Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.
En un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.
De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.
Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero la convocatoria a explotar el Arco Minero representa un bandazo en el discurso oficial.
Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, como no se ahorró nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica sino que gastó toda la renta a través del Fonden, ahora Nicolás Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y reactivar el extractivismo minero, convencido de que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez. Pero Maduro dio instrucciones tajantes para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las transnacionales y empresas locales que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.
La alternativa no petrolera: más de lo mismo
El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a exportar tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente.
La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales a cualquier precio. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando se desploman los precios del petróleo y se recrudece el extractivismo minero para compensar el derrumbe de la renta. En efecto, para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja.
El neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, a la larga representan pan “para hoy y hambre para mañana”, toda vez que se trata de un uso anticipado de la renta que corresponde a las generaciones futuras.
Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social.
La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera
