El mazo que sí golpea

Que un programa en la televisión oficial de Venezuela se llame Con el Mazo Dando, que su conductor sea el segundo hombre con más poder en Venezuela y que además ese espacio se dedique a denigrar y hacer señalamientos contra periodistas, políticos opositores y activistas de la sociedad civil, toda esa conjugación de factores difícilmente pasaría sin dejar consecuencias.

Es difícil imaginar que la estética, la idea de un mazo que va dando, es decir golpeando, y que un discurso recurrentemente agresivo con ataques verbales a disidentes, acompañado de señalamientos sobre presuntos delitos, no termine siendo otra cosa.

Ya se sospechaba que la actuación de varios organismos de seguridad, para detener a críticos del régimen, parecía ser en respuesta a lo que dice Diosdado Cabello cada miércoles en la noche por VTV. Ahora hay un estudio que muestra la correlación.

Durante más de un año, Amnistía Internacional trabajó en una investigación minuciosa que involucró a las ONG venezolanas Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Los resultados han sido contundentes y fueron difundidos este 10 de febrero por la sección regional, con sede en México, de la ONG internacional.

Básicamente hay suficiente documentación para sostener que existe coordinación entre los ataques y las campañas de descrédito y la privación de libertad por razones políticas, bajo el chavismo en Venezuela. Dado el control que tiene el régimen de Nicolás Maduro tanto sobre el aparato de comunicación oficial como sobre los cuerpos represivos, se alimenta el expediente en torno a la existencia de crímenes de lesa humanidad, que no son otra cosa que violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, ejecutadas con el aval del poder institucional.

El informe arrojó estos datos, entre otros. En 2019, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) alcanzó el 74%.

En 2020, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por fuerzas de seguridad adscritas a la Policía Nacional Bolivariana, incluidas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), alcanzó el 92%.

De enero a junio de 2021, entretanto, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por fuerzas de seguridad descentralizadas: Policía Nacional Bolivariana, FAES, cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), alcanzó el 92%.

Otro de los hallazgos significativos fue la alta correlación, de 94%, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo Con El Mazo Dando y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo en ese período. Definitivamente ese mazo, símbolo de que Cabello es hombre de poder en Venezuela, sí golpea.

Aunque Cabello no ostenta ningún cargo en el Poder Ejecutivo, dado que solamente es diputado a la Asamblea Nacional, sigue siendo considerado el número dos del chavismo. Conserva ascendencia sobre el estamento militar y un grupo importante de magistrados del TSJ que fueron designados en unas sesiones extemporáneas, bajo mecanismos irregulares, en diciembre de 2015, cuando Cabello era presidente del Parlamento. Por lo que se da por descontado que sigue teniendo una influencia determinante en este poder público, claramente cooptado por el chavismo.

“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instauradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos”, explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional”, afirmó.

Defensores venezolanos de derechos humanos saludaron el informe y adelantaron que el mismo deberán ser considerado como insumo por la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha dado un plazo al régimen de Maduro hasta el 16 de abril, para que éste presente alegatos, en contra de la investigación sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad, a partir de 2014, en Venezuela.

“Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos. Se usan tanto las declaraciones públicas, los medios de comunicación y redes sociales, tanto personales como institucionales”, sostuvo Marianna Romero, directora del CDJ.

Según la defensora, la investigación realizada deja en evidencia que esta estigmatización se aplica, por parte del chavismo, “bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”.

Efectivamente si se ven los programas de televisión de Cabello sobresale que su discurso y señalamientos se enmarcan en la tesis de que hay un enemigo interno, que ese enemigo es el que impide que la Revolución Bolivariana alcance su plena realización con bienestar para el pueblo, y que por tanto hay que neutralizar a tales enemigos que operan dentro del país, aliados a enemigos externos usuales: gobierno de Colombia, imperialismo de EEUU, etc.