La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, citó el último informe del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social que indica que en lo que va de 2016 se han producido en el país 350 actos violentos por falta de comida.
La líder gremial pidió este martes a las autoridades soluciones a la problemática de los saqueos. «Tienen que abocarse a garantizar seguridad. El saqueo es vandalismo pero también es necesidad, y el gobierno debe atacar ambas problemáticas», subrayó durante una rueda de prensa.
Los recientes aumentos de precio no acabarán con la escasez que vive el país, pues en su opinión, la verdadera solución está en activar la producción nacional.
«¿Realmente hubo un análisis de la estructura de costos? ¿En cuánto estamos pagando un kilo de carne o un cartón de huevos hoy?», cuestionó Ramos.
Sostuvo que el gobierno no solucionará la crisis mientras continúe ocupándose de las consecuencias, en vez de las causas. «Todos los días tenemos fallas en la producción y eso, evidentemente, incide en la vida de los 30 millones de consumidores que viven en el país», dijo.
Para Ramos, el empobrecimiento en Venezuela no solo lo está viviendo el trabajador sino también el empresario. «Cada día vemos mermada nuestra producción, nuestros anaqueles. El tema en este país no es la distribución sino la producción», enfatizó.
Sobre la nueva empresa creada por el gobierno, Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. oficializada en la Gaceta Oficial 40.907, manifestó que el Estado venezolano debe dedicarse a lo que le compete y, a su juicio, no es precisamente ser empresario.
Por su parte, el presidente de la Comisión Jurídica y de Legislación de Consecomerio, Gustavo Sosa, sostuvo que es preocupante la extensión del decreto de emergencia económica debido a que, «lejos de favorecer el ambiente económico del país (…) restringe garantías constitucionales de derechos económicos importantes».
«Potencia la posibilidad de intervenir empresas, propiedades, inventarios y bienes, esto está expresamente prohibido en el artículo 115 de la Constitución que, establece que no es el Ejecutivo quien puede expropiar sino el Poder Judicial, mediante sentencia firme y pago previo de indemnización», explicó.
Dijo que todo ello no genera confianza ni promueve la inversión nacional o extranjera. «El decreto no tiene previsión constitucional, en primer lugar excede los 120 días establecidos en la Constitución, tampoco cumple con la ratificación de la Asamblea Nacional, un requisito sine qua non para que tenga validez», apuntó.
En ese sentido, puntualizó que el decreto está viciado de nulidad y que tanto el presidente de la República, como ministros y organismos policiales deben responder por los daños y perjuicios que se le puedan causar, en abierta violación de los derechos humanos, a los afectados por la aplicación del decreto.
El organismo gremial venezolano la denominó "Empresa de comercio del año"
Profranquicias recibió este reconocimiento por primera vez en 2013, luego en 2017 y ahora este 2023 y es una manera de respaldar su constancia, planificación estratégica integral y el trabajo en equipo en un contexto económico y empresarial como el de Venezuela
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