El contrabando que entra por el Táchira desfalca a la Nación

Un daño irreversible al patrimonio público nacional genera el contrabando de mercancía a través de las llamadas trochas o pasos ilegales entre el estado Táchira y la República de Colombia, denunció el exconcejal y dirigente municipal de Primero Justicia en el municipio Bolívar, Carlos Chacón.

Para explicar mejor su denuncia, Chacón dijo que los ingresos municipales se han visto reducidos por la evasión de impuestos ante el Seniat, a razón de lo que llaman “importaciones menores”, pero que contradice el constante paso de los vehículos de carga repletos de mercancía que desde Colombia llegan a Venezuela por pasos ilegales.

“Desde hace años denunciamos y visualizamos este grave problema. Nada ha cambiado. Al contrario, cada día aumenta la ilegalidad y se hace más visible”, dijo el también exconcejal.

En 2016 se empezó a hacer un exhaustivo seguimiento de la situación irregular en los pasos ilegales y sus consecuentes denuncias.

“Hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. También solicitamos las declaraciones únicas de aduana en períodos donde se mantenían cerrados los puentes internacionales, la única vía legal para el paso de mercancías internacionales entre Venezuela y Colombia”, agregó.

La denuncia de Chacón nunca obtuvo una respuesta de los organismos públicos involucrados en las operaciones aduaneras (Seniat, Aduana Principal de San Antonio). Tampoco se adelantó ninguna investigación por parte del Ministerio Público, a pesar que cada día se observaban camiones de carga pesada provenientes de Colombia, transportando mercancías para luego ser distribuidas al mayor y detal en los comercios, incluyendo una feria que instaló el exgobernador José Gregorio Vielma Mora, denunció el dirigente político.

El «negocio del contrabando»

Chacón dio a conocer la dinámica actual del “negocio del contrabando” y tiene que ver con el «Protectorado del Táchira», la figura que creó Nicolás Maduro para imponer a alguien por encima de los gobernadores de oposición electos en votaciones formales.

“A través del llamado Protectorado del Táchira, la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) o la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), les otorgan un permiso para cruzar mercancía de un lado a otro de la frontera».

Precisó que estos permisos, a los que llaman “códigos”, se venden en efectivo, sea en pesos colombianos o dólares. Ese dinero que se le cancela a un gestor.

“Se paga entre 5% y 8% del valor real de la mercancía, reflejado en facturas emitidas desde el proveedor en Colombia. Con ese código se debe dirigir a la sede del Seniat, ubicada en la aduana de San Antonio, para declarar una operación menor. Allí empieza la evasión y daño patrimonial, porque no reconocen como valor neto gravable ni el 1% del valor real de la mercancía. Así emiten la planilla de declaración”.

Existen otros pagos como las cuotas que debe cancelar el vehículo de carga a lo largo del trayecto de movilización y distribución en las conocidas alcabalas.

Más evasión

Con el fin de ampliar la dimensión del daño patrimonial que se está generando, Chacón mostró una planilla de liquidación de impuestos a operaciones menores.

En el documento se refleja un pago total de impuestos de Bs. 104.652.689,43, monto registrado durante el mes de marzo de 2021, asumiendo una tasa de cambio de Bs. 3.000.000,00 por dólar, equivalentes para la fecha a 35 dólares americanos. Si se calcula que los impuestos son aproximadamente el 20% del valor de la mercancía, dicha mercancía costaría 175 dólares apenas, explicó el político.

“La realidad es que en promedio cada vehículo de carga tiene mercancías valoradas entre 15.000 y 20.000 dólares. Este monto debería reflejarse en impuestos nacionales de al menos 3.000 dólares. Si los comparamos con los 175 realmente declarados, tenemos una evasión del 95% de los ingresos”.

En cuanto a los impuestos municipales, la partida presupuestaria referente a los ingresos por concepto de recaudación, según las ventas brutas de los comerciantes en San Antonio del Táchira, durante el año 2020 (la base son las ventas brutas del período 2019), es de Bs. 6.101.205.255,85, equivalente a 15.000 dólares (considerando un promedio de la fluctuación del dólar respecto al bolívar durante el 2020).

La misma partida presupuestaria, al corte de febrero del 2021, lleva un acumulado de Bs. 6.658.389.445,61, el equivalente a unos 4.500 dólares, aun cuando el periodo de mayor recaudación del año fiscal es justamente enero y febrero.

En un ejercicio de imaginar cuánto podría generar el municipio Bolívar en recaudación si las empresas domiciliadas en su ámbito geográfico declararan la venta de mercancías legalmente importadas, el ex concejal precisó: “Si la base de recaudación son las ventas brutas y cada factura tiene un valor real de aproximadamente 15.000 dólares; a lo que se suman los impuestos dejados de percibir por la actividad aduanera y facturados bajo la figura de agenciamientos, transporte y almacenaje, también se tendría una evasión similar al 95% en cuanto a impuestos municipales”.

Silencio cómplice

La gobernadora Laidy Gómez dice tener pruebas de personas y empresas que manejan “los códigos”.

“Exhortamos a la gobernadora del Táchira para que formalice las denuncias. O por lo menos la visibilice para cotejar con más elementos probatorios este delito», señaló Chacón.

La pregunta es “¿a dónde va a parar la cantidad millonaria de recursos evadidos y dejados de percibir por el fisco nacional y municipal?”.

La solución a este problema es sencilla: abran los puentes para la legalidad. Darle paso al comercio formal genera ingresos nacionales y municipales y empleos. «Se reactiva la actividad aduanera y con ella la comercial, turística y de entretenimiento», reiteró Chacón.