El profesor y politólogo Aníbal Romero en relación a la crisis del sistema democrático representativo civil venezolano a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, planteaba que las élites deciden el cambio político. Conclusiones en esencia aplicables en el Siglo XXI, pese a las particularidades
Aníbal Romero parte de la base que el sistema político es la institucionalización de reglas de juego siendo los “factores claves” del poder los mismos que se implantaron desde 1958, con el interés común en la supervivencia del sistema que todos en el mismo debían defender. La interacción y poder relativo a estos factores habían evolucionado dentro de cierto marco básico.
Se conformaría por una serie de pactos constitutivos en base a uno fundacional conocido por “Puntofijo” consistió en la formalización e institucionalización de unas reglas comunes de juego y propuestas, lideradas por la dirigencia de los partidos políticos de la época que fueron el “mayor foco de poder” como mediadores entre el Estado, las élites y la sociedad considerado un todo.
Era un pacto entre fuerzas con peso específico propio fundado en el diseño de control de intereses. Generaba un “consenso cualitativo” o “desde arriba” en la cual a su vez activaba un “consenso cuantitativo” o de masas a través de un modelo de desarrollo “populista incorporativo” levantado sobre la renta petrolera.
Se basó en un proyecto de desarrollo capitalista con un papel central y preponderante del estado (capitalismo de estado o rentístico) que juega un rol patrimonial como propietario de la fuente del principal recurso. Se configura una estrategia de desarrollo “polivalente” o capaz de producir políticas con efectos favorables para varios actores sociales y varias ramas de las actividades económicas simultáneamente. La renta petrolera hace que el estado absorba los costos y los efectos indeseables de esta estrategia.
En la democracia venezolana no existió monopolio de un grupo exclusivo sino un juego complejo de negociación y compromiso de élites. Sin embargo, el posible papel inicialmente relevante de las masas para implementar el sistema, perdió su carácter organizacional e impacto político “semiautónomo” pero podría recuperarlo en nuevas condiciones.
Se había producido una “eficaz desmovilización política” de los sectores sociales no ligados por mecanismos de control a los partidos; careciendo las masas de capacidad de acción “autónoma consciente” al ser un actor en el sistema en la medida que se ajustan a los mecanismos de control del mismo.
El sistema político habría asegurado el mínimo entendimiento para garantizar que el conflicto no tuviese el carácter de “antagonismo irreconciliable”. Emergería como producto del consenso de varios actores pero sin tener igualdad de poder entre los mismos. Si bien, en relación a sus “objetivos explícitos” destacando los Planes de la Nación, resultaba evidente que hubo grandes fracasos. Por el contrario, en el caso de los “objetivos implícitos” siendo primordial la estabilidad y renovación del pacto de elites fue exitoso permitiendo su continuación hasta ese momento.
La democracia venezolana estaría entrando en una etapa de transición que exigirían redefiniciones y reacomodos en diversos ámbitos. El apoyo de las masas se mantenía; pero mecanismos cruciales como la renta petrolera y el “concierto de élites” entre otros fueron mermando. La situación económica y social tiende a agravarse y se reducen los niveles de vida cuantitativos y cualitativos de las mayorías. No obstante la creciente crisis socio-económica de la época no desestabilizaría el sistema. El “desacuerdo radical” de las élites podría conducir a un punto de ruptura.
Para la década de los ochenta se implementan políticas restrictivas para frenar las prácticas económicas generadas en la abundancia de ingresos petroleros; bajo la justificación de merma considerable de estos. Se tradujeron en medidas para detener el gasto público, la aplicación de una política económica de sinceración por liberación de precios y disminuciones progresivas en subsidios y aranceles. Resultó evidente que sean anti populares y recurrentes a partir de febrero de 1983 (Viernes Negro).
La percepción de estar ante “el borde de un colapso” sería el resultado de la apreciación según la cual existía presuntamente “un creciente escepticismo” en todos los grupos sociales frente al funcionamiento del sistema. Generándose la paradoja que aparentemente “coexistían” una alta confianza en el sistema pero con alta insatisfacción a la labor y beneficios recibidos por los gobiernos.
Este fenómeno para inicio de la década de los noventa lo denomino el Profesor Humberto Njaim “agotamiento de apoyos” y de respuesta ante las demandas. De un lado las exigencias fundamentales de los ciudadanos que están insatisfechas. Por otro, había entrado en una “situación peligrosa” que al parecer nada era capaz de satisfacer la inquietud general.
El agotamiento de la legitimidad hizo que los intentos del gobierno por “retroalimentarse” sean en vano. Se quería eficacia y extirpación de la corrupción entre otros, pero al mismo tiempo la turbulencia existente impediría cualquier acción en tal sentido e interrumpía o coartaba las ya en marcha.
Romero observaba; si bien la crisis hubo repercutido sobre el “consenso cualitativo” de elites sin embargo no se había roto, lo contrario dio impulso a renovados esfuerzos para apuntalarlos. El “disenso popular” no fue condición suficiente para conmover peligrosamente a las bases institucionales del sistema político. Mientras no se produjese un debilitamiento, desintegración o fractura, la crisis no obedecería a fenómenos económicos o sociales aun cuando incidan sobre ello.
La dinámica interior del sistema no entraría en caída mientras se mantenga el “consenso cualitativo” del bloque hegemónico. Ninguna crisis económica y social lo puede descomponer y llevar a su disolución. Podría demostrarse en un sistema socio-político que lo conserve superaría exitosamente cualquier dificultad en el plano económico y social mediante grandes políticas asistencialistas, represivas y ofensivas de opinión.
Fue razonable afirmar en Venezuela hasta finales de siglo seguiría sumida en una severa crisis originando una evidente erosión de los niveles de vida de la mayoría, pero no se habría roto decisivamente el “pacto de élites”. Las “visiones apocalípticas” entre ellas el desarrollo de las “más graves” confrontaciones sociales no habían tenido lugar para el momento pero podrían ocurrir a medida que se deteriore la economía nacional.
El control del Estado y el potencial económico continuaría siendo el eje de una confrontación sujeto a reglas básicas. Solo habría mayores libertades particularmente económicas en la medida en que estas no redujesen la fortaleza del “Pacto de Élites”. No se vislumbraba la aparición de un liderazgo alternativo, democrático y exitoso. Observándose que nada era del todo imposible en la vida política.
En el sistema político venezolano no se estuvo realizando la necesidad de cambios sustantivos y probablemente no se llevaría en efecto en el futuro previsible. No implicaría que el sistema se derrumbe o produjese una “salida radical” sea hacia algún tipo de autoritarismo militar u opción revolucionaria.
Se previa la “colombianización” del sistema político venezolano. Significaría el creciente divorcio entre las ofertas sociales del Estado y los partidos políticos con respecto a las realidades materiales de la mayor parte de la población. Unido a la preservación de libertades formales para “uso crecientemente reducido” en beneficio de las élites pactantes que conformaban el bloque de poder.
El sistema experimentaría un proceso continuo de degradación socioeconómica e institucional en un “contexto de crisis permanente y sin soluciones definitivas” pudiéndose esperar una renovación del pacto de élites. Un orden político en la espera de la catástrofe que nunca llega o “italianización”.
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En entrevista exclusiva para la AFP, Juan Guaidó, presidente interino reconocido por 55 países, aseguró que la gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril, no cumplió con lo acordado.
