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Divergencia López-Capriles: entre la rebelión y el diálogo

Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski encarnan dos visiones sobre cómo enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, al que consideran, con matices, autoritario e ilegítimo. Un dilema político del siglo XXI, que vuelve a emerger en razón de los comicios parlamentarios anunciados para diciembre próximo

Divergencia López-Capriles: entre la rebelión y el diálogo

El equipo de campaña del candidato Henrique Capriles había presentado la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un recuento voto a voto de los resultados de los comicios presidenciales de abril de 2013, en los que resultó elegido presidente Nicolás Maduro. El jefe nacional de la campaña, Carlos Ocariz, dijo que solicitaron la revisión de «boletas, actas, máquinas, huellas y cuadernos» de votación, y se reunieron durante «cerca de dos horas y media» con la presidenta del organismo electoral, Tibisay Lucena.

Capriles y la solución institucional

Henrique Capriles Radonski manifestaría negarse a reconocer los resultados, aduciendo múltiples irregularidades que podrían haber afectado una cantidad mayor a 1% de los votos emitidos en la contienda. En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, declaró inadmisibles las impugnaciones presentadas contra los comicios. El secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un documento para denunciar la elección presidencial, calificándola de fraudulenta.

Aseveraba Capriles: «Me han robado la victoria. Estos tipos se robaron las elecciones». No pensaba abandonar su cruzada hasta demostrar que, de acuerdo con sus cálculos, ocurrió un fraude de enormes proporciones. Sostenía que cada día Maduro se hundía más, pues su gobierno era ilegítimo. Había que decirle a los millones de venezolanos que se debía agotar la instancia interna para luego ir al exterior con nuestro reclamo. No sabía si se generaría un nuevo proceso electoral. Este capítulo seguía sin cerrarse.

Posición de Leopoldo López

En una entrevista con el periodista Jaime Bayly, divulgada en julio de 2013, López reconocía que la suspensión de la marcha de protesta convocada por Capriles bajo la hipótesis de que se «habían inflado los resultados» a favor de Maduro, fue «la decisión que se tomó».

Acotaba López que, en lo personal, él hubiese avanzado en una estrategia de mayor presión de calle, de protesta, endosándole al Estado la responsabilidad por la seguridad de los manifestantes. Lo había planteado en «todos los escenarios»: al propio Capriles, en la  MUD. Esa era una posición pública y notoria, no solamente suya sino de toda Voluntad Popular y de millones de venezolanos. Era expresión del «espíritu de indignación, que tiene que convertirse en acción».

Denunciaba que el Estado y Maduro mantenían un «chantaje peligrosísimo» al ciudadano, al plantearle  «un canje»  de un derecho que es irrenunciable: la libertad de  protesta. Esto, al intimidar, a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos, señalando que había un alto riesgo de personas fallecidas si se salía a las calles. Una premisa era «que si el gobierno la mantiene en el tiempo», no van a salir nunca la protesta de calle, aunque un «gran debate» se estaba dando en el país. Manifestaría López: «Yo sí creo en la calle, yo sí creo en la protesta, en que hay que salir a ejercer nuestros derechos», por ser constitucionales.

Alianza López-Capriles

López, quien se hallaba inhabilitado para ejercer cargos públicos, ratifica que había realizado una alianza a favor de Capriles en las primarias de la oposición para elegir el candidato presidencial en el  2012 –habían participado como precandidatos María Corina Machado, Pablo Pérez y Pablo Medina-, con la convicción de que se necesitaba un candidato sólido, con muchísimo respaldo y que surgiera de un proceso inédito, como fueron las primarias.

Sostenía López que el de Maduro es un gobierno ilegitimo, sin la “partida de nacimiento de origen” que le daría haber ganado la elección presidencial, sin calificarlo claramente de dictatorial. Reiteraba su respaldo a Henrique Capriles en el proceso que lideraba.

Encuentro Maduro-Capriles

Tras el asesinato de la actriz, modelo y ex miss Venezuela, Mónica Spears,  en la primera de semana de enero de 2014, Capriles, gobernador del estado Miranda reelegido en diciembre de 2012, asistió a una reunión con Nicolás Maduro, bajo la excusa de que estaba en el Palacio de Miraflores «por la seguridad de los venezolanos», enfatizando en que era un «clamor popular frenar la violencia» que estaba acabando con el país.  El encuentro fue interpretado como un reconocimiento de Capriles a la presidencia de Maduro y un abandono de los reclamos electorales, como posteriormente parece ratificarse por las posiciones tomadas.

