A Bandres lo golpearon con un bate y le dieron patadas, incluso en los testículos. Lo asfixiaron con una bolsa, lo electrocutaron en diferentes partes blandas de su cuerpo incluyendo detrás de las orejas y en los testículos
Uno de los casos que posiblemente ha tenido menos repercusión mediática ha sido el de las detenciones que rodearon al llamado “levantamiento de Cotiza”, ocurrido en enero de 2019 y reseñado en el informe de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU. Este caso se presentó ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre de 2020.
La Misión, compuesta por tres reconocidos expertos y que tuvo una primera etapa de trabajo de un año a partir de septiembre de 2019, examinó el caso del arresto y detención de 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De este conjunto de hechos, decidieron reconstruir lo ocurrido con el sargento Luis Bandres Figueroa, quien actúo como vocero de los uniformados.
El 21 de enero de 2019, un grupo de al menos 24 oficiales de la GNB publicó un vídeo, filmado desde la base militar de San José de Cotiza en Caracas desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro.
Bandres aparecía rodeado de sus compañeros con este mensaje: “pueblo de Venezuela, aquí les habla el Sargento Mayor de Tercera Luis Alexander Bandres Figueroa de la GNB. Estoy al lado de mis guerreros de la GNB y pedimos el apoyo del pueblo de Venezuela… salgan a las calles, esto es lo que ustedes querían y aquí estamos”.
Los sargentos se enfrentaron rápidamente a una fuerza mucho más numerosa y combinada de unidades del SEBIN, DGCIM, FAES, GNB y PNB. Estos uniformados abrieron fuego. Los sargentos no dispararon y negociaron su rendición.
Ese mismo 21 de enero los familiares de los 24 sargentos perdieron contacto con ellos. Nadie les informaba del lugar al que fueron trasladados. Fueron llevados primero a Fuerte Tiuna y luego trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los oficiales de la DGCIM trataron de coaccionar al sargento Bandres Figueroa para que grabara un vídeo en el que se acusaba a Juan Guaidó, Julio Borges y María Corina Machado de financiar el levantamiento. Cuando éste se negó, los oficiales de la DGCIM lo desnudaron, le vendaron los ojos y lo aislaron en un cuarto oscuro.
A Bandres lo golpearon con un bate y le dieron patadas, incluso en los testículos. Lo asfixiaron con una bolsa, lo electrocutaron en diferentes partes blandas de su cuerpo incluyendo detrás de las orejas y en los testículos. Cuando el sargento Bandres se desmayó por la electrocución, le echaron agua en el cuerpo y lo electrocutaron de nuevo.
Debido a las torturas, el sargento se defecó. Los oficiales del DGCIM lo obligaron a comer sus propias heces fecales. Fue privado de agua y comida durante las primeras 48 horas de reclusión y se le dijo, para torturarlo psicológicamente, que su esposa e hijos también habían sido capturados y que estaban siendo torturados.
El sargento Bandres también fue objeto de violencia sexual, incluido un intento de violación con un palo de pico. Los demás sargentos detenidos fueron objeto de actos similares. La Misión examinó las declaraciones que hicieron a sus representantes legales y las denuncias presentadas al Ministerio Público, así como las declaraciones públicas hechas por sus familiares y abogados.
“Estuvimos esposados espalda con espalda, durante varios días y noches. Para poder comer tuvimos que tirarnos al suelo como perros” relató otro de los sargentos.
Cuando fue presentado ante el tribunal, Bandres Figueroa mostraba signos de tortura. Fue llevado con ropa sucia, lleno de excrementos y vómitos. Ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor público se dieron por enterados, ninguno pidió que se hiciera una investigación sobre lo que había ocurrido en la detención en la DGCIM.
Los sargentos fueron acusados de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales y ultraje a las Fuerzas Armadas.
El Estado venezolano, en sus diferentes ramas, hizo caso omiso de las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 28 de febrero en favor de Bandres y de los otros sargentos detenidos.
Enviado luego del juicio a Ramo Verde, allí estuvo durante 15 días en la celda de castigo llamada “El Tigrito”, sin que su familia conociera de su paradero.
A lo largo del tiempo, el sargento ha sufrido períodos de aislamiento, torturas, falta de contacto con su familia y toda una serie de tratos crueles y degradantes.
En marzo de 2020, el sargento Bandres fue trasladado a la cárcel de La Pica, en Monagas, colocando centenares de kilómetros de distancia entre el detenido y su familia. Su esposa optó por mudarse a Maturín para poder llevarle alimentación de forma frecuente.
Al momento en que se presentó el informe de la Misión, el sargento Bandres tenía largos meses sin poder recibir visitas de sus familiares en la cárcel de La Pica.
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