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El poder militar impone su ideología en Venezuela

Cuando un militar en Venezuela agrede al presidente de la Asamblea Nacional o le impide el paso, no piensa que viola la Constitución y comete un grave delito. De acuerdo con la doctrina que se le ha impuesto, solo actúa en función de lo que considera la “defensa de la Patria” y de la revolución socialista

La gráfica que trascendió el 15 de enero de 2020, en la que un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana toma por la espalda, le rasga la chaqueta y frena violentamente el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino al Palacio Legislativo, demuestra que la institución militar en Venezuela dejó de ser un Ejército profesional, un organismo subordinado a las leyes de la República y al Poder Civil, para transformarse en un brazo político armado, al servicio de una parcialidad política e ideológica que no reconoce ninguna autoridad civil que esté fuera de esa superestructura que dirige al país desde hace 21 años.

Ese militar no considera que esté cometiendo un delito o actuando al margen de la Constitución Nacional. Como todas las nuevas generaciones de militares y oficiales de la FANB, formadas en la Academia Militar a partir del año 2003, o por las instrucciones recibidas en los cuarteles, fueron formados en una nueva doctrina en la que la institución militar es parte integrante del proceso revolucionario y está alineada a la nueva ideología política impuesta por Hugo Chávez desde que llegó al poder; consolidada luego de la depuración que se hizo en la institución armada a partir de 2003, con la que desapareció el militar profesional.

Por esa razón, quienes hoy dirigen la institución armada publican en sus cuentas personales en redes sociales, mensajes tales como “general de la República Bolivariana, irreversiblemente chavista y antiimperialista”. La mayor parte de los altos oficiales que hoy dirigen el poder armado han hecho sus estudios de Estado Mayor en Cuba y su tránsito en la nueva doctrina los ubica como líderes del brazo armado de la revolución.

En defensa de la Patria socialista

Los ataques armados que reciben los opositores, de parte de grupos civiles, llamados colectivos, protegidos en sus acciones por cuerpos policiales y por la Guardia Nacional Bolivariana, son las expresiones más violentas de ese mismo principio según el cual todo ciudadano que exprese o actúe fuera de la ideología chavista es un enemigo. Una agresión violenta en su contra es justificada desde las instancias de poder como una “reacción espontánea” de la población en contra de grupos que quieren desplazar a sus “líderes” del Gobierno.

De allí que el militar que disparó y asesinó a mansalva al joven manifestante David Vallenilla, desde la base aérea de La Carlota, el 22 de junio de 2017, no lo hizo pensando que es un asesino, sino que estaba defendiendo la revolución y a la organización militar que representa.

Lo ocurrido en la movilización política que encabezó el presidente Juan Guaidó el pasado domingo en una barriada de Barquisimeto, estado Lara, cuando la concentración fue atacada por colectivos en los que participaron altos funcionarios de entes gubernamentales de la región y resultaron varios ciudadanos heridos, entre ellos un joven de 16 años que recibió un disparo en la pierna, muestra una de las tantas caras que presenta esta nueva doctrina en la que las que el poder de las armas está al servicio de la corriente ideológica que controla al país.

En Venezuela no solo la FANB se transformó en un brazo armado de la revolución; al lado de ellas, las policías nacionales y regionales, con estructuras como las de las FAES, operan como un aparato político junto a la milicia y los civiles armados. Todo ello en función de sostener el poder político de esa parcialidad. Cuando un opositor llega a ser alcalde o gobernador en alguna región, a esa policía regional le es limitado el presupuesto, y suelen terminar intervenidas por el poder central.

Las acciones violentas del pasado sábado en Barquisimeto quedaron grabadas y registradas en las imágenes de los diversos usuarios y comunicadores que se encontraban en el lugar. Funcionarios de la gobernación y entes regionales, jefes de colectivos armados custodiados y protegidos por las FAES, estuvieron en los ataques; mientras, la GNB se mantuvo a distancia de los hechos dirigidos por estos grupos al servicio del partido oficialista.

Otro presidente atacado

Con un tono agresivo, prepotente y autoritario, el 28 de junio de 2017 el coronel Bladimir Lugo, quien comandaba la unidad militar de resguardo de la Asamblea, luego de desconocer la autoridad del presidente de la AN de aquel momento, Julio Borges, lo empujó y lo sacó de su oficina en el Parlamento. La discusión se presentó cuando, luego de que periodistas y diputados fuesen agredidos en los alrededores del Palacio Legislativo por guardias uniformados y colectivos chavistas, el presidente de la AN se dirigió a la oficina del militar a cargo a pedir una explicación, pero solo recibió insultos y fue sacado del recinto con un empujón.

