La diputada a la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, parte del grupo de seis parlamentarios a quienes el Tribunal Supremo de Justicia anunció el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, se refugió desde este miércoles en la residencia del embajador de Italia en Venezuela.
El ministerio de Relaciones Exteriores del país trasalpino confirmó el hecho, agregando que la representante del partido Causa R, quien está casada con un ciudadano italiano, se encuentra en pleno proceso para obtener la nacionalidad.
El comunicado asegura que a Magallanes se le garantizarán “todas las protecciones y hospitalidad posibles, en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas”.
Asimismo, el gobierno italiano agregó calificó la decisión del TSJ como un acto que viola “las inmunidades y principios parlamentarios básicos del Estado de derecho».
Este martes, el Supremo, controlado por Nicolás Maduro, ordenó que un grupo de diputados opositores sean procesados y juzgados penalmente por tribunales ordinarios, acusados de “traición a la patria”, en un proceso que no cumple con los mandatos de la Constitución Nacional vigente, entre ellos la obligatoriedad de antejuicios de mérito.
Además de Magallanes, parlamentaria por el estado Aragua, figuran Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, José Simón Calzadilla Peraza, Americo De Grazia y Richard José Blanco Delgado.
La ponencia fue del magistrado Yván Darío Bastardo Flores, presidente de la Sala de Casación Civil, que acusa a los opositores de “comisión flagrante de delitos comunes”, por lo que afirma que “no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal”.
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
"Consulta Popular" del proyecto de Ley que fiscaliza y regula la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela arrancó este viernes con énfasis en presunciones de que estas entidades sirven para financiar a partidos políticos opositores, reciben fondos del imperialismo, lavan dinero y son una amenaza para el sistema.
Sin incidencia en las decisiones reales, sin capacidad de dictar leyes que se vayan a ejecutar realmente y sin sentido político de la oportunidad, al menos, para estar presentes en los debates de fondo del país, esta Asamblea Nacional-2015 es una triste entelequia
