La Comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga lo ocurrido en el operativo militar que culminó con la muerte del ex funcionario Óscar Pérez y seis personas que estaban con él, pedirá medida de protección para los cuerpos así como para los familiares. La Comisión también determinó que el gobierno ha detenido a 31 personas a quienes vincularían con el ex funcionario.
La presidenta de la Comisión de Política Interior y quien dirige la Comisión especial que investiga los hechos ocurridos en El Junquito donde murieron Óscar Pérez, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, los hermanos Abraham y Jairo Lugo, Daniel Soto y Lisbeth Andreína Ramírez, Delsa Solórzano, se refirió sobre algunos aspectos que contendrá el informe preliminar que presentarán la próxima semana en plenaria de la Asamblea Nacional.
Solórzano agradeció al personal de la morgue por haberse «resteado» y a los familiares, en primer término, y luego a todo el equipo que según ella, ha venido trabajando en el caso.
Explicó que el informe será preliminar porque las investigaciones continuarán, «hasta dar con los responsables».
La parlamentaria aseguró que pueden confirmar la intención que había por parte de las autoridades de cremar los cuerpos.
Por eso, señaló que éstos deben ser resguardados ya que están sometidos a investigación penal. También informó que se pedirán medidas cautelares de protección para los cuerpos y familiares aunque no quiso dar mayores detalles.
Tampoco ofreció detalles sobre las denuncias que se realizarán a nivel internacional.
«Los masacraron, secuestraron y vistieron con harapos», dijo Solórzano criticando lo ocurrido con los cuerpos, los cuales fueron sacados de la morgue para realizar un entierro controlado.
La diputada se dispuso a «aclarar» algunas dudas que ha «leído en redes sociales».
Por ejemplo, que el Director de la morgue de Bello Monte aseguró que Lisbeth Andreína Ramírez no estaba embarazada.
Sin embargo, los familiares de su pareja, señalan que sí.
Solórzano sostuvo que el informe forense será el único que dirá si estaba o no embarazada así como el estado del resto de los cuerpos. Por eso, exige que se entreguen dichos informes.
En cuanto a las causas de muerte, recordó que seis de los siete cuerpos presentan disparos únicos en la cabeza y uno en la tercera vértebra cervical pero el informe forense también reflejará cuántos disparos más presentan y el tipo de armas que causó las heridas entendiendo que durante el operativo se emplearon distintos armamentos.
Los familiares pudieron ver los cuerpos pero esa información se mantendrá a resguardo indicó la diputada.
Recordó, asimismo, que la no comparecencia de los funcionarios ante la Comisión, es un delito así como el hecho de no entregar la lista de funcionarios que participaron en el operativo.
La Comisión mostró su intención de investigar la muerte de los dos supuestos funcionarios policiales cuyas identidades continúan siendo un misterio ya que sus datos filiatorios no coinciden con los nombre aportados por el ministro Néstor Reverol.
«Son nueve fallecidos en esta masacre», indicó la parlamentaria quien recordó que los delitos de derechos humanos no prescriben.
-Detenciones arbitrarias-
Sobre los detenidos en este caso, Reverol solo menciona cinco pero la Comisión ha logrado constatar que habrían 31.
Estás detenciones las califican de «arbitrarias».
Al igual que otros detalles de las investigaciones que vienen realizando, datos como quiénes serían estas personas o dónde estarían detenidas, se mantendrán a resguardo por solicitud de las víctimas.
Comprobaron que Antonio Pérez, joven que habría sido detenido según Reverol y que su madre denunciaba como desaparecido, efectivamente estaría preso.
En relación a la presencia de niños, dijo que «no tenemos denuncia de nadie que diga que había niños».
También se refirió a la reconstrucción de los hechos, la cual se hará de forma documental con expertos, peritos y ex fiscales.
Y que dos personas cercanas a José Pérez Cisneros, otro detenido, se encontrarían desaparecidos.
La diputada indicó además que lo que hicieron estás personas antes de morir- tomar un puesto militar y llevarse las armas- no será investigado porque «no era competencia de la Comisión ya que los masacraron. Si cometieron delitos, lo debían investigar los órganos jurisdiccionales. Ellos negociaron pero los masacraron», manifestó.
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