El Estado venezolano a cargo de Nicolás Maduro ha confinado a sus ciudadanos a una vida meramente biológica, degradando su humanidad y colapsando el concepto normativo de justicia frente a una Emergencia Humanitaria Compleja que desde el 2016 se ha venido agudizando por la multiplicidad de sus causas y la magnitud de sus consecuencias en materia de alimentación, salud, educación, servicios públicos y seguridad nacional.
El Estado venezolano a cargo de Nicolás Maduro ha confinado a sus ciudadanos a una vida meramente biológica, degradando su humanidad y colapsando el concepto normativo de justicia frente a una Emergencia Humanitaria Compleja que desde el 2016 se ha venido agudizando por la multiplicidad de sus causas y la magnitud de sus consecuencias en materia de alimentación, salud, educación, servicios públicos y seguridad nacional.
El impacto de este Estado venezolano en materias como la alimentación es tal, que el Programa Mundial de Alimentación determinó este 2021 que cerca de tres millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria severa, destacando que alrededor del 25% de los venezolanos se encuentra en inseguridad alimentaria moderada. Según este estudio, 9.3 millones de personas requieren asistencia alimentaria.
Por otra parte, el quiebre diseñado y promovido contra las estructuras jurídicas, institucionales y administrativas de ese mismo Estado ha anulado su propia capacidad para hacerle frente a la asistencia y protección de su población, en sintonía con el incumplimiento sistemático del derecho a la vida y la garantía de acceso a la salud.
Para el 18 de abril del 2018, más de 400 personas con condiciones crónicas de salud, dirigidos por distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de Derechos Humanos, se reunieron frente al Ministerio de Salud, ubicado en la Plaza Caracas, El Silencio. La mayoría de los manifestantes viajaron desde Aragua, Carabobo, Portuguesa, Lara, Yaracuy y regiones orientales para ser parte del mencionado evento, cuya agenda única fue exigir al Estado cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la vida y el acceso a la salud de los venezolanos que tienen condiciones crónicas, entregando los tratamientos requeridos de forma regular y completa.
La industria farmacéutica, el personal de salud, así como los trabajadores del sistema sanitario y organizaciones de derechos humanos, denunciaron alrededor de un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Sin embargo, el Gobierno y las autoridades sanitarias sólo admitieron un 15% de fallas en esa área.
La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) estimó que ocho de cada diez medicamentos no están disponibles en las farmacias. También apuntó que la escasez se ubica en un 90% en el caso de los fármacos de alto costo para condiciones crónicas como cáncer, VIH y hemofilia. Además, durante enero del 2018 se registró un aumento en el precio de los medicamentos entre 1.000% y 3.000%, según su presidente de entonces, Freddy Ceballos.
La situación de las personas con VIH/sida ha sido tan crítica, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su particular preocupación por la situación precaria de las personas con VIH en el punto 446 de su Informe País sobre Venezuela. Además, otorgó medidas cautelares para proteger la salud y vida de 43 personas con VIH/sida en Venezuela, a través de la Resolución 76/2018, Medida Cautelar 145/18.
Se trata, en definitiva, de una realidad que mantiene en vulnerabilidad y sobrevivencia a una población que se debate entre el conflicto permanente de actuaciones políticas y la búsqueda de alternativas económicas en otras latitudes, convirtiéndose así la emigración venezolana en la segunda más grande del mundo, luego de Siria, y sin tratarse de una condición de guerra convencional.
Este trabajo periodístico documenta testimonios que exponen cómo existe una política pública por parte del Estado venezolano para llevar a su población más vulnerable a su mínima expresión, debido a que estos grupos representan cortapisas para la oxigenación financiera que necesitan para seguir avanzando en las sendas de la denominada revolución que inició desde hace ya más de dos décadas, y que se ha visto lesionada por las fuertes presiones internacionales, con la intención de que cedan el poder.
Pero ante estas coacciones multilaterales, el Estado pone en marcha toda su maquinaria contra las cortapisas que le impiden seguir en su proyecto, tal como su máximo líder, Hugo Chávez, en vida advirtió: “Volveremos polvo cósmico a todo aquel que se oponga a la revolución”.
La investigadora venezolana sobre procesos totalitarios y comprensión política, Flor Izcaray, ha denunciado en múltiples ocasiones que “el control en materia alimentaria y en los servicios públicos por parte del Estado solo genera un control totalizante y perverso contra el individuo”. Para la especialista, el poder –al menos como está concebido por el Estado venezolano- les ha permitido ser el garante de las condiciones de vida de la población, porque a su juicio “el crimen tomó así el lugar de norma, guía y sostén del sistema de dominación totalitaria ya irreversible”.
Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2021 revelaron que el 24,5% de los hogares en Venezuela se encuentra en inseguridad alimentaria severa. Además, destacó que alrededor del 86% de los hogares venezolanos dependen de las cajas del “CLAP” (alimentos que el Estado provee a través de misiones sociales).
Es importante puntualizar que la frecuencia de las cajas “CLAP” suele ser mensual, y sólo recibe este beneficio un 20,7% de los hogares venezolanos, mientras el resto lo recibe bimensual, trimestral, anual, o no les llega. De acuerdo con Encovi, un 60% depende de estas cajas con una frecuenta trimestral o anual.
Para Izcaray, nunca había existido en Venezuela mayor intimidación que hoy, recalcando que la cotidianidad se ha vuelto todo un ciclo de cumplimientos de las instrucciones de una gran maquinara.
“En Venezuela nos toca peor. Estamos secuestrados por unos criminales. ¿Quién les cree? Vivimos a ciegas y nos toca, en medio de tanta duda, seguir encerrados. Eso es biopoder. Alguien decide tu vida y tu muerte plenamente y no es precisamente Dios”, denuncia.
La socióloga reconocida en Venezuela, con magister en gestión de la innovación, consideró que el chavismo se concentró en vulnerar a toda su población justamente potenciando la pobreza para dominar y así llevar a los desfavorecidos de siempre a umbrales de horror, humillación y absoluta dependencia.
La encuesta ENCOVI 2021 demostró que el 65.2% de los venezolanos vive en pobreza multidimensional, con un total de pobreza de 94,5%, lo cual confirmaría la gravedad de esta situación.
Por otra parte, una fuente diagnosticada con VIH y que prefirió el anonimato por miedo a represalias, relató para esta investigación el dramático caso de una paciente con su misma condición.
“Le vi morir el hijo a una compañera también con VIH como yo. Su bebe tenía seis meses de vida cuando murió. Mi amiga tuvo que empezar a amamantarlo, ya que no tenía para comprar las fórmulas lácteas, que tienen un costo de 10 dólares. Ella sabía que no debía amamantarlo porque iba a contagiarlo, pero no tenía otra opción al ver a su hijo con un cuadro de desnutrición por la falta de la leche, leche que el Estado venezolano le daría, pero nunca llegó”, contó.
Es importante señalar que las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (“VIH”) o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) en Venezuela tienen un decaimiento en su calidad de vida que es directamente proporcional al incumplimiento por parte del Estado venezolano de sus obligaciones de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos, derechos humanos recogidos ampliamente por instrumentos internacionales, tales como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 12 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de salud.
Se debe destacar que dentro de este grupo vulnerable existen mujeres embarazadas y madres que son VIH positivo y que no tuvieron acceso al tratamiento antirretroviral adecuado para evitar la transmisión vertical, e incluso mujeres que no disponen de las fórmulas lácteas como sustituto a la leche materna para alimentar a sus hijos, obligación que incumple el Estado desde enero de 2014.
Además, existen específicamente obligaciones derivadas del máximo tribunal del país en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) número 487 de abril del 2001, expediente número 00-1343, Caso: Glenda López vs Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), donde se indica que el Estado venezolano debe suministrar a todos sus ciudadanos con VIH inscritos debidamente en el IVSS el tratamiento antirretroviral (TAR), así como cubrir los exámenes médicos especializados y los medicamentos para enfermedades oportunistas.
La fuente mencionada, vinculada al Materno Infantil José María Vargas, en Valencia, estado Carabobo, destacó también:
“La criaturita desarrolló el SIDA en pocas semanas porque estaba ya débil cuando empezó a amamantarlo y así le transmitió el virus por la lactancia. Luego, no había antirretrovirales para él. Todos los pacientes con VIH estamos sujetos a los antirretrovirales que nos ofrece el Estado venezolano porque hay una Ley que determina que ellos son responsables de proveerlas. ¡No hay otra forma de adquirirlo! Sólo si cruzas la frontera”.
