El gobierno de Estados Unidos no promueve la inestabilidad en Venezuela, pero las sanciones anunciadas el lunes se proponen "persuadir" a Caracas a que "cambie de comportamiento", aseguró este martes una vocero del Departamento de Estado.
«A pesar de declaraciones en sentido contrario por parte de funcionarios venezolanos, no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela», dijo la portavoz, Jen Psaki, quien calificó de «falsa» la versión de que Washington se propone «socavar» al gobierno de Nicolás Maduro.
La Casa Blanca decretó el lunes un paquete de sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano, en aplicación de una ley aprobada por el Congreso el año pasado.
Según Psaki, «el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela de que cambie de comportamiento», en medio de denuncias sobre violaciones de derechos humanos y persecución de opositores venezolanos.
La portavoz de la cancillería estadounidense aseguró que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca se restringen a «corruptos y personas que cometieron abusos de derechos humanos», pero no se proponen afectar «la economía de Venezuela».
«Hay razones específicas de por qué esas personas fueron sancionadas», dijo.
El texto de la declaración, firmada por el presidente Barack Obama, elevó considerablemente el tono en las tensiones entre Washington y Caracas.
En ese texto, Obama definió la situación en Venezuela como «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos» y declaró «una emergencia nacional» para enfrentarla.
Pero Psaki acotó que la cuestión fue anunciada mediante una declaración de «emergencia nacional» porque se trata de una denominación requerida por la burocracia.
«Es importante que todos entiendan que ésta es la forma en que describimos el proceso para aplicar sanciones», dijo.
Las sanciones afectan al exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, el director del servicio de inteligencia SEBIN, Gustavo González, la fiscal Katherine Haringhton, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros.
Los señalados verán bloqueados sus activos en Estados Unidos y no podrán ingresar a ese país.
El gobierno de Venezuela llamó a consultas a su encargado de Negocios en Washington, Maximilien Arveláiz.
Obama llama a situación en Venezuela una «amenaza»
El presidente Barack Obama implementó este lunes sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, denunciando la situación en Venezuela como una «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos, en un nuevo choque entre ambos países.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro tildó el decreto como el «paso más agresivo, injusto y nefasto que se haya dado contra Venezuela» y llamó «a consulta» a su principal representante en Washington, el encargado de negocios Maximilien Arveláiz.
Obama prohibió la entrada a Estados Unidos y decretó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales, incluyendo el jefe de inteligencia Gustavo González.
Pero las acciones no tendrán ningún «efecto directo» sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, dijo un alto funcionario estadounidense, bajo anonimato.
La lista, que también incluye a Katherine Haringhton, una fiscal que ha acusado a dirigentes opositores, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, son solo una «primera porción» de los funcionarios que se verán afectados por el decreto, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores», señaló la Casa Blanca.
Con estas acciones, Obama está implementando las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, aunque reticente a una confrontación diplomática con Caracas, sancionó en diciembre.
Pero esas dudas parecen haber quedado atrás con el tono agresivo de Obama en el decreto de este lunes, en el que el presidente calificó la situación venezolana como «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos» y declaró «una emergencia nacional» para enfrentarla.
Desde el punto de vista legal «a Obama no le quedaba más remedio que hacer uso de este lenguaje», señaló Javier Corrales, profesor de Amherst College, en referencia a las disposiciones de la legislación firmada por el mandatario.
Pero es una declaración «riesgosa» que ayuda al gobierno venezolano a repetir sus acusaciones de que la crisis económica que enfrenta -escasez crónica y la mayor inflación de América Latina- es «producto del imperialismo» estadounidense, dijo Corrales a la AFP.
Cuba y Unasur
«Lo nuevo es el lenguaje, no en realidad las sanciones», dijo a la AFP Erick Langer, del Center for Latin American Studies de Georgetown.
Para Corrales «lo que ha pasado es que la presión del Congreso aumentó, la crisis en Venezuela empeoró, y Unasur demostró ser inefectiva».
Un año después de impulsar unas infructuosas conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, el organismo regional declaró reabierto el diálogo el sábado tras una visita a Caracas, frente a las dudas de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los funcionarios sancionados son señalados de haber participado en la represión contra manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, así como en actos de corrupción, ataques a la libertad de expresión y «la persecución de oponentes políticos», dijo la Casa Blanca.
Las organizaciones de venezolanos en Miami (sureste) saludaron el anuncio, pero pidieron a Washington ampliar la lista para incluir a otros miembros del gobierno de Maduro.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó de «bastante dura» la declaración de Obama, mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, estimó que detrás de la declaración de Obama se esconde la amenaza de una invasión a ese país sudamericano.
Su par ecuatoriano, Rafael Correa, tildó de «broma de mal gusto» el decreto de Estados Unidos contra Venezuela.
Deterioro de lazos
Las medidas se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
El Departamento de Estado restringió en febrero las visas de una cincuentena de funcionarios venezolanos, y Maduro respondió a fines de ese mes exigiendo la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas e implementando visas para turistas.
Maduro, que propugna el «socialismo del siglo XXI» implementado por Chávez, acusa a Estados Unidos -principal comprador de petróleo venezolano- de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas y magnicidas contra su gobierno.
En los últimos días, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue detenido y acusado, por órdenes de Haringhton, de promover un golpe de Estado.
Al respecto, Washington reiteró este lunes el llamado a Maduro de liberar a Ledezma y otros políticos opositores, señalando que «los problemas de Venezuela no se resuelven a través de la criminalización del disenso».
EEUU dijo que detuvo alrededor de 70 drones y que la Armada derribó entre cuatro y seis proyectiles balísticos, pero aseguró que no busca involucrarse en una posible escalada del conflicto: "No queremos que esto se intensifique"
Maduro dijo que la pena de cadena perpetua sería para corruptos y traidores de la patria. Para ello, buscará impulsar la reforma de la Constitución, que hasta ahora solo admite una pena máxima de 30 años
El de este martes fue el quinto cara a cara oficial entre Petro y Maduro desde que el presidente colombiano asumió el poder en agosto de 2022 y retomó las relaciones con su vecino
