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EEUU impuso sanciones a Rafael Ortega, hijo del mandatario de Nicaragua

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo, por lavado de activos y corrupción.

EEUU impuso sanciones a Rafael Ortega, hijo del mandatario de Nicaragua

Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por lavado de activos y corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense, informó el Departamento del Tesoro.

«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las medidas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también incluyó en su lista negra a dos compañías bajo la égida de Ortega Murillo: Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A.

Además, la OFAC sancionó a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de servicio gestionada por Ortega Murillo y su madre, la vicepresidenta.

El Tesoro dijo que Ortega Murillo usa Inversiones Zanzíbar S.A. para ocultar la transferencia de ganancias de DNP y como compañía fachada para adquirir estaciones de servicio y eludir las sanciones económicas contra el gobierno de sus padres.

Bloqueo de activos

Según las autoridades estadounidenses, a principios de 2019, el sancionado diversificó los activos de la familia comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros. También controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una empresa de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y sirve a las empresas familiares del mandatario, dijeron.

Las sanciones del Tesoro suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Estados Unidos mantiene una política de presión máxima al gobierno de Ortega, al que acusa de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral, y aboga por un «retorno a la democracia» en Nicaragua a través de elecciones «anticipadas, libres y transparentes».

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Este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley que establece sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano, atribuyéndoles responsabilidad por presuntas violaciones a los derechos humanos. El Senado ya había aprobado la medida.

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Las similitudes, una vez puestas en evidencia, son difíciles de ignorar. Daniel Ortega buscará el domingo su cuarto mandato y tercero consecutivo en los comicios en Nicaragua y es imposible no comparar la situación con la realidad electoral en la nación venezolana: reelecciones, dominio político, ausencia de observadores internacionales, favoritismo a familiares y falta de separación de poderes.

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