Los episodios recurrentes de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales y de fármacos para enfermedades oportunistas relacionadas con el Sida comenzaron en el año 2009, teniendo un pico gravísimo en la interrupción entre 2013 y 2014 y nuevamente desde principios del 2017 y hasta 2018. Este dato importante demuestra que no hay relación entre el desabastecimiento y las sanciones que se han ejecutado contra el sistema político venezolano.
Este riguroso testimonio da cuenta directa de lo que Izcaray asevera como el gran peligro que hoy representa la biopolítica venezolana. “Con el chavismo hay un criterio decisivo: somos todos igualmente mortales y eliminables, muertos vivientes, debido a que los individuos estamos sujetos por completo al poder soberano y despojados de toda dignidad y valor político”, expresó.
A consecuencia de esta situación, en 2018 se presentaron múltiples protestas en hospitales públicos, como es el caso del Hospital El Algodonal, en la ciudad de Caracas, donde los médicos aseguraron sentirse en total abandono por la cantidad de vidas perdidas por la falta de insumos y medicamentos.
Carlos De Goveia, del servicio de infectología de ese recinto, indicó que han muerto pacientes con VIH porque no hay antirretrovirales. Aseguró a los medios de comunicación en ese momento que “los pacientes llegan con cuadros muy complicados al hospital y lo máximo que se les puede ofrecer es acompañarlos a tener una muerte más digna, porque el trato digno que se le debe dar no se lo podemos brindar porque la infraestructura no da para más”.
Ante esta dramática realidad, se han hecho notar los esfuerzos de la sociedad civil. Para 2019 se realizó una donación de $5 millones por parte del Fondo Global para VIH, Tuberculosis y la Malaria, con el cual se logró comprar 100 mil frascos de medicamentos antirretrovirales para atender a 50 mil personas con VIH durante el primer trimestre del año y luego otra entrega para apoyar los próximos meses del año.
Sin embargo, este plan solo está contemplado para 50 mil personas, dejando por fuera del programa al menos a 16 mil, ya que, de acuerdo con la iniciativa, existen unas 66 mil personas con VIH registradas en el Programa Nacional de VIH/sida del Ministerio de Salud. Además, esto es producto de donaciones y no de políticas coordinadas por el Estado. De continuar así, al finalizar el programa se volverá a la crítica situación en la que se encontraban las personas con VIH durante el 2018, donde la falla de antirretrovirales fue prácticamente del 100%.
“En Venezuela se clausura toda posibilidad de vida en función de la muerte, perdiéndose particularidad y complejidad interna para reducirla a la simple materia biológica”, agregó Izcaray.
De igual modo, para la investigadora, esto es producto del desplazamiento de la libertad y la siembra del terror que impuso el chavismo, creando dependencia y teniendo intervención directa sobre la vida de los venezolanos.
“Otro ejemplo de ello son las cajas CLAP sin valor nutritivo, el proceso educativo como medio para ideologizar, el quiebre económico del país, la casi anulación de la nacionalidad al tener ciudadanos sin pasaporte ni cédula de identidad, la destrucción total del sistema de salud, el férreo control del mundo productivo del país. Y lo más alarmante y curioso: la escasez estructural de medicinas de alto costo para tratamiento de enfermedades crónicas como el VIH y el Cáncer”, añadió la socióloga.
Para 2018, solamente entre enero y abril, murieron 3 mil personas con VIH por enfermedades oportunistas relacionadas con el Sida, principalmente, por no tener acceso a los medicamentos, tanto antirretrovirales para evitar avanzar a la etapa Sida, como medicamentos para tratar las enfermedades. Eso implica un aumento de 8-9 muertes diarias de personas con VIH a 24-25 muertes diarias.
De acuerdo con el monitoreo hecho por la Organización Civil Acción Solidaria, solo 40 mil personas, es decir el 33% del total de las personas con VIH en el país, están recibiendo tratamiento. Esto quiere decir que unas 80 mil personas no tienen acceso a tratamiento antirretroviral.
También han señalado que las mujeres embarazadas no tienen acceso al antirretroviral Zidovudina en ampollas, debido a que no hay existencias en las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente estatal encargado de la distribución de los tratamientos. Esto se traduce en un aumento de casos de transmisión vertical del virus.
Además, la crisis alimentaria ha ocasionado que el 80% de las personas con VIH consultadas por la Red Venezolana de Gente Positiva en 21 estados de Venezuela manifiesten tener hambre.
