Así lo denunció el diputado Winston Flores a través de su cuenta en Twitter.
La información coincide con la ofrecida a través de la misma red social por el periodista de sucesos, Deivis Ramírez, quien detalló que Díaz Pimentel trabajaba como escolta para el Saren.
Por su parte, la parlamentaria Olivia Lozano calificó de «arbitraria» la decisión de cremar los cuerpos de los exfuncionarios. Para ella, hacer este tipo de acciones significaría borrar la evidencia del hecho suscitado el pasado 15 de enero.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano también denunció la situación a través de su cuenta en twitter.
Según información extraoficial recabada por una reportera de El Estímulo en el lugar, los cuerpos de estas dos personas ya habrían sido incinerados y que a los demás le habrían acelerado el proceso de descomposición. La cremación podría haberse realizado en el Cementerio General del Sur.
Ese día, un operativo policial en El Junquito cegó la vida de Óscar Pérez y un grupo de sus seguidores, quienes por más de seis horas estuvieron entre negociaciones e intercambio de disparos. El expiloto del Cicpc documentó sus últimos momentos de vida a través de la red social Instagram.
El pasado 27 de junio de 2017, el citado funcionario de la policía científica sobrevoló Caracas y realizó algunos disparos a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior y Justicia, así como lanzó unas granadas a estos edificios en donde pedía invocar el artículo 350 de la Carta Magna.
Desde entonces, Pérez se convirtió en fugitivo y realizó varias incursiones. Una de ellas fue a un puesto de la Guardia Nacional para robar fusiles y demás material bélico.
También hizo unas breves apariciones durante las manifestaciones de 2017, en donde exhortaba a la población seguir peleando.
Tras el ataque al puesto castrense, el presidente Nicolás Maduro ordenó su captura inmediata.
Luego de los sucesos de El Junquito, los cuerpos fueron llevados a la medicatura forense a la espera de sus familiares, quienes se quejaron porque no permitían verlos.
Según el artículo 28 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios, uno de los impedimentos para proceder a la cremación es que el cuerpo esté sometido a un proceso de investigación penal o científica, como es el caso de Pérez y Pimentel.
