Economía

Brasil admite que debe $15.000 millones a la banca pública

El Gobierno dejó de depositar en la banca pública los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos

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El Gobierno brasileño admitió hoy que tiene una deuda de 57.000 millones de reales (unos 15.000 millones de dólares) con la banca pública no contabilizada en sus balances, aunque aclaró que pretende pagarla antes de fin de año.

El reconocimiento de esas obligaciones fue expuesto en unos documentos que el Ejecutivo envió a modo de defensa al Congreso, que en diciembre próximo deberá analizar los balances fiscales y votar si los aprueba o no.

La oposición brasileña ha solicitado el inicio de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por considerar que esas maniobras usadas para “maquillar” el resultado fiscal suponen un “delito de responsabilidad”, que es una de las posibles causas contempladas en la Constitución para cesar a un mandatario.

El Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, ya ha rechazado esos balances y ha recomendado al Congreso que también los repruebe, por considerar que representan irregularidades “graves”.

Según ese organismo, en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.

Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 10.530 millones de dólares).

El Gobierno ha incumplido esas obligaciones también durante este año y la deuda con la banca pública ha llegado a la suma admitida hoy, que según garantizó el ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, será cancelada antes de fin de año.

Las explicaciones del Gobierno serán analizadas por los miembros de la Comisión de Presupuestos, la cual remitirá un informe a las las cámaras de Diputados y del Senado, que lo votarán en una sesión conjunta prevista, en principio, para el próximo 17 de diciembre.

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