En la actualidad, en el sistema público de salud sigue habiendo 100% de desabastecimiento de reactivos para practicarse exámenes médicos especializados, como cargas virales y CD4, mientras que en laboratorios privados como Blau, Inmuno21, Genomik y Byocell los precios varían entre 50 y 90 dólares, cuando el salario mínimo mensual en Venezuela es equivalente a 2,4 dólares.
“Crucé la frontera para salvar a mi hija que nacería con desnutrición”
La caraqueña Merichel Colina Vázquez, venezolana con 29 años de edad que residía en la parroquia Antímano, Carapita, sector La Gruta de Belén, tuvo una motivación importante para cruzar la frontera: su hija.
Su testimonio es la evidencia de lo que el Director del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela, Alexander Campos, advierte al referirse a los venezolanos que se están viendo obligados a cruzar las fronteras por la situación de un país que se va quedando sin referentes políticos y culturales a los cuales recurrir para ordenar el caos en la más básica posibilidad de vida.
Para Campos, el sistema actual de Nicolás Maduro “va dejando al venezolano sin las bases materiales necesarias para sostener y mantener una cultura que históricamente ha estado fundada en la relación afectiva matricentrada, porque el gran peligro es que el modo de vida que está siendo impuesto haga fallar a la cultura venezolana en lo que se constituye su centro y motor: la madredad”.
De ser así, lo que observa el experto venezolano indica que la consecuencia es que todo lo que dependa de este sistema, ya sea subjetivo, social y comunitario, estaría desapareciendo a la familia como estructura, y más cuando la madre no puede ser garantía si siquiera de la vida; y el padre no puede cumplir la función central que la cultura le tiene como destino: ser el proveedor, una fundamentación de la existencia del hombre latinoamericano.
Fue así que el pasado jueves 28 de enero de 2021, a las 3:00 pm, Merichel Colina desafió el miedo y emprendió su rumbo a El Vigía, estado Mérida, con un embarazo de ocho meses de alto riesgo y sus tres hijos varones: Bryhan (12), Fabián (9) e Ian (3). Juntos, avanzaron en un mismo objetivo: cruzar hacia Colombia y pedir ayuda.
A principios de enero, Merichel meditó en la decisión de irse a Colombia, todo esto por el deterioro económico, político, social y cultural en Venezuela, aunado a los estragos que ha generado la pandemia del Covid-19. Pero el impulso mayor fue el diagnóstico que le había indicado el médico acerca de su embarazo, pues el bebé presentaba un cuadro de desnutrición fetal y algunas complicaciones producto de una infección urinaria que adquirió durante el embarazo. Las condiciones de los hospitales no podían brindarle la atención óptima en los cuidados que iba a requerir el recién nacido.
Datos recientes de la Encuesta Nacional de Hospitales a finales de 2019 promedió un desabastecimiento de medicinas y suministros de 49% en las salas de emergencia y 32,5% para los pabellones. También se hizo notorio que el 96% de los servicios nutricionales y cocinas de los hospitales no cuentan con insumos alimenticios, ni capacidad para brindar fórmulas lácteas a niños recién nacidos.
Una amiga de Merichel le comentó que su salida a tanta miseria y desasosiego era cruzar la frontera y llegar hasta Colombia, pues le aseguró que los refugios le brindarían la protección que necesitaban sus hijos y el bebé que estaba por nacer.
Fue así como se las ingenió con 50 dólares que la madrina de sus hijos que emigró a Republica Dominicana le envió para ayudarla con los gastos de alimentación de ese mes. Ella prefirió darle un mejor uso y el miércoles 27 de enero preparó los bolsos porque al día siguiente iba a concretar el viaje lleno de riesgos y desafíos.
La mañana del jueves 28 de enero logró comprar tres pasajes, cada uno por 10 dólares, en una línea de transporte subsidiada por el Estado venezolano.
Según los datos revelados este 2021 por Encovi, 3 de cada 5 emigrantes envía ayudas en dinero a su hogar de origen y 57% de esos envíos se hacen 1 o 2 veces al mes, contribuyendo en alguna medida a la reactivación del consumo en los hogares perceptores. Principalmente, son transferencias electrónicas que se reciben en bolívares, en un 65%, y cuyo origen es una operación en divisas efectuada entre titulares de cuentas en el exterior. Por efecto de la pandemia, un 11% de las ayudas dejaron de llegar y 22% redujo la cantidad y frecuencia.
Al tener los pasajes en mano, Merichel les informó a sus hijos que la hora había llegado. Así fue como la mamá de Merichel, Marisol Vásquez, se dispuso a prepararle la logística para esta gran osadía.