2014: La Salida

Los líderes opositores María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López manifestaron, a comienzos de 2014, que el cambio político era necesario. «Nosotros lo vemos urgente». Alertaban al país sobre un peligroso agravamiento de la crisis nacional, si no se producía ese cambio.

La advertencia formó parte de una convocatoria liderada, en principio, por La Movida Parlamentaria -un grupo de 25 diputados-, la diputada María Corina Machado, el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas. Antonio Ledezma. Reunieron seguidores en Plaza Brión de Caracas para anunciar que presionarían con protestas pacíficas hasta provocar el cambio del régimen de Nicolás Maduro. Fue denominada «La Salida».

Se convocó a manifestar, pacífica y democráticamente, dentro de los límites de la Constitución Nacional, en demanda del respeto a los derechos ciudadanos y en rechazo del intento de consolidar un modelo político-económico empobrecedor, diseñado a «contrapelo» de la tradición democrática, la Constitución, y en defensa de “nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.

López, protagonista de La Salida

Leopoldo López, en un discurso pronunciado el 23 de enero de 2014, resaltó la necesidad de transitar hacia un cambio de sistema. No abogó únicamente por un cambio de gobierno, sino de un cambio de modelo. Invocó esa fecha para recordar la «esencia de la rebelión de un pueblo», que se puede levantar ante la opresión y tiene el derecho de hacerlo frente a un gobierno que representa la imposición, el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción y la ineficiencia.

Protestas febrero

Se produjo una serie de manifestaciones y movilizaciones, que fueron reprimidas y dejarían un saldo lamentable de personas asesinadas y lesionadas en los siguientes meses. La protesta cobró un cariz violento cuando una manifestación de estudiantes se apostó frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en el centro de la capital, el 12 de febrero, Día de la Juventud. Hubo enfrentamientos con la policía, que trataba de disolver la movilización. Los principales líderes de la oposición política se desmarcaron inmediatamente de los hechos de violencia.

María Corina Machado

La diputada Machado fue despojada de su cargo por la directiva de la Asamblea Nacional mediante un polémico procedimiento. De manera irrevocable, sin acusación judicial y sin que mediara el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El acto fue calificado de inconstitucional por la oposición. El presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo justificó porque Machado aceptó un cargo del gobierno «hostil» de Panamá, que la invitó a hablar como parte de su delegación ante la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.

Aseveraba Machado que con La Salida se había logrado avances ostensibles, al precio de un «dolor infinito» que no es producto de la protesta, sino de la represión que impone Maduro. «Se ha cruzado una línea roja». Entre los logros señalaba el haberle arrebatado la careta, la fachada pseudodemocrática a un régimen que el mundo empieza a llamar como lo que es: una dictadura.

En su criterio, se logró que Venezuela despertara y se demostró que la calle es del pueblo, que Maduro perdió el respaldo popular, incluso, a pesar de todo el aparato del Estado, de sus recursos, de la intimidación y el manejo hegemónico de los medios de comunicación. «Este es un gobierno que está más débil que nunca. A lo largo de la historia, ha quedado demostrado que los regímenes totalitarios terminan cediendo ante los movimientos cívicos y pacíficos», acotaba Machado.

Capriles contra La Salida

Henrique Capriles defendía la lucha electoral contra el gobierno. Rechazó la vía armada y a los opositores que fomentan «la intolerancia». «No nieguen lo que somos, porque hay gente que quiere negar lo que es, y lo que somos es pacíficos. Ni tú vas a tomar un fusil para que las cosas cambien, ni yo lo voy a tomar. La única vida que estoy dispuesto a arriesgar es la mía».

«Yo no la acompañé (a La Salida) y, si volviera a surgir, tampoco la acompañaría», advirtió sobre una estrategia que juzgó de «completamente equivocada». A su juicio, dicha estrategia «tiene un problema de fondo y es que no convoca a la mayoría de los venezolanos, que son los que viven en los barrios de los sectores populares». A los detenidos durante La Salida les pidió que «no fomenten el odio» y recalcó que Venezuela requiere «justicia y no venganza».

«Nosotros allí no vamos a participar», reiteraba. «La agenda de nosotros es social, la salida es social (…) no creemos ni en salidas violentas ni en salidas por golpes de Estado».

El diálogo de abril 2014

Maduro convocó a un diálogo nacional, con ocasión de las protestas. Para ese momento, estas ya sumaban 11 muertos. El gobierno y una delegación de la MUD se reunieron en el Palacio de Miraflores. La reunión había sido negociada por la comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Henrique Capriles encabezó la delegación de la MUD. Asistieron también el gobernador del estado Lara, Henry Falcón; y los cancilleres de Brasil, Luiz Figueiredo; de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño.

