Varios planes para abastecer de comida a los venezolanos, grandes sumas de dinero para financiar las importaciones y la incorporación de una gran cantidad de funcionarios en estos programas no han podido superar la ineficiencia en la estructura alimentaria del Estado.
Desde la creación de la Misión Alimentación en el año 2003 y hasta 2015, el gobierno ha dispuesto un total de 20.247 millones de dólares a través de diferentes vías de financiamiento provenientes de Pdvsa, La Casa, Fundaproal y créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.
Durante este período, se distribuyeron además 25 millones de toneladas de alimentos, la mayoría procedente de otros países.
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela llevó a cabo un trabajo de recopilación de la data relacionada con el sector alimentación, en el que retrata los intentos del Ejecutivo por abastecer a la población, pero los cuales se desvían de lo que debe significar un plan de política pública.
«Lamentablemente los programas puestos en marcha todos estos años, no forman parte de una política pública, es solo un programa social con fines asistencialistas», destacó Desirée González, socióloga, quien participó en la ejecución del informe.
En el documento destacan cuatro puntos de quiebre del programa alimentario estatal desde 2003, todas con sus correspondientes consecuencias. En primer lugar, destaca el estancamiento y debilitamiento de los planes, el cual generó toneladas de alimentos descompuestos y corrupción. Se recuerda el famoso caso de «Pudreval».
Se observó igualmente una segunda etapa en la misión con la reorganización y la aplicación del sistema biométrico de identificación (captahuellas) para la compra de productos básicos, lo que derivó en más coerción, un alza en la aprobación de las divisas para importar y más poder de ciertos grupos.
Mientras que un tercer punto de quiebre, caracterizó las nuevas formas de distribución de alimentos a través de los Consejos Populares de Abastecimiento y los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Como consecuencia, se llevó a cabo la integración de las empresas dedicadas al sector en un conglomerado, como un mecanismo que unifique las capacidades productivas y distributivas en un solo bloque.
Todo este engranaje ha generado la venta irregular de bienes de productos básicos, especialmente los sujetos a control de precios, cuya mayor irregularidad se observa en la aparición de los llamados «bachaqueros» y en el desvío por parte de funcionarios relacionados a la misión.
Las irregularidades fueron de tal magnitud, que el 18 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro se vio obligado a impulsar la «Operación ataque al gorgojo» con el objetivo de que todos los ciudadanos que incurran en los delitos de irregularidades en la venta y distribución de alimentos sean arrestados y puestos a la orden del Ministerio Público.
En esta operación fueron arrestados 55 trabajadores de la red pública de abastos, pero se desconoce si el plan continuó durante el transcurso del año.
En un tercer punto de quiebre, en el que Transparencia Venezuela sostiene caracterizó esta etapa, fue la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, en la cual existe una alta participación de funcionarios militares, mayores recursos y control.
El Comando para el Abastecimiento Soberano recibió durante el año 2016, un total de 247.754 millones de bolívares, de los cuales los mayores recursos fueron ejecutados por el Ministerio de la Defensa (Bs 153.087 millones), el Despacho para la Presidencia (Bs 26.917 millones), Ministerio de la Alimentación (Bs 23.000 millones) y el Ministerio de Industria y Comercio (Bs 15.663 millones).
Todos estos planes para abastecer de comida a los venezolanos, las altas sumas de dinero para financiar las importaciones y la incorporación de una gran cantidad de funcionarios no han podido superar la ineficiencia en la estructura alimentaria del Estado.
«Como organización tenemos algunas propuestas que pueden mejorar la Misión Alimentación, entre ellas, un reenfoque al programa para que sea dirigido a sectores más vulnerables; transparencia en los procesos de compra, contrataciones y convenios; descentralización a través de instituciones; disminución en la rotación de la cartera ministerial. Así como el establecimiento de mecanismos de contraloría», destacó González.
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