Venezuela

Liberan a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente en Apure

A las 5 pm, nueve horas después de su detención arbitraria por parte de militares venezolanos, fueron liberados periodistas de NTN24 y activistas de Fundaredes. Los soltaron sin proceso ni medidas cautelares pero también sin sus teléfonos celulares ni sus cámaras

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Tras sufrir una detención arbitraria en Apure, los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández fueron liberados a las 5 pm, sin ningún tipo de medida cautelar ni proceso judicial.

Junto a los dos periodistas, trabajadores del medio digital basado en Colombia NTN24, también fueron detenidos dos activistas de Derechos Humanos de la ONG Fundaredes, Juan Salazar y Diógenes Tirado.

Los cuatro estaban cubriendo los hechos de la frontera, donde hay enfrentamientos entre militares venezolanos y supuestos disidentes de la guerrilla colombiana, pero que han afectado a la población civil que ha huido a Colombia en masa.

También lo anunció el medio TNT, Fundaredes y el Colegio Nacional de Periodistas en su cuenta de Twitter:

Se pudo conocer que a los periodistas y a los defensores de derechos humanos les quitaron los celulares y las cámaras.

Lo ocurrido

Dos periodistas del medio digital basado en Colombia NTN24, y dos activistas de derechos humanos de la ONG Fundaredes fueron detenidos por militares venezolanos y permanecieron desaparecidos en la tarde del miércoles 31 de marzo. Militares venezolanos los detuvieron de manera arbitraria mientras cubrían el conflicto en la población fronteriza de La Victoria, en el estado Apure.

«Sin información de dos periodistas de NTN24 y dos activistas de DDHH en Apure. Desde su detención en La Victoria, aproximadamente a las 4:00 de la tarde no se perdió el contacto con Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández, Juan Salazar y Diógenes Tirado», denunció en el momento, el portal de noticias en su página principal y en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 3,7 millones de seguidores.

Según la información, en horas de la tarde del miércoles, los dos periodistas y los dos activistas de la ONG Fundaredes fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional al llegar a la población La Victoria en el estado Apure para hacerle cobertura al conflicto armado.

«Desde su detención, aproximadamente a las 4:00 de la tarde se perdió el contacto con los ciudadanos y se desconoce su paradero», señala NTN24 en la mañana del jueves 1 de abril.

«Cabe destacar que, según las leyes internacionales de libertad de expresión, el ejercicio a la prensa durante conflictos armados, está amparado en el Derecho Internacional Humanitario», agrega el reporte.

Contra derecho internacional

«Los periodistas que cubren conflicto armado no pierden su condición de civiles. Ellos no son parte de los conflictos que cubren. Por esta razón, continúan protegidos por las garantías aplicables en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario», explica el portal.

Fundaredes es una ONG con más de 15 años de servicio en Venezuela. Define su trabajo como «construir tejido social a través de la creación de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, así como la organización social a favor de la libertad y la democracia».

Su presidente, Javier Tarazona, también ratificó en la mañana de este jueves que los activistas siguen desaparecidos tras la detención arbitraria.

Conflicto en Apure y más allá

En la frontera entre el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure hay un conflicto de mediana intensidad que hizo erupción el 21 de marzo.

Varios ataques de grupos irregulares provocaron lo que autoridades de Colombia definen como un estado de calamidad del lado colombiano. Centenares de familias se desplazaron en los últimos días a buscando refugio en Arauca.

Pero muchas de ellas ya han regresado, según el Ejército de Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro afirma que los ataques a puestos y pobladores venezolanos  son ejecutados por bandas de paramilitares y narcotraficantes colombianos amparados por la CIA y por el gobierno de Duque.

Colombia y testigos atribuyen los ataques a una rama de la disidencia de las FARC que, siempre según fuentes colombianas y de críticos venezolanos, han actuado durante años en la frontera, y controlan vastas zonas del territorio.

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