Los temas que la MUD llevó a la Mesa del Diálogo fueron cuatro: una amnistía para presos políticos y detenidos durante las protestas, la renovación equilibrada de los poderes públicos, la activación de una Comisión Nacional de la Verdad independiente y el desarme de  grupos paramilitares del chavismo (los llamados “colectivos”). Apoyaban el “dialogo” los partidos políticos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, AD, Copei y progresistas.

Ramón Guillermo Aveledo, para entonces secretario ejecutivo de la MUD, manifestó: «Apostamos al diálogo por responsabilidad venezolana y para defender la Constitución, único espacio contra la violencia y el abuso». Nicolás Maduro enfatizaba: «No hay negociación ni pacto con nadie. Aquí lo que hay es un debate, un diálogo, que es diferente. Sería un traidor si me pongo a negociar la revolución».

Reacción

Voluntad Popular ratificó no creer en un diálogo en el que el régimen solo planteaba un «show político», utilizando a los cancilleres de la Unasur como interlocutores, pero negándose en todo momento a dar los gestos necesarios. López había sido encarcelado el 18 de febrero, acusado por los hechos de violencia que enmarcaron el inicio de las protestas.

Agregaba el comunicado de VP que algunos partidos miembros del equipo permanente de la MUD accedieron a asistir al «diálogo con el régimen sin que se cumpliesen las condiciones planteadas». «Nuestra organización no validará ningún diálogo con el régimen mientras sigan existiendo represión, encarcelamiento y persecución contra nuestro pueblo».

Complementaba López: «Creo en un diálogo que nos permita avanzar hacia una salida. No creo en un diálogo teatral, que solo sirva de fachada para darle estabilidad al régimen corrupto, ineficiente y antidemocrático de Maduro».

2020: reedición del conflicto López-Capriles

Voluntad Popular propondría al diputado Juan Guaidó Márquez para presidir la Asamblea Nacional en el año 2019,  como parte del acuerdo de gobernabilidad de  la oposición tras ganar la mayoría en la máxima instancia legislativa, en diciembre de 2015. El 23 de enero, Guaidó fue presentado como primer mandatario interino, asumiendo funciones ejecutivas, al sostener que Nicolás Maduro era un usurpador de la Presidencia por no considerarse validas las elecciones de mayo de 2018.

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Guiadó aseveraría: «No puede haber diálogo con alguien [con quien] ya lo hubo en varias ocasiones y no se llegó a nada». Maduro es un usurpador. En Venezuela hay una dictadura». Afirmó no creer que un dictador acepte elecciones libres, pues eso no acontece en ninguna dictadura, en ningún sistema autoritario.

Consejo de Gobierno

El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, se mostró proclive a clausurar el “gobierno de transición”. Propuso un Consejo de Gobierno con participación del chavismo, previa renuncia voluntaria de Nicolás Maduro. Guaidó pareció estar de acuerdo con el planteamiento, al proponer un Plan de Emergencia y la integración de un Gobierno de Emergencia Nacional.

La posición de Capriles

El dos veces candidato presidencial y ex gobernador de Miranda ha dicho que 2019 fue «un año de retroceso para el país, al no poder cumplirse la ruta que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso para un cambio político, empresa que fracasó». Lapidariamente, señaló: «Busquemos un hecho político real en Venezuela. ¿Y cuál es ese hecho? Duélale a quien le duela, unas elecciones o, al menos, la búsqueda de condiciones mínimas para decidir si participamos o no en ese proceso».

Capriles pide dar la pelea ante la convocatoria de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución. «Hay que sortear ese escollo, pasar el peaje». Afirma que «en el barrio quieren votar contra el régimen». Sostiene que es «un falso dilema: voto o no voto, participo o no participo».

Reitera que «si estamos en una dictadura, nunca van a permitirse unas elecciones como en un país democrático. El reto es cómo la convocatoria a las elecciones parlamentarias se convierte en un hecho político que rompa con la inercia de las personas».

La respuesta de Guaidó

Juan Guaidó propone el Pacto Unitario por la Libertad y Elecciones Libres, que fue suscrito por 37 partidos políticos y 105 organizaciones de la sociedad civil. «Ratificamos el rechazo al fraude convocado para el 6 de diciembre por la dictadura. Desplegamos una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y parlamentarias».