Marisol, la mamá de Merichel, pidió 1 dólar prestado para comprar queso y así preparar 15 empanadas que servirían para el camino hacia Mérida, donde la joven se encontraría con una amiga que la recibiría en su casa, de modo de poder descansar y tomar fuerzas para cruzar hacia Colombia.
De los 20 dólares que le sobraron de los 50 dólares, usó 10 dólares para comprar pan y algunas golosinas de bajo costo para mantenerse en pie durante el trayecto que enfrentaría con sus tres hijos y su embarazo.
Los otros 10 dólares que sobraron los guardó para cualquier eventualidad en el camino. Además de sus esperanzas, era lo único que tenía en activo.
En sus bolsos llevaba las 15 empanadas de quesos hechas con la harina del CLAP “La reina arepa”, una tortilla que lograron hacer con tres huevos, medio kilo de arroz cocido y tres potes de agua de cuatro litros cada uno.
Durante el viaje, Merichel se tuvo que ir incomunicada, pues ni ella, ni su mamá tenían celular, y debían esperar a que el autobús la dejara en El Vigía, estado Mérida, y que allí la estuviera esperando la amiga que la llevaría hasta Coloncito, estado Táchira, para descansar antes de cruzar la frontera.
La abuela preocupada se ingenió una alternativa por si ocurría una eventualidad; fue así como preparó a su nieto mayor Bryhan para que se lograra comunicar.
Antes de montarlo al autobús le dio una hoja que tenía cinco números telefónicos ordenados de forma jerárquica entre familiares y vecinos de confianza, todo esto para que les avisara si a su mamá se le presentaba alguna emergencia en el viaje.
Así pasaron más de 24 horas en las que la abuela esperó angustiada la llamada que le anunciara que ya se encontraban con la amiga de Mérida. La llamada llegó y la mamá estuvo más tranquila, mientras Merichel y sus tres hijos fueron a descansar durante tres días.
Ya recuperada, decidieron cruzar el martes 02 de febrero la trocha de “Agua Clara” para llegar así a Colombia. Ya no contaba con comida, sino con los 10 dólares que atesoraba con recelo.
Al cruzar la frontera con la ayuda de la amiga que le dio cobijo los tres días, Merichel le comentó que se sentía mal, pero aun así tomó fuerzas ante la mirada angustiante de sus tres varones que transitaban por un camino desconocido lejos de su abuela, quien hasta hace días era su protectora incondicional, la gran madre.
La amiga que la ayudó a cruzar la frontera la llevó a un chequeo médico con una doctora colombiana, quien le brindó el apoyo para entrar a un refugio.
El miércoles 03 de febrero Merichel entró a un refugio formal y la llevaron a un chequeo en la Cruz Roja de Colombia, donde ella y su bebé se observaban en buen estado.
Cuando cumplía sus tres días en el refugio, el 05 de febrero, se le presentaron dolores de parto. Se le estaba adelantando un mes, todo producto de la presión y el trayecto a la que se expuso para alcanzar lo que se había fijado: salvarle la vida a su hija.
La llevaron de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, donde nació la niña prematura, y por los problemas que arrastraba fue entubada por unas dos semanas y sometida durante un mes en una incubadora para suministrarle tratamiento para sus pulmones.
Al pasar el mes y salir del peligro eminente en el que se encontraba la recién nacida, fue cuando por fin pudo estar en los brazos de su madre.
Encovi 2021, en su estudio sobre “Discontinuidad de la transición demográfica” en Venezuela, advirtió que las generaciones nacidas en el período de crisis 2015-2020 van a vivir menos años que quienes nacieron antes del 2000- 2005. Señaló que hay una pérdida de casi 3 años en la esperanza de vida.
Destacó que hay 340 mil nacimientos que no se produjeron en el territorio, debido a que migraron las potenciales madres.
Marisol Vázquez Urbina, venezolana, de 60 años de edad y madre de Merichel, confesó que no ha podido dormir bien desde que se fueron su hija y sus nietos. “No he podido dormir bien, es una angustia comunicarme porque no tengo celular y tengo que ir a casa de vecinos o hermanos que están fuera de la ciudad para comunicarme. He orado mucho para que Dios no los abandone mientras yo logro llegar”, dijo.
