Economía

El Presupuesto 2017 en el país de los desacatos

El artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece claramente que: La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto.

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Asamblea Nacional
FOTO: EFE

Sin embargo, el Gobierno anunció que no enviará el Presupuesto a la Asamblea Nacional (AN) porque ésta se encuentra en desacato. Unos días antes, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, anunció que “No vamos a acatar ninguna decisión del TSJ, porque estaríamos violando nuestros propios derechos” al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró nulos los actos de la AN de incorporar a los diputados electos por el estado Amazonas.

Recordemos que a comienzos de año, el TSJ colonizado por quienes hasta hace poco eran funcionarios del Gobierno y conspicuos dirigentes del PSUV, desacató también la soberanía popular ejercida a través del voto y anuló la elección de los diputados indígenas del estado Amazonas, a pesar de que estos ya habían sido reconocidos y proclamados por el CNE.

En este torneo de desacatos, ahora el gobierno toma su turno para ignorar el mandato del artículo 313 de la CRBV que lo obliga a presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 a la AN y en sustitución convocará a un Congreso de la Patria para que sea esta plataforma del PSUV la que apruebe la Ley de Presupuesto. Al aprobar en una instancia írrita el Presupuesto 2017, el Gobierno evade el control legislativo que ordena la Constitución, agrava la opacidad en el manejo de los recursos públicos, propicia la concentración de poder que signa a toda dictadura y conculca la participación de la ciudadanía a través de los diputados que democráticamente eligieron para que la representaran en la AN.

En un Estado democrático, la administración financiera de la República se rige por el Presupuesto que apruebe el Poder Legislativo. Pero en este Estado cada vez más fallido en el que los poderes públicos no respetan la ley ni son capaces de cumplir sus funciones, cada quien apela a sus pretextos y subterfugios para desconocer el poder del otro.

Si el Poder Ejecutivo ejecuta un presupuesto que no fue aprobado por el Poder Legislativo, será un triunfo más de la arbitrariedad que patea una y otra vez el debilitado marco legal y entorno institucional del que cuelga lo que queda de democracia venezolana. Pero si el Gobierno pone por delante el interés nacional, tiene que presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 a la consideración de la AN para que sea ésta quien lo apruebe, tal como lo manda la Constitución. Tal como lo platea el Art 313 de la CRBV: Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado, a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuera rechazado por éste,  seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

La resistencia a rendir cuentas

Mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, en Venezuela se impone la opacidad que sirve de caldo de cultivo a la corrupción.

Si algo se le ha criticado al actual Gobierno es la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas sobre la administración de los fondos públicos. Una y otra vez se le ha solicitado transparencia sobre el destino y resultados de presupuestos anuales, créditos adicionales, así como los recursos del Fonden, Fondo Chino y otros fondos paralelos que se manejan con total discrecionalidad. Administrar tantos fondos sin control degeneró en un estímulo perverso a la corrupción, con casos que han estremecido a la opinión pública y que fueron denunciados incluso por exministros y altos funcionarios del propio Gobierno.

La resistencia del Gobierno a rendir cuentas a una AN controlada por la Oposición comenzó desde que se aprobó el primer Decreto de Emergencia Económica (DEE). En su texto quedo clara la intención del Gobierno de evadir el control parlamentario al “disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” y “asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuestos” sin autorización previa de la AN.

Rescatar la función del Presupuesto

El Presupuesto Nacional es una poderosa herramienta de planificación. Es a través de la asignación de fondos públicos que se concretan las prioridades de la acción gubernamental. De hecho, el artículo 313 de la CRBV antes citado plantea que:

Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal, y explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.

Las decisiones en materia presupuestaria repercuten en las condiciones de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, su presentación y aprobación debe estar guiada por los intereses supremos de la sociedad. En consecuencia, el presupuesto público se debe discutir en una instancia legítima en la que confluyan y puedan deliberar los representantes de todos los estados que conforman el país. Una vez lograda una visión compartida sobre las prioridades nacionales, la AN es el único poder autorizado por la CRBV para aprobar -con carácter de Ley- esa unidad de criterios que ayude a la coherencia de la acción gubernamental.

Pero en Venezuela, los actores políticos en lugar de deliberar y construir estos grandes consensos, apuestan a exterminarse y están llevando al país al desastre. Esta confrontación inútil mantiene al país en un círculo vicioso en el que el Gobierno rechaza las leyes que aprueba la AN y ésta rechaza los decretos que dicta el Gobierno. En lugar de sufrir esta paralizante confrontación de poderes, lo que el país está reclamando es un gran acuerdo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional para impulsar conjuntamente un Programa de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa Mínima para la Reactivación Económica.

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