El gesto agresivo del militar le facilitó su ascenso a general de brigada, y a los tres día de su agresión a Borges fue condecorado por Nicolás Maduro con la orden “Cruz de la Guardia Presidencial”. Este militar, desde el 16 de mayo de 2019, se desempeña como jefe del Comando Zona 11 de la GNB, antes conocida como Core 3, en el estado Zulia.

El general Lugo fue sancionado el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro, que congeló sus bienes junto a los de ocho funcionarios relacionados con la asamblea constituyente. El 30 de marzo de 2018, también fue sancionado por el gobierno de Panamá, por ser considerado de alto riesgo por “blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva», según reseña el portal Poderopedia.

Un año antes

En junio de 2016, las brigadas de choque del chavismo (colectivos) le partieron la cara al jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, Julio Borges, cuando unos 70 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática decidieron apostarse frente a la sede del ente electoral para exigir que sus autoridades informaran sobre el proceso revocatorio solicitado contra Maduro, contemplado en la Constitución. En aquel episodio intervino la GNB y trascendió que el general que comandaba la unidad militar dio la orden de atacar a los diputados. Para ese momento, la respuesta a la convocatoria del revocatorio tenía 40 días de retraso. Finalmente, el gobierno bloqueó e impidió su realización.

Ataques a Guaidó

Los ataques a Guaidó y a los diputados que lo respaldan ha sido constantes desde que el líder opositor asumió la presidencia de la AN en enero de 2019.

El martes 11 de febrero, cuando estaba está prevista la llegada del presidente de la AN e interino de la República, el gobierno de Maduro emprendió una serie de acciones para entorpecer el recibimiento que le harían los diputados en el aeropuerto de Maiquetía, tras su exitosa gira por Europa, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Comenzaron por cerrar la autopista Caracas-La Guaira y agredieron a parlamentarios, quienes tuvieron que abandonar sus transportes y trasladarse caminando hasta el aeropuerto. Pero al llegar al terminal aéreo se encontraron que piquetes de la GNB les impedían la entrada a las instalaciones; mientras que en los alrededores estaban los colectivos preparados para agredirlos junto con presuntos empleados de la línea aérea Conviasa y activistas del PSUV, quienes, en efecto, agredieron a periodistas, y parlamentarios. A un periodista agredido, a quien le robaron la cámara y el celular, al finalizar la paliza propinada, los agresores mostraron sus zapatos ante las cámaras como si se tratase de un “trofeo de guerra”.

De acuerdo con los reportes de las agencias de noticias, a la salida del terminal, el presidente de la AN, a quien el funcionario de migración le confiscó su cédula de identidad, fue atacado junto a su esposa por unas 200 personas del chavismo que se abalanzaron a su alrededor, hasta que el líder opositor logró abordar el vehículo que los trasladó a hasta Caracas.

Cada una de las apariciones de Guaidó en los recorridos en zonas populares son atacadas por grupos colectivos, bajo el resguardo y la protección de cuerpos de seguridad del Estado. Así ocurrió el 21 de septiembre de 2019 en el barrio El Guarataro, cuando el grupo que acompañaba al jefe del Parlamento fue agredido por bandas del gobierno de Maduro, en una acción similar a las que se registran en Cuba cada vez que sectores que protestan contra el gobierno de la isla intentan hacer algún evento público.

La gráfica que trascendió el 15 de enero de 2020, en la que el militar toma por el cuello al presidente de la AN para impedirle ingresar al Hemiciclo, fue un evento preparado y ordenado desde las altas autoridades del gobierno para impedir que se reeligiera la nueva directiva de la AN, que debía ratificar a Guaidó en la Presidencia.

Sobre aquellos hechos, Guaidó calificó el bloqueo militar como “una emboscada” en la que “la Fuerza Armada fue cómplice de los colectivos armados”. Al recordar lo ocurrido durante el intento de los diputados por llegar al Palacio Federal Legislativo, Guaidó relató que los agredieron con “objetos contundentes, disparos, los robaron. Hay un atentado no contra los parlamentarios sino contra los venezolanos. Queda develada la dictadura por este atentado. Es una dictadura brutal, salvaje (…) No fue que tomaron militarmente la Asamblea sino que lanzaron una emboscada contra diputados y periodistas. Es una estrategia de la dictadura, que queda develada, se exponen de manera brutal. La Fuerza Armada es cómplice de la emboscada a los parlamentarios”.