Las irregularidades en la petrolera estatal Petrobras que están bajo investigación le costaron a las arcas públicas de Brasil cerca de 3.000 millones de reales (unos 1.171 millones dólares), afirmó hoy el presidente del Tribunal de Cuentas, Augusto Nardes
Ese cálculo incluye el aumento del precio de forma supuestamente irregular en obras en el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) y en las refinerías de Abreu e Lima, en Pernambuco (noreste), Duque de Caxias (Río de Janeiro) y Getulio Vargas (Paraná, sur), además de la compra de una refinería en la ciudad estadounidense de Pasadena (Texas).
En un almuerzo con periodistas brasileños, Nardes calificó las irregularidades como «el mayor escándalo investigado» por el Tribunal de Cuentas (TCU) de este país.
El responsable del TCU dijo que hay «indicios» de que las supuestas irregularidades lleguen a la cifra indicada, aunque matizó que los cálculos todavía tienen que ser estudiados por los magistrados que integran el organismo.
Estas supuestas irregularidades están siendo investigadas en diferentes procesos por la Fiscalía de Río de Janeiro y también por una comisión parlamentaria.
Cerca de la mitad del capital, unos 1.600 millones de reales (cerca de 585 millones de dólares), corresponde a las pérdidas sufridas por la compra de la refinería de Pasadena en 2006, en un proceso que el TCU considera que ya está «comprobado» el sobreprecio pagado por la petrolera.
Petrobras compró la mitad del capital de la refinería de Pasadena por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por la totalidad de la planta.
Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares por la otra mitad del capital.
El pasado julio, el TCU determinó el bloqueo de los bienes de once exdirectores de Petrobras considerados responsables de la compra de la refinería.
No obstante, exculpó de responsabilidad a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que en la época de los hechos era miembro del Consejo de Administración de Petrobras en condición de ministra de Minas y Energía.
En una audiencia celebrada este lunes, la corte ordenó al Estado de Cabo Verde aliviar la medida tomada contra el supuesto testaferro, al estimar que la Justicia caboverdiana "actuó fuera de su jurisdicción" cuando lo detuvo el pasado 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.
Entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa PetroCaribe, una iniciativa del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez que permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos.
