acusados de corrupción, incluyendo los exgobernadores Anthony Garotinho (1999-2002) y Sérgio Cabral (2007-2014), aliado de Pezao, también blanco de la Justicia pero protegido por su fuero político.

Cabral utilizó el Mundial 2014 y los Juegos de Río para enriquecerse hasta el punto de desviar recursos de proyectos de mejora de las favelas.

La corrupción nutrió la crisis y Río tuvo que declarar quiebra en vísperas de las Olimpiadas de agosto de 2016.

Año y medio después, la crisis es más profunda si cabe y los cariocas tienen aún que pagar la pesada factura olímpica.

La administración regional apenas puede pagar a sus funcionarios, no hay inversiones, la violencia se ha disparado, el desempleo alcanza a más de un millón de personas y los «moradores de rúa» (mendigos) se cuentan por miles.

Sólo en lo que va de año, se han registrado más de 150 muertes violentas en una ciudad que se acostumbró a vivir con 20 tiroteos al día y contabilizó 6.700 homicidios en 2017.

Un cuadro que llevó a la fiscal general de Brasil, Raquel Dogde, a decir que Río de Janeiro vive un clima de «tierra sin ley»

En noviembre pasado, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, habló en público de un secreto a voces, los vínculos de la Policía con el crimen organizado.

«Hoy, los comandantes (de la Policía Militarizada) son socios del crimen organizado en Río», dijo. Nadie se ha referido hoy a sus palabras.

En el aire todavía muchas preguntas pendientes que el Gobierno no ha aclarado, desde el costo de la intervención hasta los límites de la actuación del Ejército, uno de los aspectos que más preocupan a las organizaciones civiles dado que las operaciones policiales en las favelas han llegado a duplicar el número de víctimas.

La intervención «refleja la cristalización de un fracaso total y absoluto de las autoridades», resumía hoy el analista Marcelo Lins.