Con lágrimas y la voz quebrada, Marisol expresó: “Yo, como madre y abuela, me da dolor estar tan lejos de ellos. Y cuando los tenía acá no podía darles de comer”. Entre suspiros y silencio, Marisol contó cómo logró apelar a la solidaridad de una iglesia en Carapita para poder alimentar a sus nietos: “Conseguí ayuda con la gente de la iglesia y me le daban comida a los muchachitos, pero ya mi hija no lo soportaba”.
Según Encovi, de cada 4 hogares venezolanos en al menos 1 la inseguridad alimentaria es severa porque concurre la angustia por la falta de alimentos, con el hecho de que hay menos recursos para atender cantidad y calidad de la dieta.
Marisol contó que era la única con ingresos económicos en el hogar, y los mismos provienen de la pensión que en el momento en el que Merichel se fue eran 1.200.000 bolívares, equivalentes a 0.66 centavos de dólar.
La comida era basada en carbohidratos, pues aseguró que la pensión alcanzaba solo para un pedazo de queso. Marisol sostuvo que era muy raro cuando podía comprar dos mulos de pollos o un kilo de sardinas.
De nuevo, Encovi tiene una respuesta: los pobres tienen una alimentación basada en carbohidratos y el promedio nacional de calorías nos coloca en el límite de la pobreza biológica.
Marisol relató que en su hogar se sostiene con los suplementos alimenticios que el Estado suministra en las cajas CLAP.
“Con la pensión solo compro un pedazo de queso, porque de resto solo hay lo que viene en las cajas CLAP. Por eso mi hija tuvo una mala alimentación con el embarazo y los médicos se lo dijeron. Su barriga era muy pequeña, y es que Esperanza, mi nieta, no pesó más de dos kilos al nacer”, lamentó la abuela.
Mientras Merichel espera reencontrarse con su mamá, actualmente está vendiendo gelatinas en una plaza en San Luis, Cúcuta. Ella comentó que los transeúntes al comprarle gelatinas le dejan el vuelto compadeciéndose de los niños, quienes la acompañan en todo momento. En estos diez meses pudo ahorrar para comprar un celular para ella y su mamá, y así estar más comunicadas mientras llega el reencuentro. Merichel pretende ahora ir hasta Ecuador donde está una tía de su hijo, quien le ha asegurado ofrecerle una ocupación formal en un centro de costura.
El representante de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para el Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo González, dijo que al menos 5.000 venezolanos abandonan su país por día.
Los datos revelados por ACNUR indican que existen más de seis millones de refugiados y migrantes venezolanos en gran parte de Latinoamérica y Europa, esto como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa la nación suramericana y el conflicto territorial que grupos de orden criminal han propiciado en suelo venezolano.
El boletín número 28 de Fundaredes, publicado el 11 de febrero de 2021, evidencia cómo grupos irregulares compuestos por guerrilleros y paramilitares se han convertido en los grandes terratenientes en Venezuela, ocupando territorios para el “cultivo de drogas, pistas clandestina y desplazamiento de sus grupos”.
El Director Ejecutivo de Fundaredes, José Javier Tarazona, ha denunciado que los grupos criminales son diversos, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional Colombiana (ELN), las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), Combatiendo Vencedores (EPL), Los Paracos, Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Urabeños. En el informe presentado por Tarazona, estos grupos hacen presencia en 20 estados de los 23 que componen el territorio, todo con anuencia del Estado venezolano, siendo visto por especialistas en seguridad y defensa como un Estado criminal.
Actualmente, Javier Tarazona está detenido sin orden judicial, por los supuestos delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Tarazona fue apresado por funcionarios del mismo cuerpo de seguridad del Estado que él había denunciado.
Un paciente con la boca rota es obligado a esperar 18 horas por una sutura que demoró 10 minutos. En ese espacio de tiempo sufrido en el hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, un atado de situaciones ilustran el colapso del sistema de salud de Venezuela, un país extraño donde el sufrimiento de los más pobres es algo "normalizado" por una sociedad que rumia las miserias fomentadas en nombre de la patria, del socialismo y de Hugo Chávez
Los 70 mil pacientes registrados con la enfermedad sobreviven gracias a fármacos donados por el Fondo Global de la Organización Panamericana de la Salud y a algunos que pueden comprar las ONG's
En un discurso reñido con la realidad que viven millones de venezolanos, Nicolás Maduro describió ante la Asamblea de la ONU los supuestos logros del chavismo en derechos humanos, salud y derechos civiles y políticos. He aquí algunos datos que refutan la mentira oficial.
