El chavismo ha modificado las directivas de los partidos políticos de oposición, ha negado su inscripción o ha evitado su relegitimación. Siendo una estrategia clara, y consistente en el tiempo, la pregunta central es: ¿qué han hecho y qué harán ahora esas organizaciones políticas, sus dirigentes y activistas?
La judicialización de la política parece acelerarse en Venezuela. Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo y con algunos magistrados sancionados internacionalmente, apuntan hacia lo que podría ser una inminente elección parlamentaria, en la cual participarán partidos políticos de “oposición”, pero que en verdad están modelados por el régimen.
El chavismo apuesta a un nuevo esquema electoral, que tendrá el tutelaje del TSJ. Es un escenario diferente al que se vivió en las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) y en los comicios en los que se «reeligió» Nicolás Maduro (2018). Para las elecciones de la Asamblea Nacional, que deben realizarse antes de que concluya 2020, estarán presentes las tarjetas de diversos partidos que el propio chavismo ubica en la oposición, con miras a exhibir una pluralidad que es irreal en la práctica.
El TSJ, saltándose lo que dice la Constitución, no solo ha designado una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que adelanta una significativa reforma de varios aspectos relacionados con la elección de diputados (proporcionalidad, representación de minorías, representación de etnias indígenas e incluso número de legisladores).
En todo sentido, será una elección hecha a la medida del chavismo. Hemos superado, hay que decirlo, el esquema de una oposición leal, como la que ejerció Henri Falcón y Javier Bertucci, cuando se presentaron como candidatos presidenciales para hacer bulto en los comicios que, de antemano, estaban hechos para la reelección de Maduro, en mayo de 2018.
La operación actual, en tanto, busca vaciar a los partidos opositores al régimen como Acción Democrática o Primero Justicia, al desconocer a sus representantes legítimos. El TSJ designa a directivas ad hoc, con figuras que ya han demostrado estar dispuestas a hacer un round de sombras con el chavismo, con la certeza de que no se subirán al ring a disputar realmente el poder.
A Voluntad Popular le espera posiblemente su ilegalización ya que se ha señalado de organización terrorista.
En fin, habrá decisiones diversas en un escenario electoral que el chavismo moverá o moldeará según sus necesidades y para su beneficio.
La construcción de una oposición a la medida no es algo nuevo. Es un proceso que viene gestándose desde que los representantes de Nicolás Maduro abandonaron la mesa de negociación que se llevaba adelante en el trecho final de 2019. Aquella negociación transcurría con la oposición legitima, tanto por su origen en el voto popular como por su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
La estrategia del chavismo consistió en abandonar lo que se había avanzado en Barbados, con acompañamiento de Noruega, junto con los delegados designados por Juan Guaidó, y crear una suerte de mundo paralelo: la Mesa de Diálogo Nacional.
El paso de los meses hizo a los actores de esa “mesa de diálogo” una suerte de tontos útiles. Cada cierto tiempo, cuando el gobierno necesitaba desviar la atención de una crisis que lo empañaba públicamente, echaba mano de Henri Falcón, Timoteo Zambrano o Javier Bertucci. Todo aquello, visto en retrospectiva, ha sido en realidad una suerte de ensayo continuo para la representación que estos, y otros actores, deberán poner en escena cuando sean las elecciones parlamentarias.
Se les unirán Bernabé Gutiérrez, encabezando a Acción Democrática, o José Brito, al frente de Primero Justicia. El reparto se incrementará con el paso de las semanas y, seguramente, tendrá un momento clímax cuando exista un calendario electoral de forma oficial y haya que inscribir a los aspirantes a las curules legislativas.
El TSJ aún tiene tela para cortar, ya que otros partidos como Patria para Todos, Bandera Roja, Podemos. Movimiento Electoral del Pueblo y MIN Unidad están en situación irregular, según los parámetros del CNE, por no haber participado en las votaciones de 2017 y 2018. Sobre Copei, ya sabemos, existe una suerte de daga judicial que cada cierto tiempo actúa contra el partido socialcristiano.
Que las decisiones actuales descabecen a partidos políticos principales, como AD y Primero Justicia, no debe hacernos perder de vista el hecho de que no es una estrategia nueva. En realidad, como ha apuntado Eugenio Martínez, el chavismo avanza en dicha estrategia para consolidar un nuevo ecosistema de partidos políticos en Venezuela.
Para ello, ha modificado las directivas de estas organizaciones, ha negado su inscripción o ha evitado su relegitimación. Siendo una estrategia clara, y consistente en el tiempo, la pregunta central es: ¿qué han hecho y qué harán ahora esas organizaciones políticas, sus dirigentes y activistas?
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