Deportados de la frontera en 2015 llevarán sus casos a la Corte Penal Internacional

Con rostros tristes y aún con el dolor del “terror” vivido cuando las autoridades venezolanas los desalojaron del sector conocido como “La Invasión”, en el municipio Bolívar -en la frontera con Colombia- aseguraron que llevaran hasta las últimas instancias sus denuncias.
Los manifestantes agrupados en la “Asociación de Víctimas de Desplazamiento, Deportación y Refugiados de la Frontera”, acompañados del parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, alertaron que los delitos cometidos por autoridades venezolanas han sido consignados ante la Fiscalía colombiana y al Ministerio Público de Venezuela, órgano que cerró la investigación y la envió al Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el planteamiento hecho.
Márquez explicó que una situación similar se vivió en Colombia, cuando se ejerció una tutela o amparo constitucional en contra de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de ese país dictaron sentencia como si las deportaciones nunca hubieran existido porque se alegó que «Nicolás Maduro, tenía inmunidad y privilegios como presidente de Venezuela. Desconociendo que al hacer una denuncia por crímenes de Lesa Humanidad, no procede la inmunidad presidencial, él tiene que corresponder personalmente por los dañas ocasionados», agregó.
Agotadas las vías nacionales en Colombia y en Venezuela, los ciudadanos han decidido recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y establecer la responsabilidad personal del Estado Venezolano y se paguen reparaciones e indemnizaciones.
La solicitud simultáneamente será hecha ante la Corte Penal Internacional en La Haya, informaron.

Las cicatrices permanecen

Ana Teresa Castillo Ramos vivía en condición de refugiada en el barrio “Mi pequeña Barinas”, del sector «La Invasión», lugar en el que la Operación Liberación del Pueblo (OLP), ingresó en agosto de 2015 y deportó a unos 1500 ciudadanos de nacionalidad colombiana que se encontraban allí establecidos.
Castillo es integrante de la asociación de víctimas de la frontera “Deredez” (deportados, refugiados y desplazados), tanto ella como muchas de las personas que fueron deportadas masivamente desde Venezuela, relataron el drama que han tenido que sobrellevar.
Fue desplazada por los grupos irregulares en Colombia en más de tres ocasiones, en una de esas fue violada por siete hombres.
“Dejaron todo mi cuerpo marcado (…) me destruyeron el pezón del seno izquierdo”, relata entre lágrimas, mientras se levanta la blusa para dejar ver algunas de las huellas imborrables que ha dejado la violencia en su cuerpo”.

Cuando llegó a Venezuela pensó que la vida empezaba de nuevo y que había dejado sus pesadillas atrás, pero no fue así.
La noche de las deportaciones -19 de agosto de 2015- la recuerda Castillo, como una pesadilla qué hasta ahora, no ha tenido final.
“Las OLP, nos tuvieron cinco días secuestrados en nuestras propias casas, antes de sacarnos. A las mujeres las trataban de prostitutas y a los hombres de paramilitares. Al final me sacaron, aun teniendo un estatus de refugiada, que no solo me violaron a mi sino a más de 100 personas que se encontraban en la misma condición que yo”.

Al cruzar a Colombia, de nuevo sin un lugar dónde vivir, sin dinero y sin una segunda ropa, fue duro. Recordó que eran tantos los deportados que los refugios dispuestos por el gobierno nacional, colapsaron.
“Nadie nos escuchaba. Fui a la alcaldía de Cúcuta y nadie me oyó, tampoco en la gobernación. Me acerque a Acnur y ellos me ayudaron, nos capacitaron y de ahí ha empezado una lucha por los deportados”.
El clamor de justicia la ha llevado a presidir la asociación de refugiados que hoy cuenta con 487 víctimas de desplazamiento, 185 refugiados y más de 600 deportados para un total de 4000 familias agremiadas que solicitaran una indemnización ante la violación de derechos humanos durante las deportaciones forzosas, cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Yaneira Quintero, fue sacada “bajo engaño” por la fuerza pública de la residencia donde vivía con la familia en el barrio Ezequiel Zamora, el pasado 19 de agosto de 2015.
“Nos dijeron que solo íbamos a ser parte de un censo. Nos llevaron a una cancha en la que permanecimos horas con los niños aguantando hambre y sed”.
Los insultos los recuerda Yaneira como una herida que aún no cicatriza: “nos decían que éramos unos colombianos arrimados, que nos fuéramos de Venezuela. Nos amenazaron con quitarnos a nuestros niños porque ellos si eran venezolanos. Después nos sacaron por el puente hacia Colombia”.
Con lágrimas la mujer de nacionalidad colombiana, recuerda que su esposo retornó por las trochas (pasos ilegales) a Venezuela con la intención de recuperar ropa y algunos enseres que quedaron en la vivienda. Su primera noche en el vecino país la recuerda en medio de un llanto desconsolado, “el Ejército de Colombia nos ayudó, nos ubicó para dormir en unas carpas, nos dieron agua y algo de comida y de ahí en adelante empezamos de cero”.
El episodio dejó marcada para siempre a Yaneira, quien ahora pide justicia a los organismos internacionales.
“Pediré justicia ante la Corte Penal Internacional. No soy ni paramilitar, ni guerrillera como lo quiso hacer ver el gobierno de Venezuela. Mi familia y yo buscábamos una mejor vida en Venezuela, tenía más de 10 años allá y mis hijos son venezolanos».

Las víctimas de la deportación forzosa no fueron amparadas por la Ley de Deportaciones, firmada por el fallecido Hugo Chávez, donde se obligaba a adelantar un juicio administrativo a los ciudadanos deportados.
Se violó la Ley del Derecho a la Vivienda, al destruir de manera violenta los hogares de cientos de colombianos residentes en la zona de la invasión, en el municipio Bolívar, frontera con Colombia.
Así mismo se violó el Tratado de Tonchala, en el que se establecía que no se podían deportar a más de cinco personas simultáneamente y el gobierno de Venezuela deportó a más de 1.500.
Estas acciones representan un crimen de Lesa Humanidad, de acuerdo al estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, instancia a la que acudirán finalmente.]]>